Europa lleva años diagnosticándose, lo que falta es la voluntad de desmontar una maquinaria regulatoria que se alimenta a sí misma Leer Europa lleva años diagnosticándose, lo que falta es la voluntad de desmontar una maquinaria regulatoria que se alimenta a sí misma Leer
En Parque Jurásico, los velocirraptores detectaban cualquier movimiento y se lanzaban a por él. Los reguladores europeos funcionan de manera parecida. Basta con que una industria crezca o con que una tecnología despunte para que Bruselas elabore una directiva, un reglamento o un marco de supervisión. El problema no es que se regule. El problema es que se regula todo, se regula rápido y se regula mal.
Los líderes europeos se han reunido en el castillo belga de Alden Biesen para discutir, una vez más, la competitividad europea. El diagnóstico es demoledor: según un informe de Deloitte, el 83% de los indicadores clave de competitividad están estancados o han empeorado en dos años. El gas industrial cuesta 4,6 veces más que en Estados Unidos. La electricidad, 2,4 veces más que en China. Y la proporción de empresas que consideran la regulación un obstáculo importante ha aumentado un 42% en cuatro años.
El canciller alemán Friedrich Merz pronunció en Davos unas palabras que ningún líder europeo se había atrevido a decir con tanta claridad: Europa se ha convertido en la campeona mundial de la sobrerregulación. Es el mismo mensaje del informe Draghi, pero con un peso político infinitamente mayor.
Como ha escrito el economista Luis Garicano, el sistema institucional europeo está diseñado para producir legislación en cantidades industriales. Entre 2019 y 2024, la UE aprobó unos 13.000 actos legislativos —unas siete normas al día— frente a los 3.500 del Congreso de Estados Unidos. El motivo es que todos los actores del sistema tienen incentivos para legislar y ninguno para frenar. La Comisión expande competencias con cada nueva ley. Los ponentes parlamentarios construyen su carrera cerrando expedientes. Las presidencias rotatorias quieren mostrar resultados en seis meses. El resultado es una máquina de producir normas que nadie tiene interés en apagar.
Las consecuencias son cuantificables. Más del 60% de las empresas europeas consideran la regulación un obstáculo a la inversión. BusinessEurope ha identificado 68 cargas regulatorias concretas en 11 áreas distintas, y en solo 13 piezas legislativas encontró 169 solapamientos, de los cuales un tercio imponía requisitos distintos y un 10% eran directamente contradictorios. La directiva de reporting de sostenibilidad obliga a informar sobre unos 1.200 indicadores; solo en Alemania, su implementación cuesta 1.600 millones anuales. Y todo esto sin contar el GDPR, el AI Act o las normas de emisiones que están cerrando fábricas de automóviles en Europa para que importemos coches de China, donde el 60% de la electricidad se produce con carbón.
Ante este panorama, la respuesta que se discute en Bruselas resulta casi paródica: cláusulas Buy European. Obligar a comprar productos europeos para compensar que nuestras empresas no pueden competir. Es la lógica del proteccionismo como parche a un problema de asfixia regulatoria interna. Si dejásemos de ahogar a nuestras empresas con burocracia, no necesitaríamos privilegios artificiales para que sobreviviesen. La mejor política industrial no es proteger de la competencia, sino dejar de estrangular a quien intenta competir.
España debería estar liderando este debate. Según el índice de calidad regulatoria del Banco Mundial, ocupa el puesto 20 de 27 en la UE. Sin embargo, lejos de protagonizar la agenda de simplificación, el Gobierno prefiere quejarse de no haber sido invitado a la reunión previa que organizaron Alemania, Italia y Bélgica con otros 19 Estados miembros para coordinar propuestas concretas de desregulación.
Europa lleva años diagnosticándose. El informe Draghi, el informe Letta, las cumbres de competitividad. El diagnóstico está hecho y rehecho. Lo que falta es la voluntad de desmontar una maquinaria regulatoria que se alimenta a sí misma. Mientras tanto, los velocirraptores siguen cazando, y cada vez queda menos presa.
Santiago Calvo es doctor en Economía y profesor en la Universidad de las Hespérides.
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