El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) lleva ante la jueza la filtración de las grabaciones y UGT prepara su denuncia Leer El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) lleva ante la jueza la filtración de las grabaciones y UGT prepara su denuncia Leer
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Varias organizaciones sindicales han abierto un frente judicial por la filtración parcial de las conversaciones que se produjeron entre los maquinistas y el centro de control de Adif en los minutos previos a la tragedia de Urda. El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ya ha presentado un escrito en el juzgado encargado de investigar el accidente y el Sector Federal Ferroviario de UGT está preparando su denuncia. Ninguna otra organización ha dado el paso formal por ahora, pero fuentes consultadas por EL MUNDO en distintos sindicatos de ámbito sectorial y estatal avanzan que «se están estudiando todas las circunstancias» y «analizando todas las posibilidades legales».
En el escrito dirigido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) y presentado en el marco de las diligencias previas, SCF pone formalmente en conocimiento del órgano judicial la difusión de las comunicaciones mantenidas entre el personal de conducción y el centro de control ferroviario y reclama la adopción de medidas para esclarecer cómo han llegado esas grabaciones a los medios de comunicación.
La organización sindical sostiene que las conversaciones difundidas contienen información que, por sus características, debería encontrarse bajo custodia oficial. En concreto, señala que «dichas comunicaciones presentan un grado de detalle que permite afirmar que proceden de registros o soportes sometidos a custodia oficial, bien en el marco de la investigación judicial, bien en el de investigaciones técnicas o administrativas conexas».
El sindicato solicita expresamente a la jueza «la apertura de las diligencias que resulten procedentes a fin de esclarecer el origen de la filtración», así como depurar las responsabilidades que pudieran derivarse y adoptar medidas para evitar nuevas filtraciones durante la instrucción. La organización invoca el artículo 417.1 del Código Penal, que contempla penas de multa e inhabilitación para las autoridades o funcionarios que revelen información conocida por razón de su cargo y que no deba divulgarse.
Además, denuncia que las grabaciones se han difundido «sin anonimización suficiente, permitiendo la identificación indirecta del personal afectado y exponiendo su actuación profesional en un contexto de máxima presión emocional y operativa», y advierte de que su utilización en el debate público está propiciando «interpretaciones valorativas y conclusiones anticipadas» antes de que termine la investigación judicial.
A esta iniciativa se ha sumado también UGT, que ha anunciado que «denunciará judicialmente las filtraciones» de las conversaciones entre los trabajadores ferroviarios tras el accidente. El Sector Federal Ferroviario del sindicato considera «intolerable que se produzcan filtraciones de conversaciones confidenciales y protegidas relativas al ámbito laboral» y exige esclarecer su origen y depurar responsabilidades para evitar que condicionen la investigación.
La organización carga, además, contra los intentos de atribuir responsabilidades a los empleados: «Y mucho menos vamos a aceptar que se busquen culpables entre las personas trabajadoras para desviar la atención y eludir las responsabilidades de quienes tienen encomendada la dirección y gestión de nuestras empresas». Así, UGT reclama responsabilidades al más alto nivel en Adif y Renfe y anuncia la convocatoria de movilizaciones y jornadas de huelga en el sector ferroviario.
El frente judicial se abre después de que salieran a la luz los audios de las conversaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas de los trenes de Renfe e Iryo implicados en la colisión. Las grabaciones revelan que, tras producirse una incidencia en el sistema de seguridad LZB, desde el puesto de mando se transmitieron instrucciones para desconectar y volver a conectar el sistema y reanudar la circulación con marcha normal. Todo ello en medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que pocas horas después del accidente señaló directamente al trabajador del centro de control, provocando una oleada de críticas.
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