Los agentes del cuerpo municipal investigan crímenes y agresiones sexuales Leer Los agentes del cuerpo municipal investigan crímenes y agresiones sexuales Leer España // elmundo
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La asunción de investigaciones de delitos graves por parte de la Policía Local de Pamplona está siendo motivo de confrontación con la Policía Nacional de la ciudad. La situación contraviene, según fuentes policiales, el Real Decreto 2/86 en la medida en que los agentes que dependen del Ayuntamiento no pueden investigar este tipo de delito. El malestar se agrava porque, además de que lo hacen, es la Policía Científica de la Policía Nacional la encargada de tomar las muestras necesarias para dar curso a las investigaciones del otro cuerpo policial. Este escenario se viene dando desde hace años pero es ahora cuando la combinación de funciones ha llegado a su punto más álgido.
Fuentes consultadas de la Policía Nacional aseguran que esta inquietud se ha elevado «de manera reiterada» a la Jefatura Superior de Policía pero que hasta la fecha no se han puesto soluciones. Desde el Ayuntamiento de Pamplona asumen esta situación como «normal» porque, aseguran, «se viene dando desde hace años». El Ministerio del Interior, por su parte, optan por «no hacer comentarios» al respecto. El Real Decreto 769/1987 de Policía Judicial, a la Ley Orgánica 2/1986 limita la intervención «de las policías locales a delitos leves y funciones auxiliares».
El 112 llama «por sistema» a la Policía Local de la ciudad cuando se produce un delito de gran envergadura como, por ejemplo, un crimen o una agresión sexual. Cuando eso sucede, detallan las mismas fuentes, agentes del Grupo de Investigación del cuerpo municipal son los encargados de hacerse con las diligencias. Pero, detallan, «no trabajan por la noche», con lo que hasta el lugar del hecho acude una patrulla de Seguridad Ciudadana. Por contra, los efectivos del equipo de Científica de la Policía Nacional sí se desplazan hasta el escenario del delito. Toman las muestras y, después, complementan el trabajo de los municipales.
«Estos policías no tienen ni la preparación, ni la competencia ni la capacidad para realizar el trabajo que se les encomienda», zanjan las mismas fuentes consultadas. La situación alcanza niveles «especialmente graves» en las agresiones sexuales. Durante la noche, cuando los grupos de investigación de la Policía Municipal no están operativos, únicamente acude personal de Policía Científica de la Policía Nacional, sin presencia de responsables de investigación, «incumpliendo las Instrucciones de Delitos Violentos de 2016, que exigen una actuación conjunta y coordinada».
El escenario que se dibuja, la mayoría de las ocasiones, fuerza a los especialistas «a trabajar sin información esencial, recabándola de patrullas no especializadas, comprometiendo la calidad de las inspecciones técnicopoliciales y la solidez probatoria de las causas judiciales», indican. «La Policía Nacional ha sido desplazada de sus funciones y relegada a actuar como mera fuerza auxiliar de la Policía Municipal, llegando al extremo de que la Brigada Provincial de Policía Científica de Pamplona trabaja mayoritariamente para procedimientos instruidos por un cuerpo sin competencias legales», reivindica el sindicato policial Jupol.
Además, el colectivo rescata una denuncia que, según indica, es crónica: la existencia de un «acuerdo verbal» nunca formalizado por escrito, mediante el cual la primera fuerza policial que llega a una intervención «se queda la investigación». Y añade: «Este modelo improvisado y opaco vulnera de forma flagrante la legalidad vigente y pone en riesgo tanto la validez de las investigaciones como los derechos de las víctimas y de los investigados».
Por último, el sindicato denuncia también los medios de los agentes dependientes del Ayuntamiento. Asegura que la Policía Municipal de Pamplona reseña a los detenidos «con medios propios, almacena huellas dactilares y datos biométricos y los remite posteriormente a la Policía Nacional para su grabación en bases oficiales, sin que exista constancia pública de que estos sistemas estén legalmente habilitados ni supervisados, lo que podría suponer graves infracciones en materia de protección de datos».
