«Nuestra orgullosa clase política se escandaliza de la supuesta pérdida de vocación democrática del pueblo, como si el proceso no tuviera relación con su conducta» Leer «Nuestra orgullosa clase política se escandaliza de la supuesta pérdida de vocación democrática del pueblo, como si el proceso no tuviera relación con su conducta» Leer España // elmundo
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Cuando Argentina invadió las Malvinas en 1982, Lord Carrington, entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, presentó su dimisión. Carrington no había ordenado la invasión. Tampoco había cometido ninguna negligencia directa. Los fallos fueron difusos pero no era difuso que los había habido dentro de su ámbito de competencia. Margaret Thatcher no exigió inicialmente su dimisión, pero Carrington insistió, no como admisión de culpa sino como declaración de principios: la autoridad política conlleva una responsabilidad. Algo elemental que nuestra orgullosa clase política ignora, mientras se escandaliza de la supuesta pérdida de vocación democrática del pueblo, como si el proceso no tuviera relación con su conducta.
Esta semana hemos conocido nueva información sobre dos de los sucesos más traumáticos de los últimos años: el accidente ferroviario de Adamuz y el apagón. Ambos tienen algo en común: entre los dos no han provocado ni una sola dimisión. Gobernar es decidir en nombre de otros, pero también responder por ese privilegio cuando hay fallos dentro de una esfera de competencia. La culpa, en sentido estricto, es secundaria. Como escribió Manuel Arias Maldonado, la dimisión funciona como una «purga simbólica del cuerpo político», esto es, un acto visible de rendición de cuentas. Pero si algo define al sanchismo, diríamos que es esa forma de gobernar en la que no existe la responsabilidad política.
El informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz sitúa la causa en la rotura de la vía producida el día anterior a la colisión. Confirma que esa fractura ya había sido detectada por los sistemas antes del accidente, aunque no generó ninguna alerta: el sistema registró una alteración eléctrica compatible con una rotura, pero según el análisis técnico, estaba configurado para avisar si superaba un umbral de tensión superior. Es decir, la incidencia que costó la vida a 46 personas quedó registrada sin que se trasladara ninguna advertencia al personal de control. El fallo provocó 46 muertes y cero dimisiones. Meses después, los muertos siguen muertos, y los responsables del sistema que tendría que haber garantizado su seguridad siguen en sus puestos.
Estos días también hemos confirmado que los problemas de tensión en el sistema eléctrico se venían registrando desde meses antes del gran apagón. Y Red Eléctrica, responsable de garantizar su estabilidad, tenía constancia de ellos. Así lo reflejan comunicaciones internas en las que, ya desde enero de 2025, los técnicos describían caídas de tensión y situaciones de riesgo. Estas incidencias no fueron aisladas: se repitieron en las semanas previas, con advertencias explícitas sobre la inestabilidad generalizada en toda la red y la falta de capacidad para absorber desajustes. Incluso la misma mañana del apagón se señalaban oscilaciones ligadas a la insuficiencia de generación firme. Finalmente, el fallo se produjo, provocando un corte eléctrico que generó el caos, graves pérdidas materiales y víctimas mortales. La presidenta de Red Eléctrica, sin embargo, sigue en su puesto con el orgullo intacto.
A esta parsimonia sanchista se suman decisiones que refuerzan la percepción de un doble rasero institucional. Por un lado, la concesión de un régimen de semilibertad a una condenada por terrorismo sin haber cumplido los requisitos revela que entre respetar los procedimientos y contentar a sus socios, el Gobierno siempre elige lo segundo. Por otro, el recurso de la Fiscalía en defensa del ex fiscal general condenado cuestiona la imparcialidad con la que se aplican los estándares jurídicos cuando afectan a los aliados del Gobierno.
Cuando los fallos graves no tienen consecuencias y las normas que deberían ser generales se aplican de forma interesada, es previsible que se deteriore la confianza en las instituciones. El sanchismo ha invertido la lógica básica del poder democrático: cuanto más cerca de la cúspide, menos responsabilidades se asumen. No renuncian a sus cargos, pero tampoco a la gesticulación cuando hablan de la antipolítica como de un virus extraterrestre. Parecen incapaces de extraer la conclusión evidente: si quienes ostentan el poder se comportan como si la rendición de cuentas fuera un mero acto declarativo, la ciudadanía llegará a la conclusión de que la democracia es un protocolo decorativo.
