La desclasificación total de los documentos del golpe de Estado comenzó en noviembre: la ministra de Defensa «no quería» y mostró muchas «reticencias», pero al final cedió Leer La desclasificación total de los documentos del golpe de Estado comenzó en noviembre: la ministra de Defensa «no quería» y mostró muchas «reticencias», pero al final cedió Leer España // elmundo
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El pasado 20 de noviembre, Pedro Sánchez acudió al estreno, en la Sala Constitucional del Congreso, de la serie Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez, basada en la novela homónima de Javier Cercas sobre el 23-F. En el acto, el escritor le hizo una petición directa al presidente: «Por favor, desclasifique todo lo que haya, hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe, porque la verdad la sabemos».
A Sánchez le sonó bien. Digirió la idea durante unas horas, la aceptó y encargó a su equipo eso mismo, literalmente: «Saquémoslo todo para que nadie lo malinterprete». O sea, para «matar los bulos». Comenzó entonces una operación para recopilar los documentos clasificados más relevantes del 23-F, uno a uno. Porque lo primero que hay que aclarar es que los papeles secretos del golpe de Tejero no se encuentran unificados, «en un cajón», sino que están desperdigados por los ministerios y las instituciones concernidas. También el CNI (entonces, CESID), con el que ha habido una estrecha colaboración en estos tres meses.
Pero no todos estaban a favor de la desclasificación total. En el seno del propio Consejo de Ministros brotaron «reticencias»: las de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Así lo confirman a EL MUNDO diversas fuentes gubernamentales. La ministra rechazaba el mal uso que se pudiera dar de la nueva información. Aseguró que se iba «a sacar de contexto», según las fuentes, y trató de limitar al máximo la aportación de su departamento.
«También hay otros ministros que vieron esto como una oportunidad», detallan en Moncloa. Los más activos han sido el de Exteriores, José Manuel Albares; el del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el de Presidencia, Félix Bolaños. «Pero Defensa fue el más reticente». Robles arguyó, además, que «el grueso de los documentos secretos de Defensa y el CESID ya se había desclasificado en el juicio».
La ministra de Defensa es la única que puso trabas: «Con ella nos ha costado un poco más. Hay que entender que Defensa es el Ejército. Pero finalmente lo ha hecho».
Conviene recordar que Robles ya se enfrentó a Bolaños por la Ley de Información Clasificada, que busca establecer un límite máximo, precisamente, de 45 años para la desclasificación automática de documentos de «alto secreto». Y que no se ha aprobado aún porque el PSOE no para de prorrogarla. «Robles no quiere que esta ley salga y tampoco quería la desclasificación total» del 23-F, asegura otra destacada socialista.
Diversos miembros del Gobierno coinciden en que el «patrón» de verso suelto de Robles «no es nuevo», pero se ha acentuado en los dos últimos años. Y la acusan de «zancadillear» a sus «compañeros» para marcar perfil. «Sobre todo, desde el cambio de Gobierno, cuando salieron Nadia Calviño y Teresa Ribera, que la contenían». «Le gusta ir a su bola, pero siempre se coordina con nosotros», zanjan en Moncloa.
También hay quejas de ministras y ministros socialistas sobre Robles a cuenta de las declaraciones que hizo la semana pasada sobre Marlaska, tras el escándalo sexual del máximo jefe de la Policía Nacional, José Ángel González. «Todos defendiendo la verdad: que Marlaska se enteró el día que todo se hizo público, y ella diciendo lo que le dio la gana», le afean los suyos. La titular de Defensa apeló a la mejora de los protocolos y no respaldó de manera «cerrada» a Marlaska. En conversación con este diario, una ministra le afea «pisarle la manguera» a su compañero «una vez más».
Por lo demás, Moncloa rebaja las expectativas que han despertado los 153 documentos que se van a conocer este miércoles por la tarde: «No hay nada que vaya a cambiar la historia», inciden las fuentes. Aunque, según ha sabido este diario, sí que se van a conocer novedades con cierto impacto informativo, que resucitarán viejos debates.
Por ejemplo, se conocerá un testimonio que asegura que Juan Carlos I pidió, presuntamente, que las condenas a los golpistas no fueran muy altas. Pero aún no hay pruebas de eso. Y las penas del Supremo a Milans del Bosch, Tejero y Armada fueron las máximas: 30 años.
No habrá nada que cambie el relato del 23-F, «pero el secesionismo y una parte de la izquierda seguirán insistiendo en la tesis golpista de que el Rey estaba detrás, porque saben que eso ayudaría a tumbar la Monarquía», resume Cercas en conversación con este diario.
El sumario se guarda en la cámara acorazada del Tribunal Supremo
¿Qué vamos a conocer en la tarde de hoy? Hablamos de miles de páginas nuevas, pero también de fotografías y transcripciones de conversaciones grabadas a los protagonistas del 23-F. Fuentes oficiales aseguran que los ministerios y el CNI han entregado todos los informes, pero en ningún momento se requirió el sumario del juicio, por la sencilla razón de que «no es secreto» gubernamental. Se custodia en la cámara acorazada del Tribunal Supremo y contiene todo lo que ya se conoció durante el juicio, que fue público y estuvo lleno de periodistas. Y se puede acceder a él.
Cercas ayudó a Moncloa: «El negocio del bulo no cesará»
El Gobierno consultó al escritor Javier Cercas, autor del libro más importante sobre el 23-F, para que asesorara sobre los papeles del golpe que faltan por conocerse. Él insistió en sacar «todo» a la luz, porque no iba a haber nada que cambiase la interpretación «esencial» de aquel día. «Esto es un gran paso, pero no acabará con la industria de los bulos y las bolas del 23-F, que es un negocio en el que participan periodistas e incluso historiadores», asegura Cercas a este diario. «Sólo se lo pondrá más difícil, pero el negocio del bulo no cesará», remata.
