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Fuego a discreción. La CNMC ha arrancado hoy el primer paquete de expedientes sancionadores contra las empresas que, de un modo u otro, fallaron el día del apagón. Como ha adelantado EL MUNDO, los primeros procedimientos incoados cercan a los pesos pesados del sector, desde Red Eléctrica, el operador del sistema, hasta las grandes plantas de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol. Pero los procedimientos disciplinarios revelan una clave. El supervisor solo ha acusado de falta «muy grave» y de poner en riesgo el suministro a la empresa que preside Beatriz Corredor.
En detalle, la Comisión ha achacado a Red Eléctrica varios incumplimientos de sus funciones como operador del sistema que, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley del Sector Eléctrico, constituyen faltas «muy graves», castigadas con hasta 60 millones de euros de multa. Entre ellos, la CNMC apunta a un presunto error de programación del resto de centrales de producción de energía eléctrica, que la empresa controlada por el Estado debe gestionar, a través de los mercados de servicios de ajuste, «para garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad».
En definitiva, el supervisor pone en duda la diligencia de la compañía que lidera Corredor a la hora de diseñar el mix energético definitivo con el que España afrontó el día de la peor crisis eléctrica de su historia. La Comisión también cuestiona las «instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico» que debió emitir Red Eléctrica al resto de operadores aquel lunes negro. En resumen, pone en el foco tanto la previsión del operador como sus actuaciones para resolver las oscilaciones, después de comprobar que sus movimientos contribuyeron a disparar aún más las tensiones que esa mañana acabaron tumbando el sistema.
La CNMC ha incoado en total una veintena de expedientes sancionadores contra diversas plantas de otras cicno empresas energéticas. A diferencia de la acusación contra Red Eléctrica, las demás recogen «faltas graves» (un grado por debajo) «sin riesgo para la garantía del suministro o daño grave». La sanción máxima que contempla la ley para este tipo de incumplimientos es de 6 millones de euros.
Por volumen de procedimientos, Endesa es la compañía que más acumula (7), seguida de Iberdrola (5) y Naturgy (5). Repsol suma uno más, al igual que el ciclo combinado Bahia de Bizcaia Electricidad, una central de gas que gestiona la suiza Gunvor y el Ente Vasco de Energía, propiedad del Gobierno vasco. Entre otros nombres destacados está la sociedad que gestiona las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, cuyo máximo accionista es Endesa.
Este es el primer paquete dentro de casi un centenar de procedimientos que irán saliendo a la luz en las próximas semanas y meses. Algunos atañen a sociedades más pequeñas, generadores independientes o, incluso, titulares de puntos de evacuación compartidos. Estos últimos serán especialmente dificiles de resolver. Fuentes al tanto del trámite afirman que algunos «están muy verdes», de modo que la CNMC debe seguir reuniendo información antes de la incoación. Es posible también que algunos de los procesos en ciernes se acaben archivando por falta de pruebas.
El supervisor tiene 18 meses para resolver los expedientes que son el resultado de casi un año de investigación, en la que la CNMC ha detectado «diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas», según ha explicado este viernes en un comunicado oficial. La Comisión, en cualquier caso, ha matizado que las eventuales sanciones no implican la atribución del incidente. Es decir, aunque ciertas centrales puedan ser sancionadas por ciertos incumplimientos, como es el caso del control de tensión, no por ello se las podrá atribuir la responsabilidad del blackout.
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