Un vuelco electoral el martes abocaría a Estados Unidos a un gobierno dividido durante el resto del mandato Leer Un vuelco electoral el martes abocaría a Estados Unidos a un gobierno dividido durante el resto del mandato Leer
Nos acercamos a una fecha clave en el calendario político de Estados Unidos: las elecciones de medio mandato. Una cita imprescindible el próximo 3 de noviembre que decidirá qué partido controla el Congreso y Senado norteamericanos en lo que queda de Presidencia de Donald Trump. Y aunque un cambio de mayoría podría alterar de forma sustancial el marco de actuación de la Casa Blanca, el efecto más duradero de las midterms residirá en la relación que establezcan entre la Presidencia y los poderes llamados a supervisarla. De ese equilibrio depende una parte esencial de la fortaleza institucional de Estados Unidos en los próximos años.
Los márgenes son muy estrechos para los republicanos que cuentan con 218 escaños frente a 214 de los demócratas en la Cámara de Representantes, y con 53 frente a 47 en el Senado. Los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños en la Cámara de Representantes y de cuatro en el Senado para hacerse con el control de ambas cámaras. De darse ese vuelco Estados Unidos entrará en una etapa de Gobierno dividido. El presupuesto, el techo de deuda y las grandes leyes exigirán negociaciones mucho más complejas, y el Congreso podría abrir un nuevo proceso de impeachment a Donald Trump. Una eventual destitución requeriría el respaldo de dos tercios de los senadores lo cual la hace improbable pero el mero proceso arrastraría consecuencias políticas. En todo caso, e incluso ante un Legislativo ampliamente adverso, Trump mantendría una capacidad considerable para orientar la acción exterior y dirigir las agencias federales.
Es justo, por lo tanto, decir que lo que está en juego en estas elecciones es algo incluso más relevante que el despliegue de esta o aquella iniciativa por parte de la Casa Blanca. En realidad, lo que se está sometiendo a una votación en estas midterms es una forma específica de entender la Presidencia de Estados Unidos, su autonomía y su esencia. Esto es así por lo menos en dos dimensiones.
La primera hace referencia a la capacidad del presidente de actuar y decidir cuestiones de fondo sin refrendo legislativo. Un dato reseñable, es que, desde enero de 2025, Trump ha firmado 292 órdenes ejecutivas, superando en menos de dos años las 220 de su primer mandato, o los 276 de los ocho años de Obama o 291 de otros ocho años de George W. Bush. Esta cifra refleja una Presidencia que ha recurrido de forma intensa a decretos, proclamaciones e instrucciones administrativas para impulsar su programa. Estos decretos han incluido los de aranceles, otros que han afectado al sistema universitario americano, al régimen de visados, o a la política migratoria.
Los tribunales han intervenido en múltiples ocasiones para precisar los límites de esas competencias presidenciales. Un ejemplo relevante fue la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el uso de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles generales. Otros jueces federales han examinado las restricciones dirigidas a estudiantes extranjeros de Harvard y las tasas aplicadas a determinadas solicitudes de visados H-1B. Son dosieres distintos, pero todos comparten una misma cuestión de fondo: hasta dónde puede llegar el presidente cuando actúa sobre competencias que la Constitución atribuye al Congreso o que este le ha delegado.
La segunda dimensión constitucional de estas midterms es la que las conecta con el debate en torno a los intereses económicos de la familia presidencial. Está siendo este debate un asunto central de la campaña y son muchos los candidatos demócratas, como, por ejemplo, el senador Ossoff, los que han puesto el foco en los negocios vinculados a criptoactivos, o los acuerdos con gobiernos y empresas extranjeras que parecen beneficiar a familiares del presidente. Las declaraciones financieras del propio Trump recogen, por ejemplo, más de 21.000 operaciones bursátiles durante 2025, una cifra de magnitud superior a la de sus predecesores. Por su lado, la Casa Blanca y las empresas afectadas han rechazado las acusaciones de irregularidad y sostienen que sus actividades se ajustan a la ley, de forma que corresponderá a las instituciones aclarar los hechos con garantías y transparencia. Lo que es innegable es que esta cuestión está siendo central en la campaña, y va a determinar buena parte del voto y del margen de maniobra que se entiende tiene el presidente y su familia cercana en la gestión de negocios privados.
Las elecciones del día 3 de noviembre, por lo tanto, tienen un cierto carácter constituyente y pueden marcar un antes y un después no solo en el término de Donald Trump, sino también en la propia comprensión de la Presidencia estadounidense, los límites de su poder y la ética y transparencia de aquellos que la ocupen.
* Manuel Muñiz es rector de IE University en Madrid.
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