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Ya había dinamita almacenada. Carga explosiva. Peligro. Señales de cuidado. La decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de quienes habían obtenido la nacionalidad española gracias a las facilidades de la conocida como ley de nietos -en realidad es la ley de Memoria Democrática de octubre de 2022- ha detonado los cartuchos. En La Moncloa y en Ferraz hay un gran malestar que no se oculta. Ministros como Óscar López u Óscar Puente, así como la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ponen en cuestión la «imparcialidad» de algunos jueces, aquellos que se pronuncian de manera contraria a los intereses u opinión del Ejecutivo, a los que llegan a calificar de «jueces salvapatrias» o «lobos solitarios».
Es difícil recoger en el termómetro el grado de enfado. El listón está muy alto, se acumula en el tiempo y provoca un choque sostenido en el tiempo entre Gobierno y Justicia. Cruce de reproches mutuos. Unos cuestionando algunas decisiones; otros pidiendo respeto a esas decisiones y que cese el cuestionamiento, como se apreció en los discursos de las altas instancias judiciales en la apertura del año judicial. Las banderas blancas son agujereadas.
Para el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la decisión del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ es una «salvajada» y «atropello democrático», yendo más allá al considerar que hay jueces que «se empeñan en tumbar al Gobierno» y «que son salvapatrias». Incluso, ha llegado a asegurar en una entrevista en TVE: «Hay lobos solitarios que atienden la llamada de Aznar«. El término de «lobo solitario» suele emplearse para designar a terroristas que actúan en solitario, siguendo, eso sí, unas órdenes o directrices.
Esta idea ha sido secundada por Ferraz. «Yo no lo diré con sus palabras, pero tenemos ojos en la cara y estamos viendo lo que estamos viendo», ha corroborado Montse Mínguez, portavoz socialista, tras la reunión de la dirección socialista. «A la Justicia le pedimos independencia, pero la independencia no significa inmunidad y la Justicia debería aparentar al menos ser independiente. El ponente -de la decisión del Supremo que suspende la ley de nietos dijo que prefería que Feijóo fuera presidente y así empezar a derogar leyes sanchistas».
Es este flanco el que usan los socialistas para poner en cuestión la actuación de Antonio Narváez. Para Óscar Puente, ministro de Transportes, el Tribunal Supremo ha causado «perplejidad en el ámbito jurídico» y refuta su tesis de que «hay un sector de la Judicatura que quiere hacer política» para que PP y Vox lleguen al gobierno. Éste ha compartido la reflexión de su colega de gabinete, López, hablando de «salvapatrias» que «tienen esa vocación de salvar a España» de no sé se sabe «muy bien qué». Puente y López suelen ejercer de portavoces del Gobierno para señalar aquellos posicionamientos que no puede pronunciar Pedro Sánchez. Esta estrategia también la emplean con la jueza María Tardón, que investiga la crisis de Ceuta, y que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
Para Puente, además, el Supremo no es el competente para conocer nada relacionado con la ley ni con la instrucción que luego la desarrolló», pero emite «un veredicto en forma de medida cautelar suspendiendo un derecho fundamental contra una instrucción y una ley» que «no ha sido recurrida en tiempo y forma». «El voto es sagrado, cuelga de la nacionalidad y nos preocupa mucho que el Supremo diga que teme que afecte ‘al resultado electoral deseado por los españoles’. ¿Pero cuál es ese resultado? Nadie lo sabe. Se tendrá que votar», ha argumentado Mínguez.
Entre los socialistas existe ya una sensación más o menos generalizada de que hay causas judiciales que avanzan más rápido que otras, en referencia a que las que les afectan cogen vuelo antes mientras otras que pueden afectar al PP «envejecen». Y esa sensación de «persecución» que se alienta desde Moncloa y Ferraz es algo que sí cala entre sus bases, en un contexto de debilidad por la gestión de la crisis en Ceuta.
