El Gobierno insiste en que no hubo «ningún informe» que alertara de la avalancha, mientras Robles no aclara si el CNI avisó y señala a Interior. Moncloa exime a Rabat y destituye a la funcionaria que informó del número de llegadas Leer El Gobierno insiste en que no hubo «ningún informe» que alertara de la avalancha, mientras Robles no aclara si el CNI avisó y señala a Interior. Moncloa exime a Rabat y destituye a la funcionaria que informó del número de llegadas Leer España // elmundo
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Que las mafias hicieron una lectura «interesada» de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe devolver en caliente a quienes entran irregularmente a nado. Más de 120 horas después de que una marea de unas 60.000 personas se dirigiera a Ceuta desde Marruecos, esa es la única explicación que ofrece Moncloa de por qué España sufrió un «ataque», el mayor en democracia, a su «integridad territorial», según Sánchez. Seis después de ese hito, lo que sobresalen son los silencios sobre Rabat, las divisiones en el Gobierno en el intento de eludir las culpas… Y la destitución, conocida ayer, de una funcionaria que dijo la verdad el viernes -el número de llegadas en esos momentos-, antes de comunicarla el Ministerio del Interior.
«Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia», expuso el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, el jueves a última hora de la tarde, en el que fue el primer posicionamiento del Gobierno sobre por qué se había producido tal avalancha de personas intentando cruzar a Ceuta. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ahondaría en esa tesis al día siguiente, ya desde la ciudad autónoma, y añadiendo el matiz de que eran las mafias las que habían alentado un efecto llamada aprovechando la laguna legal que abría la sentencia del Supremo. De ese argumentario no se ha salido nadie del Gobierno en los últimos días, evitando explicar qué otras cosas pudieron fallar, y cómo: desde la información que tuvieran que proporcionar los servicios de inteligencia españoles hasta el papel que pudiera jugar Marruecos.
Lo hizo primero Sánchez, el mismo viernes, cuando se centró en ensalzar la buena «interlocución» con Rabat durante la crisis para evitar aclarar cómo es posible que no advirtiera de la marea de personas que se dirigía a la frontera. Y Albares, ayer, cinco días después, se mantuvo en esa tesis. Antes lo hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que solo se emplazó a una «evaluación» futura con el país vecino, mientras que el delegado del Gobierno en Ceuta esquivó la cuestión. Solo Robles ayer pidió a Rabat que «llegue hasta el final para saber lo que pasó».
En todo caso, por no señalar a Marruecos, el Ejecutivo se ha visto sumido en un choque interno sobre el otro punto al que todas las miradas se dirigen en busca de explicaciones a cómo pudo suceder: los servicios de inteligencia nacionales. Interior los puso en entredicho cuando Marlaska, el sábado, sostuvo que no existió «ningún informe de que una situación como la del día 30 hubiera podido surgir». Y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, insistió en ese sentido ayer: «No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta». Preguntada en TVE si eso significa que Inteligencia falló, esquivó la respuesta y solo repitió que «no se conocía la magnitud de esta situación».
Con el foco sobre sí, la ministra de Defensa, departamento del que depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), evitó ayer aclarar si este organismo avisó antes de que 60.000 personas cruzaran la frontera en Ceuta. Se limitó a defender el trabajo de quienes se dedican a tareas de inteligencia, y solo entró ligeramente al choque con Interior cuando recordó que hay «servicios de información» que también dependen de esa cartera. En todo caso, sin reconocer que ninguno de ellos pudiera haber fallado si realmente no avisó: «Realizan un trabajo excepcional. No me van a pillar a mí en ninguna discusión».
Y así, preguntada por quién es el responsable de que la «integridad territorial» de España fuera «atacada», la ministra Robles volvió a exponer la única tesis que ha dado por buena el Gobierno: «Quien organiza, por medio de las mafias; quien engaña a las personas; quien les dice que van a entrar irregularmente. Esos son los responsables».
Bajo este marco, cinco días después de la mayor entrada irregular a España en medio siglo -precisamente, desde la Marcha Verde marroquí para ocupar el Sáhara-, el Ejecutivo esquiva explicar qué falló y cómo pudo fallar, y sigue sin haber responsables más allá de las «mafias».
En estas 120 horas, eso sí, un cese en el plano gubernamental: Moncloa ha apartado a una funcionaria del departamento de Seguridad Nacional, informa Efe, que publicó el pasado viernes los datos que manejaba Interior sobre el número de llegadas que se habían contabilizado en Ceuta. Reveló, y luego eliminó, esos datos horas antes de que el Gobierno hiciera públicas las mismas cifras, de una dimensión que sigue sin tener una explicación.
Marruecos alertó a España días antes de la crisis en Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación, señaló este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añadió: la gestión migratoria es «una responsabilidad compartida».
Esa fuente no estaría afirmando que se alertase de una avalancha como la vivida, sino del riesgo que existía tras la sentencia del TS, en la medida que vetaba las ‘devoluciones en caliente’ de quienen llegan a nado. «Marruecos asume sus responsabilidades (…). Es un compromiso, no un discurso. (…) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje», dijo la fuente en una cita con agencias internacionales, en respuesta al señalamiento de Von der Leyen sobre la «presión» de Rabat sobre España.
