El caso de las dos exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron haber sufrido abusos mientras trabajaban en las residencias del cantante ha llegado a Naciones Unidas. La ONG Women’s Link ha presentado un comunicado urgente ante seis mecanismos especiales de la ONU para solicitar su intervención y reclamar medidas de protección para las denunciantes ante el “temor a represalias”.
La ONG reclama la adopción de “medidas urgentes de protección” después de que las mujeres hayan manifestado su temor a sufrir represalias a raíz de las acciones judiciales emprendidas en 2021
El caso de las dos exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron haber sufrido abusos mientras trabajaban en las residencias del cantante ha llegado a Naciones Unidas. La ONG Women’s Link ha presentado un comunicado urgente ante seis mecanismos especiales de la ONU para solicitar su intervención y reclamar medidas de protección para las denunciantes ante el “temor a represalias”.
La iniciativa se produce después de que las dos mujeres, que utilizan los nombres ficticios de Rebeca y Laura, presentaran el pasado 3 de septiembre una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español. Women’s Link, organización que acompaña y representa a ambas en el procedimiento, ha trasladado ahora el caso al organismo internacional ante su preocupación por la respuesta de las autoridades españolas.
A través del escrito, la organización ha expresado su “preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados” y solicita a los relatores que pidan explicaciones al Gobierno sobre las medidas que adoptará para garantizar una “investigación efectiva e independiente”. La organización reclama también que el procedimiento sea abordado desde una “perspectiva de género interseccional”.
medidas urgentes de protección para las denunciantes
Uno de los principales argumentos de la petición se centra en la seguridad de las dos denunciantes, sus familias y los posibles testigos. La ONG reclama la adopción de “medidas urgentes de protección” después de que las mujeres hayan manifestado su temor a sufrir represalias a raíz de las acciones judiciales emprendidas.
En este contexto, Women’s Link sostiene que “la gravedad de los hechos denunciados, la posición de poder económico y social del querellado, así como la actual falta de protección del Estado” agravan la vulnerabilidad de las mujeres. Ambas denunciaron haber sufrido abusos en 2021 mientras trabajaban en las residencias que el cantante posee en Bahamas y República Dominicana.
La organización amplía además el foco del caso y advierte de un problema “estructural” en el acceso a la justicia de las mujeres migrantes empleadas del hogar. A su juicio, circunstancias relacionadas con la situación migratoria, racial o económica de las trabajadoras no pueden convertirse en obstáculos para acudir a los tribunales ni impedir que sus denuncias sean investigadas con la debida diligencia.
Denuncia infructuosa
La nueva actuación llega después de un primer intento de que los hechos fueran investigados en España. El pasado 5 de enero, las trabajadoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, aunque el procedimiento fue archivado el 23 de enero al considerar el Ministerio Público que la justicia española carecía de jurisdicción para investigar unos hechos presuntamente cometidos en el extranjero.
Precisamente sobre esta cuestión se pronunció la semana pasada el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, después de conocerse la presentación de la nueva querella. El letrado aseguró a Europa Press que la defensa no tenía “noticia formal” de su interposición y recordó la decisión adoptada anteriormente por la Fiscalía. “En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más”, señaló.
En contraposición, Women’s Link sostiene que existen precedentes internacionales que exigen extremar la diligencia en este tipo de casos. La organización recuerda que España ya ha sido cuestionada por deficiencias en la protección e investigación de la violencia contra las mujeres, como ocurrió en 2014 con el caso de Ángela González Carreño y, más recientemente, en 2024, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al país por las carencias en la investigación del ‘caso T.V. c. España’.
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