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El Ministerio de Seguridad Social ha lanzado su propia herramienta para proyectar el gasto en pensiones a futuro, en la que introduce sus estimaciones sobre la evolución del PIB real o la población, pero no ha tenido en cuenta la inminente regularización de inmigrantes que va a llevar a cabo en España.
El departamento que dirige Elma Saiz aún no ha hecho pública la metodología ni ha publicado de forma detallada los datos utilizados en el modelo, pero sí hizo una presentación el jueves pasado en la que anunció que según sus proyecciones el gasto en pensiones hasta 2050 rondaría el 14% del PIB anual. Esto supone cuatro décimas más de lo que había estimado el Ministerio hace tres años, cuando lo dirigía José Luis Escrivá, pero cuatro décimas menos de lo que estimó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en 2025 y seis décimas menos de lo pronosticado por la Comisión Europea en su último Ageing Report de 2024.
Por los pocos datos disponibles, la variable principal que explica las diferencias en las proyecciones de gasto en pensiones es la demografía. El Gobierno es menos optimista que el INE en su previsión de cómo evolucionará la población -prevé que residan en el país 53,7 millones de personas para 2050, frente a los 54,9 millones del Instituto de Estadística-, pero es más optimista de lo que lo ha sido la AIReF y la Comisión en sus últimas estimaciones, cuando vaticinaban 52,1 y 50,4 millones, respectivamente.
El propio Ministerio hace tres años proyectó 52,4 millones, pero la llegada de migrantes de los últimos años ha superado las expectativas. Según datos de Eurostat, España y Alemania están atrayendo al 50% de todos los flujos migratorios que llegan a la UE desde 2022, un importante motor de crecimiento económico en un contexto de envejecimiento poblacional.
Lo que no ha tenido en cuenta el Ministerio, según ha podido saber este medio por fuentes conocedoras de cómo funciona la herramienta, es la regularización de inmigrantes que se va a llevar a cabo en el país y que podría afectar a entre 500.000 y un millón de personas que ya residen en España y que empezarían a cotizar a la Seguridad Social.
Esto se traducirá a corto plazo en más ingresos para el sistema, si bien a medio-largo plazo los cotizantes adquirirán derecho a percibir una pensión y generarán gasto para el sistema. Este impacto, no obstante, tardará tiempo en verse. Por ejemplo, una persona que ahora tenga 40 años para el año 2050 aún no se habrá jubilado, por lo que el impacto agregado de la regularización en el gasto será limitado, según apuntan algunos expertos consultados por este periódico.
Sí podría haber impacto, no obstante, en el tiempo de residencia de estas personas en el país, ya que una persona que adquiere la situación regular tiene más probabilidad de instalarse definitivamente, lo que podría ser positivo para la evolución del Producto Interior Bruto (PIB).
Se trata, por tanto, de un cambio demográfico relevante que podría llegar a ser positivo para la proyección y que el Ministerio podría haber tenido en cuenta al diseñar la herramienta, dado que además, su horizonte de proyección concluye en 2070.
«Nosotros hemos tenido en cuenta la previsión demográfica del INE, con un sesgo de prudencia. La regularización está en camino y es de gente que está aquí», es lo único que responden fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad Social a EL MUNDO. Parten, por tanto, de la previsión del INE -que contabiliza en el padrón a todos los residentes, tanto si tienen una situación regular como si no- y reducen ligeramente la ganancia neta de población esperada para los próximos años.
En cualquier caso, hasta que el Ministerio no haga pública la metodología que acompaña a la herramienta, los expertos no podrán juzgar sus resultados.
El proceso de regularización de extranjeros residentes en el país debería haber comenzado el 1 de abril y extenderse hasta el 30 de junio, pero la demora en el proceso de aprobación ha impedido cumplir los plazos que se había fijado el Gobierno.
El texto, que no va acompañado de una memoria económica, fue elevado a audiencia pública a finales de enero y el Consejo de Estado anunció el viernes que enviaría ese mismo día al Ejecutivo su dictamen con «observaciones» para mejorar la norma.
Cuando esté el texto definitivo y terminen los trámites preceptivos, la norma estará lista para pasar por el Consejo de Ministros y ser aprobada sin necesidad del visto bueno del Parlamento.
A partir de ese momento, los candidatos a la regularización podrán empezar a hacer los trámites, que se canalizarán a través de las oficinas de Correos, según explicó este periódico.
En sus oficinas temen que la tramitación tarde en empezar y se dé una situación de colapso hacia el verano.
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