La detención de un periodista japonés acusado de espionaje en Moscú llega después de las revelaciones sobre cómo agentes del Kremlin aprovecharon las grietas de seguridad de Tokio para conseguir tecnología destinada a sus misiles y drones Leer La detención de un periodista japonés acusado de espionaje en Moscú llega después de las revelaciones sobre cómo agentes del Kremlin aprovecharon las grietas de seguridad de Tokio para conseguir tecnología destinada a sus misiles y drones Leer
Tres hombres encapuchados, vestidos de negro y armados, irrumpen en una habitación y reducen a un hombre contra el suelo. Le colocan unas esposas y, poco después, lo trasladan hasta un avión. El protagonista de este vídeo, difundido por los servicios secretos rusos, es Yuki Imai, un periodista japonés del diario Hokkaido Shimbun que cubría desde la isla rusa de Sajalín las relaciones entre dos vecinos enfrentados desde hace décadas. El Kremlin lo acusa de espionaje.
Según las autoridades rusas, Imai recopilaba información sobre las capacidades defensivas de Moscú y los soldados movilizados para combatir en Ucrania. Tokio rechaza las acusaciones y ha presentado una protesta diplomática. El corresponsal, trasladado este mes a la prisión moscovita de Lefortovo, podría enfrentarse a una condena de hasta 20 años de cárcel.
La detención recuerda al caso de Evan Gershkovich, el reportero estadounidense del Wall Street Journal encarcelado por espionaje en Rusia en 2023 y liberado al año siguiente en un gran intercambio de presos. El episodio abre un nuevo frente diplomático entre Moscú y Tokio, precisamente cuando Japón intenta cerrar las puertas por las que los espías rusos han entrado y salido durante años con relativa facilidad.
Mientras Moscú denuncia supuestas actividades clandestinas japonesas, sus propios agentes han convertido Tokio en un importante centro de operaciones para abastecer la maquinaria bélica de Vladimir Putin. Una investigación publicada este verano por el New York Times reveló cómo Rusia llevaba años aprovechando las grietas del sistema de seguridad nipón para establecer una red dedicada a obtener componentes tecnológicos que después terminaban instalados en misiles y drones utilizados contra Ucrania.
Algunos agentes operaban bajo cobertura diplomática; otros se ocultaban detrás de empresas comerciales. Su misión no consistía únicamente en recopilar secretos militares. También debían conseguir tecnología de doble uso (componentes con aplicaciones tanto civiles como militares) mediante rutas comerciales diseñadas para esquivar las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. Los suministros recorrían un laberinto de empresas y países, pasando por lugares como Vietnam, Uzbekistán o Sri Lanka antes de alcanzar territorio ruso.
Uno de los protagonistas de esta trama era Maksim Vladimirovich Filchenkov, un ruso de 49 años que aparentemente trabajaba para Aeroflot, la aerolínea estatal rusa, en Tokio. Según la investigación del diario estadounidense, en realidad era un oficial de la inteligencia militar rusa encargado de coordinar la adquisición clandestina de tecnología. Filchenkov abandonó Japón después de que el NYT revelara su identidad.
Preguntadas por las actividades de la inteligencia rusa, fuentes del Gobierno japonés consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo está trabajando para reforzar las capacidades del país y responder con mayor eficacia a las amenazas del espionaje extranjero. Los funcionarios reconocen la preocupación que han provocado las revelaciones sobre las redes rusas, especialmente por una circunstancia inquietante: componentes fabricados por empresas japonesas estaban apareciendo en armamento ruso empleado contra ciudades ucranianas. La sofisticación de la industria tecnológica japonesa, uno de los pilares de su fortaleza económica, se ha convertido al mismo tiempo en un atractivo objetivo para los servicios secretos extranjeros.
Los funcionarios evitan precisar qué actuaciones concretas está adoptando Tokio para frenar las redes rusas y qué papel desempeñará en esa tarea la nueva estructura de inteligencia que presentó hace un par de meses la primera ministra conservadora Sanae Takaichi, quien decidió reformar un aparato de inteligencia diseñado en buena medida durante la Guerra Fría.
La nueva Oficina Nacional de Inteligencia, con una plantilla prevista de unos 700 funcionarios, pretende centralizar información que hasta ahora estaba dispersa entre policías, militares, diplomáticos y distintos ministerios. El objetivo es mejorar la coordinación, acelerar el intercambio de datos y proporcionar al Ejecutivo una visión más completa de las amenazas exteriores. «Este es el primer paso de la reforma de inteligencia», defendió Takaichi ante el Parlamento nipón.
La líder nipona pretende ir más lejos. Entre sus siguientes objetivos figuran impulsar una legislación específica contra el espionaje y estudiar la creación de un servicio de inteligencia exterior comparable a la CIA estadounidense o al MI6 británico. Sería un cambio de gran calado para un país cuya arquitectura de seguridad ha estado marcada durante décadas por las restricciones y recelos surgidos tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial.
Pero la reforma también ha despertado críticas. Sus detractores temen que el fortalecimiento de los servicios secretos termine ampliando las facultades de vigilancia del Estado sin suficientes mecanismos de supervisión parlamentaria. La discusión refleja uno de los grandes dilemas que afronta Japón: cómo dotarse de herramientas para combatir amenazas cada vez más sofisticadas sin sacrificar las garantías democráticas que han definido su sistema político durante la posguerra.
El desafío actual tampoco se limita al espionaje tecnológico. Un comandante de las Fuerzas de Autodefensa de Japón explica a EL MUNDO que Moscú ha intensificado su actividad militar en las proximidades del archipiélago japonés, con operaciones aéreas y navales que alimentan la inquietud de Tokio. Rusia anunció este mes ejercicios aéreos con fuego real sobre Etorofu, una de las islas del archipiélago de las Kuriles del Sur cuya soberanía se disputan ambos países.
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