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Muchos esconden una llave de la casa en algún lugar por si olvidan la habitual, aunque presuman de memoria. También dejan un empleo cuando ya tienen firmado el siguiente o se saben tres caminos al trabajo por si el principal está cortado por obras. Tener alternativas es tener libertad. Elegir entre dos cosas solo es posible mientras existen las dos. Con los pagos pasa igual. Podemos pagar con tarjeta, con el móvil o con un billete, según la prisa, el importe o lo que tengamos a mano. Esa libertad se discute ahora en Bruselas, bajo el llamado legal tender, que significa de curso legal en español y que se aplicaría definitivamente a billetes y monedas. Eso implica que el efectivo es un medio que hay que aceptar por su valor completo para un pago. Pero a ese tender le vendría mejor la firmeza que la ternura de Elvis.
Desde 2023 se tramita un reglamento para que ese estatus de plena aceptación se cumpla en la práctica. La negociación ha llegado a finales de 2026 a su momento álgido y, si deja demasiadas puertas abiertas y la medición en manos de cada Estado, podría salir un curso legal descafeinado o aguado, precisamente cuando otro de los principales argumentos para su existencia, la resiliencia económica, tiene especial importancia.
Cuando llega la catástrofe, la variedad se convierte en refugio. El 28 de abril de 2025, con la península ibérica a oscuras, algunos comercios pasaron a cobrar solo en billetes porque era lo que había disponible. Pocos días después, bancos centrales de varios países, entre ellos el BCE, recomendaban conservar efectivo y la capacidad de aceptarlo para cubrir un fallo corto, ya sea energético, cibernético o polifacético. La resiliencia es solo una razón. Pagar en efectivo es elegir el dinero del banco central en forma física. Poder elegirlo es una libertad que tiene su propio valor, con apagón o riada. Es además un medio analógico no contaminado por los riesgos crecientes de la esfera digital, donde otros pagos son, en todo caso, absolutamente necesarios. Además, para quien no tiene móvil, ni cuenta, ni cobertura, es una seguridad básica. Escribo esto a favor de lo digital, y también del euro digital. Un buen sistema de pagos debe tener caminos que lleven al mismo sitio y cada uno sirve de respaldo a las demás. Un mundo de una sola opción, con una sola voz, un solo modelo de inteligencia artificial y una sola manera de pagar, sería monocorde, frágil y bastante aburrido.
En este punto, las excepciones que se discuten y traspiran a los medios de comunicación merecen atención. Parece que pueden quedar fuera de la obligación de la aceptación del efectivo los pagos a distancia y se consideraría también el rechazo por motivos legítimos y de buena fe, por pacto previo de otro medio de pago o en puntos de venta sin personal. El motivo legítimo es un concepto demasiado abierto.
Y está la medición. Los textos prevén que los Estados garanticen un acceso efectivo al efectivo en todo su territorio, también fuera de las ciudades, y el Parlamento propone añadir las regiones ultraperiféricas y las poco pobladas. Una obligación así vale lo que valgan los indicadores con que se mide y evalúa el sistema. Quien cruza a pie un río que de media tiene un metro de profundidad puede ahogarse en el tramo de tres. Con la media nacional pasa igual, y por eso el desglose territorial importa tanto. Un derecho que no se puede medir se queda en sentimiento.
El legislador precisa indicadores comunes y obligatorios con desglose territorial, excepciones acotadas con la carga de la prueba en quien rechaza, datos públicos cada año sobre dónde están los puntos de acceso y cuánta gente queda lejos de ellos y una autoridad a la que reclamar de verdad. Las alternativas no se cuentan hasta que se pierde la otra, y con el efectivo conviene contarlas antes.
Francisco Rodríguez Fernández es Catedrático de Economía de la UGR y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas
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