El Gobierno laborista anuncia la suspensión del trámite de reunificación familiar de los refugiados en respuesta al plan migratorio del ultraderechista Nigel Farage Leer El Gobierno laborista anuncia la suspensión del trámite de reunificación familiar de los refugiados en respuesta al plan migratorio del ultraderechista Nigel Farage Leer
Cambios de forma y de fondo en el nuevo curso parlamentario. El primer ministro británico, Keir Starmer, se ha centrado en la lucha contra la inmigración irregular y la gestión del sistema de asilo en su retorno oficial a Downing Street este lunes, tras un desastroso primer año de Gobierno y un verano de protestas de filo xenófobo y ultranacionalista en distintas ciudades del Reino Unido. «Comprendo la inquietud de la gente», ha afirmado el mandatario laborista en una entrevista con la emisora 5 de la BBC, al tiempo que ha reprochado a la oposición de caldear el ambiente con «ideas fantasiosas que no van a funcionar».
Las manifestaciones se han concentrado frente a hoteles privados donde el Gobierno acomoda a solicitantes de asilo mientras Inmigración tramita los respectivos casos. Los hospedados tienen libertad de movimiento, pero no se les permite trabajar y reciben una subvención mínima estatal.
Miembros de Reform UK, el partido minoritario del populista Nigel Farage que barre en los sondeos de intención de voto en los últimos meses con un discurso antiinmigración y ultranacionalista, han participado en las protestas y la dirigente conservadora, Kemi Badenoch, alienta a las autoridades municipales a desafiar al Ejecutivo central en los Tribunales de Justicia con el fin de forzar el cierre de los hoteles. Ambas formaciones acusan a los laboristas de «priorizar» los derechos de los refugiados por encima de las reivindicaciones de la población británica.
En su intervención en la BBC, Starmer cargó expresamente contra Farage, diputado con escaño en Westminster desde julio de 2024. El también ex europarlamentario, que sitúa el control de las fronteras británicas entre las asignaturas pendientes del Brexit, práctica una punzante retórica que equipara migrante con criminal y, en sus discursos públicos, no distingue entre migración legal y los solicitantes de asilo llegados en barcas neumáticas a través del Canal de la Mancha.
La última propuesta del populista dirigente, amigo y discípulo del presidente Donald Trump, incluye la deportación masiva de extranjeros residentes en el Reino Unido sin la debida documentación a sus países de origen, incluidos Afganistán, Irán o Yemen. También promete encarcelar en instalaciones militares u otros no identificados centros de detención a toda persona que cruce la frontera británica por una ruta ilegal. El irregular detectado será deportado y vetado del país para siempre, según explicó días atrás. En una rectificación posterior, Farage excluyó a mujeres y niñas de las listas iniciales de repatriados que un Ejecutivo de Reform UK negociaría con el régimen talibán una vez asegurada la entrada en Downing Street.
«Nigel Farage y Reform [UK] no son más que la política del agravio. Se alimentan de agravio. No desean que se resuelvan los problemas porque, una vez resueltos, se quedan sin una razón para seguir existiendo. La política del agravio solo ofrece ideas fantasiosas impracticables que no van a funcionar», condenó el premier laborista en su intervención radiofónica.
Starmer retoma el curso parlamentario con una victoria judicial, que permitió abortar el cierre de un hotel de refugiados en el epicentro de las protestas. El triunfo se considera pírrico o, cuanto menos, técnico. La población sigue dividida sobre la recepción de inmigrantes -se organizan contramanifestaciones por cada protesta local- y el pulso legal ha dejado al descubierto un flanco que explotan las derecha tradicional y ultranacionalista. «Parece que al Gobierno le preocupan más los derechos de los inmigrantes que los de nuestros ciudadanos. ¡Qué vergüenza!», clamó en el Parlamento el responsable tory de Interior, Chris Philp.
Anad Menon, catedrático de Política Europa y Asuntos Exteriores en el King’s College London, advierte la propagación de una «incendiaria yuxtaposición de musulmán y migrante con violador e ilegal» en el discurso político, junto con la creciente tendencia a distinguir al «nacido en el Reino Unido» y al «no británico». «Parece que el racismo manifiesto es de nuevo aceptable», ha escrito en una columna del dominical The Observer sobre un ambiente sin precedentes desde los años 60 o 70 del siglo pasado.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, subrayó la intención del Gobierno de excluir del sistema de asilo a cualquier «agresor sexual» en una comparecencia parlamentaria sobre migración este lunes. La medida se contempla en un proyecto de ley aún en trámite parlamentario y da respuesta a casos de violaciones o abusos sexuales presuntamente cometidos por migrantes en los últimos años.
En su declaración en la Cámara de los Comunes, Cooper ha dado contenido al plan de choque laborista contra el avance de Farage y sus tropas reaccionarias. Reafirmó el objetivo gubernamental de reformar el sistema de asilo y cerrar «para siempre» los hoteles de refugiados antes de 2030, asegurando al mismo tiempo rutas de entrada y acogida para ucranianos, ciudadanos de Hong Kong o estudiantes de Gaza. «Pero todo el sistema ha de ser controlado y gestionado adecuadamente, de forma que se respeten y apliquen las normas y que sea el Gobierno, no las bandas criminales, el que decida quién viene al Reino Unido», ha declarado en Westminster.
Entre las medidas con efecto inmediato, la ministra ha anunciado la suspensión del mecanismo de reunificación familiar de refugiados, que abarca al cónyuge y los hijos del solicitante de asilo. En contrapartida, las familias separadas tendrán prioridad en el llamado protocolo del «uno dentro, uno fuera» acordado por Londres y París en una prueba piloto de intercambio de migrantes. El mecanismo se estrenará este mes, según ha indicado Cooper.
La ministra ha confirmado, además, que se impondrá una más restringida interpretación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, incorporada al canon legal británico hace más de dos décadas, que se refiere a la vida familiar de una persona. Habrá también nueva legislación para acortar y limitar las vías de apelación de decisiones de asilo a fin de evitar atascos en el sistema y eliminar muchos de los 32.000 solicitantes que residen actualmente en un hotel.
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