Anticorrupción considera que resultaron perjudicadas por la malversación de casi 44.000 euros que supuso colocar a Jéssica Rodríguez en ambas sociedades Leer Anticorrupción considera que resultaron perjudicadas por la malversación de casi 44.000 euros que supuso colocar a Jéssica Rodríguez en ambas sociedades Leer España // elmundo
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El Tribunal Supremo quiere saber si las empresas públicas Ineco y Tragsatec quieren personarse en el juicio por el caso Koldo y reclamar compensaciones económicas a José Luis Ábalos y Koldo García.
Las dos mercantiles estatales fueron empleadas por el entonces ministro de Transportes para colocar a su entonces novia Jéssica Rodríguez, a la que la trama investigada también sufragó un piso de lujo en la Torre de Madrid. El favor a la joven estudiante de odontología no se limitó a colocarla en las empresas públicas. El tráfico de influencias fue un paso más allá y, según la Fiscalía Anticorrupción, alcanzó el delito de malversación de fondos públicos, puesto que Jéssica Rodríguez no tuvo que ir siquiera a trabajar.
Ni en Ineco inicialmente ni luego en Tragsatec desempeñó tarea alguna, pese a lo cual recibió 43.978 de dinero público. Lo que hace el tribunal que juzgará al ex ministro es preguntar a las dos empresas si quieren reclamar ese dinero que desembolsaron a cambio de nada entre 2019 y 2021.
Las gestiones para colocar a la novia de su jefe corrieron a cargo de su entonces asesor y mano derecha, Koldo García. En primer lugar, le consiguió un contrato en Ineco, una sociedad especializada en ingeniería y consultoría dependiente de Adif. Por tanto, del Ministerio de Transportes.
Según un informe de la UCO, los cruces de mensajes intervenidos «permiten apuntar que Koldo se prevalió de su relación con Ábalos para que [la entonces presidenta de Adif] Isabel Pardo de Vera hiciera efectiva la contratación de Jéssica en Ineco. Una petición que habría dimanado del entonces ministro, con quien Jéssica mantenía una relación en ese momento». Cuanto testificó ante el Supremo, la mujer reconoció que no había ido nunca a trabajar.
Cuando no fue posible renovar su contrato en Ineco, Koldo García maniobró para colocarla en Tragsatec, centrada en labores de ingeniería en ámbito del desarrollo rural. Se trata de una filial de Tragsa, integrada en la Sepi y dependiente del Ministerio de Agricultura.
Así pues, sociedades dependientes del ministro de Trasportes, Óscar Puente; y del de Agricultura, Luis Planas, tendrán que responder al Supremo si quieren plaza en el juicio para reclamar fondos a los dos acusados, «en la medida en que pudieran considerarse perjudicadas por el delito de malversación».
El paso dado por el Supremo responde a la propuesta formulada por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la vista preliminar del juicio celebrada el pasado12 de febrero.
Por otra parte, el tribunal ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y a la acusación popular unificada para que se pronuncien sobre la última petición de puesta en libertad solicitada por Ábalos y su ex asesor.
