Habían sido prohibidas temporalmente tras el incidente de la semana pasada en Lens, en el que un estudiante perdió la mano al intentar volverla a lanzar contra los agentes Leer Habían sido prohibidas temporalmente tras el incidente de la semana pasada en Lens, en el que un estudiante perdió la mano al intentar volverla a lanzar contra los agentes Leer
Los policías antidisturbios podrán volver a usar las polémicas granadas aturdidoras en las más de 500 manifestaciones previstas en Francia el 17 de octubre «si se producen actos de violencia grave en las grandes ciudades», según advirtió el ministro de Interior, Laurent Nuñez, reunido el martes con los prefectos de todo el país ante la jornada crítica de las protestas estudiantiles y el anunciado retorno de los «chalecos amarillos»
Las granadas aturdidoras (que emiten un fuerte sonido que altera el sentido de la orientación) habían sido prohibidas temporalmente tras el incidente de la semana pasada en Lens, en el que un estudiante perdió la mano al intentar volverla a lanzar contra la policía. Nuñez anunció su suspensión horas después de una reunión urgente convocada por el presidente Emmanuel Macron, que pidió «ética y proporcionalidad» ante las protestas estudiantiles.
«Los policías y gendarmes podrán utilizar el conjunto de armas intermedias a su disposición», declaró Nuñez a la cadena France 2, en respuesta a las críticas por la represión policial en la manifestaciones. «Y eso incluye desde las granadas lacrimógenas al lanzador de pelotas de defensa (LBD) en un contexto de extrema dificultad, cuando la situación deriva en violencia urbana o disturbios».
El uso abusivo en las manifestaciones del lanzador de pelotas de goma, al que se la atribuye la pérdida de un ojo de un estudiante, ha sido también cuestionado por grupos de derechos humanos que han criticado la «represión policial», con más de más 9.000 detenidos y un millar de heridos en las últimas tres semanas (930 policías, 147 profesores y directores de institutos y más de un centenar de estudiantes).
«Esto ya no parece un movimiento estudiantil, sino más bien un movimiento de violencia urbana», declaró por su parte el jueves el primer ministro Sébastian Lecornu, que aseguró que 200 de los 3.700 institutos del país registran «episodios de violencia persistente a manos muchas veces de personas ajenas a los centros».
«Hay que distinguir claramente entre la violencia urbana y las reivindicaciones legítimas», recalcó Lecornu. «Ya ven que, últimamente, nos resulta difícil celebrar una manifestación en este país sin que se infiltren grupos violentos, especialmente de extrema izquierda y, en ocasiones, de extrema derecha».
El sindicato de policías Alliance ha decidido entre tanto denunciar al Gobierno «por poner en peligro de la vida de terceros». «Tras la empatía mostrada hacia los manifestantes y el enfoque constructivo del jefe del Estado, ahora nos econcontramos con instrucciones vagas, órdenes contradictorias y retórica vacía», denunció el sindicato policial en un comunicado. «Sobre el terreno, la realidad es muy diferente: los agentes quedan aislados, traicionados y abandonados, expuestos a la violencia y a las represalias».
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