Los socialistas, pese a la presión de Sumar, ERC o Bildu apuestan por ayudas quirúrgicas a los «sectores más expuestos» Leer Los socialistas, pese a la presión de Sumar, ERC o Bildu apuestan por ayudas quirúrgicas a los «sectores más expuestos» Leer España // elmundo
Pronto. Tarde. O en hora. Todo depende. Para la oposición y algunos socios, el Gobierno va con retraso en la aplicación de medidas para paliar el alza de precios provocado por la guerra en Irán. Para el Gobierno va a tiempo, sino con celeridad, porque, dicen, con el conflicto en Ucrania aprobaron el primer paquete un mes después de su inicio y ahora lo harán este viernes, 20 días después de que se desatara el conflicto en Oriente Próximo. Ese primer paquete de ayudas, explican fuentes del Gobierno, contendrá «medidas perimetradas y dirigidas a los sectores con afectación». Entre los que, salvo cambios de última hora, el Ejecutivo no considera que esté la vivienda.
Frente a la exigencia de sus socios de gobernabilidad, empezando por Sumar -también ERC, Bildu, BNG…-, de incluir en el paquete de ayudas al menos la prórroga de la congelación de los contratos de alquiler o el tope a los precios, los ministerios económicos del PSOE no prevén que esté incluido. Al menos en este primer paquete, porque no se descarta que haya más, en función de lo que dure la guerra y las consecuencias económicas que genere.
Moncloa apuesta por un paquete quirúrgico, «proporcionado y flexible», con el foco puesto en los sectores que más acusan ya el alza de precios y sin la ambición que se planteó en las primeras propuestas a raíz del conflicto en Ucrania. «Lecciones aprendidas», dicen en el Ejecutivo. Los ministros socialistas del área económica llevan días reuniéndose con los sectores que consideran afectados. Unos encuentros donde no ha figurado el sector de la vivienda. Los más «expuestos» son, a juicio de los socialistas transporte, logística, el campo, la pesca o las industrias más intensivas en el uso de la energía. Y en el informe que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, presentó ayer a sus compañeros del Consejo de Ministros abordaba el alza del precio del crudo, la electricidad, el gas, los fertilizantes o los carburantes, pero no la vivienda.
Creen en La Moncloa que el problema de la Vivienda es algo estructural, pero que el alza de precios no es consecuencia ni obedece al estallido de la guerra. «¿Cómo que la vivienda no tiene que ver con la guerra? La vivienda es el primer problema social. No puedes no llevar medidas en este ámbito», reprochan fuentes de Sumar del Ejecutivo. «Saben que los salarios no suben y los precios sí. La guerra nos va a hacer más pobres. Hay que tomar medidas en materia de Vivienda, pero el PSOE dice que no hay votos».
Este es un elemento clave. La Moncloa quiere lograr «el mayor consenso posible» para que el decreto pueda convalidarse la próxima semana «sin problemas» y no sufrir una importante derrota. Las medidas en materia de vivienda, sobre todo las relativas a la moratoria en los desahucios generan el rechazo de partidos como Junts y el PP. Y eso pondría en peligro su aprobación. «El decreto no contendrá ninguna excusa para que el PP no lo apoye. Creemos que no habrá nada a lo que se pueda oponer», explican en el Gobierno.
Pero el problema no es sólo la exigencia de sus aliados de izquierdas de una prórroga de los contratos de alquiler y la prohibición de llevar a cabo desahucios. De las propuestas planteadas por los partidos en las negociaciones de estos días, la mayoría de ellas incluyen en sus listados medidas en consonancia exclusiva con sus propios programas políticos. Es, por ejemplo, el caso de Junts que reclama el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital o la cesión a la Generalitat de todas las viviendas de Cataluña propiedad de la SAREB.
El Ejecutivo previsiblemente no incluirá estas propuestas en su paquete y no sólo por considerar que la guerra, al menos de momento, no impacta en las mismas, sino porque es consciente de que provocaría una cadena de vetos cruzados entre los grupos que pondría en riesgo la aprobación de todo el plan. En cualquier caso, desde el Grupo Socialista se admite que el paquete puede tener un coste, aún no calibrado, para el Gobierno, sobre todo si finalmente desoye, como todo indica que hará, la petición de sus socios de incluir medidas en materia de vivienda. «Es una cuestión de voluntad política. Cada vez tienen menos excusas para no hacerlo», reprochan desde Sumar. Desde Vivienda trasladan que están analizando constantemente tanto el alza del precio de los materiales para la construcción como el del euríbor.
La prioridad, insisten quienes conocen las medidas, es hacer frente en el corto tiempo a la subida de los precios del crudo y el gas y aliviar a las familias y sectores más afectados.
El Gobierno también tiene claro que, al menos de momento, no bajará el IVA de los alimentos, pese a pedirlo varios partidos políticos, entre ellos Sumar, y sectores como el alimentario y el pesquero. Tampoco desplegará una bonificación generalizada de los carburantes, como los 20 céntimos cuando la guerra de Ucrania, y las rebajas fiscales irán enfocadas «a los sectores más expuestos».
El paquete que se aprobará el viernes contendrá medidas coyunturales -«medidas paliativas»-, pero también estructurales para, según fuentes de Moncloa, acelerar la transición energética y el despliegue de las energías renovables.
El decreto se aprueba el viernes y se convalidará ya la próxima semana en el Congreso, lo que hace indicar que La Moncloa confía en que no decaiga, pues no agota el plazo de un mes que tiene. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, planteó ayer ante la Junta de Portavoces la necesidad de modificar, fuera de plazo, el orden del día del Pleno de la próxima semana. Esta inclusión requiere del apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. Ayer, nadie se manifestó en contra pero habrá que esperar hasta el próximo martes, cuando las posiciones se hagan oficiales, para comprobar si alguien disiente.
No obstante, en caso de discrepancias, el Gobierno, con ayuda de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, convocaría un pleno extra el jueves 26 nada más finalizar el ordinario con un único punto: la convalidación del paquete de ayudas.
