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Las agresiones sexuales desde la entrada masiva del pasado 30 de julio en Ceuta ascienden hasta ayer a 10, siendo cinco de ellas violaciones -agresiones sexuales con penetración-, según los datos recabados por EL MUNDO de fuentes policiales y judiciales. Todas las víctimas conocidas son migrantes y entre ellas hay menores de edad.
Tres niñas acudieron en las últimas horas al Hospital Universitario acompañadas por sus monitoras. Son menores acogidas en centros dependientes de la ciudad y fueron trasladadas para ser examinadas tras relatar que habían sufrido agresiones sexuales. No lograron identificar a los presuntos autores ni pudieron determinar su nacionalidad. Según sus testimonios, eran personas desconocidas a las que habían visto por la ciudad y cuya indumentaria asociaron con la de algunos de los llegados en la avalancha. No hicieron referencia a personas de origen subsahariano y la posibilidad de que fueran marroquíes responde a la percepción de las menores, no a una identificación de la policía.
Las denuncias comenzaron a conocerse en los primeros días de agosto, cuando el Hospital Universitario atendió a varias menores migrantes y se activaron los protocolos sanitarios y policiales. En algunos casos ya ha actuado la Justicia y, de hecho, el Tribunal Superior de Andalucía informó la semana pasada de tres procedimientos contra migrantes marroquíes, en dos casos contra menores. Dos investigados ya ingresaron en prisión y un tercero fue expulsado a Marruecos.
Hasta ayer, las fuentes consultadas por EL MUNDO no tienen constancia de ninguna denuncia por violación de una mujer, adolescente o niña ceutí atribuida a personas llegadas durante las entradas del 30-31 de julio. Un dato que contrasta con las varias informaciones y mensajes en redes sociales que, en los últimos días, elevaban el número de supuestas violaciones, con mujeres de la ciudad autónoma como víctimas. Los casos documentados serían los 10 reseñados, cinco de ellos por violación.
El otro foco informativo polémico tiene que ver con los supuestos migrantes que entraron en Ceuta con antecedentes por terrorismo. Las fuentes policiales consultadas por EL MUNDO explican que durante la crisis han sido expulsadas dos personas que tenían en vigor la prohibición de entrada en España por causas vinculadas al yihadismo. En concreto, por su vinculación a procesos de radicalización. Pero esas mismas fuentes desmienten que hayan sido detenidas ahora por terrorismo o que se les atribuya la preparación de un posible atentado en la ciudad de Ceuta.
Una de estas personas fue localizada en el mar por la Guardia Civil y la segunda fue identificada por la Policía Nacional. Cuando los agentes comprobaron sus identidades constataron que ambos tenían prohibido regresar a España y se actuó para hacer efectivas las medidas de expulsión que pesaban sobre ellos.
Una fuente policial explica a EL MUNDO que una prohibición de entrada puede derivarse de una resolución judicial, pero también de una decisión administrativa adoptada conforme a la legislación de extranjería por motivos relacionados con la seguridad del Estado. En este último supuesto no es necesario que la persona haya cometido un atentado. Un ciudadano extranjero puede ser expulsado y tener posteriormente prohibida su entrada en España por antecedentes relacionados con procesos de radicalización. Si vuelve a territorio español mientras esa prohibición continúa vigente y es identificado, se procede de nuevo contra él, como es el caso de las dos personas citadas.
Fuentes oficiales de la Guardia Civil niegan, por último, haber informado de la detención en El Tarajal de un supuesto yihadista. El Instituto Armado recuerda que el control de pasaportes y la comprobación de prohibiciones de entrada en la frontera corresponden a la Policía Nacional. Igualmente, la Guardia Civil se desvincula de cualquier dato sobre casos de agresión o abuso sexual, ya que no es tampoco su competencia.
