La inmigración aparece como asunto bandera del partido y los ‘populares’ lo aceptan en los pactos y con medidas legislativas aprobadas en los parlamentos donde sostienen las mayorías Leer La inmigración aparece como asunto bandera del partido y los ‘populares’ lo aceptan en los pactos y con medidas legislativas aprobadas en los parlamentos donde sostienen las mayorías Leer España // elmundo
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Las exigencias de Vox al PP desde que comenzaron a formar gobiernos en la primavera de 2023 han ido virando. Asuntos entonces capitales que aparecían en los pactos firmados en Castilla y León o Comunidad Valenciana y, aunque con matizaciones, en Extremadura, Baleares, Aragón y Murcia, han dejado paso desde la ruptura de los gobiernos autonómicos en 2024 a otras banderas en cada negociación, ya sea de investidura, de presupuestos o mayorías parlamentarias. La inmigración, la prioridad nacional, ha desbancado al pin parental o la «violencia intrafamiliar«.
Aparece en 11 epígrafes del pacto extremeño tras ser el último punto del acuerdo en Castilla y León en 2022 -con el único propósito de promover «una inmigración ordenada»- y solo un epígrafe en el apartado de Seguridad en el pacto valenciano en el que ambos partidos se comprometían, «dentro del ejercicio de sus competencias», a poner «en conocimiento» de las fuerzas de seguridad «posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas». Además, incluían eliminar subvenciones a «entidades que amparen estas prácticas». En el caso de Murcia, en septiembre de 2023, la redacción era similar: «luchar contra las mafias de la inmigración ilegal».
Estos planteamientos se endurecieron con la negociación para la aprobación de los presupuestos tras la salida de Vox de los Ejecutivos. En Valencia, se exigió a Mazón eliminar las subvenciones a ONG «de apoyo a la inmigración ilegal», una partida presupuestaria para pruebas de diagnóstico de edad, -algo que no se ha puesto en marcha pero se pide a Guardiola-, así como no acoger «ni a un mena más», cosa que tampoco ha ocurrido porque se ha ido cumpliendo con la legalidad y amparando los repartos del Gobierno. Tampoco se reservó una partida para un plan de retorno de migrantes que también aparece en Extremadura. En Murcia se incluyó el cierre de un centro de menores que López Miras tuvo que acabar ejecutando. También tuvo que dar marcha atrás a la compra de viviendas, financiadas con fondos europeos, para acogerlos.
Sin embargo, Vox ha ido imponiendo sus políticas en los parlamentos autonómicos. Algunas de las exigencias del documento para la investidura de Guardiola han ido aprobándose pleno a pleno. A principios de 2025, Vox en las Cortes Valencianas pidió estadísticas diferenciadas entre nacionales y migrantes, algo que fue apoyado por los populares. En Extremadura han dado un paso más: una auditoría anual de los gastos vinculados a la inmigración. El pasado uno de abril, en Valencia se aprobaron «medidas urgentes ante la inmigración masiva», entre las que estaban la ubicación de los centros de menores extranjeros en las afueras de centros urbanos, reforzar la disciplina en los centros, como refleja el pacto extremeño, e impulsar un programa de «retorno voluntario». A cambio de su apoyo, el PP valenciano logró sacar de la propuesta «la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y servicios públicos», algo que se refleja en el documento firmado por Guardiola pero que Génova se ha apresurado a corregir.
Sin embargo, el PP sí ha aceptado que en la Ley de reforma de la Renta Valenciana de Inclusión aparezca el requisito de 15 meses de empadronamiento del solicitante.
Otra de las últimas exigencias ha sido la supresión de las clases de Lengua y Cultura Árabe, que se imparten en Murcia y Extremadura a petición de los centros educativos. Ha sido aceptada por Guardiola, pero su supresión no será posible porque se trata de un programa que depende del Ministerio de Educación.
Una de las primeras batallas de Vox ante la que el PP se resistió. El término fue incluido tanto en el primer pacto en Castilla y León en 2022 como en el firmado por Mazón, pero no volvió a aparecer con esa redacción nunca más. Fue sustituido, como en las pancartas institucionales por «No a la violencia contra las mujeres», con el apoyo del PP. En Extremadura no hay ni una mención expresa a esta violencia. De hecho, la única referencia a la mujer es la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos al considerarlos «prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad».
Provocó el primer choque con el PP y el entonces socio de ambos en Murcia, Ciudadanos, pero no llegó a aplicarse como tal, aunque, hasta ahora, figura siempre que los padres «autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares». En el caso de Murcia, debían avisar con siete días.
Las llamadas leyes de Concordia han salido adelante como se acordó en 2023 y están recurridas por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el acuerdo de Extremadura, así como en diferentes proposiciones de ley autonómicas, se da un paso más: Vox lleva al PP al compromiso de preservar «valor del patrimonio perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda» y promueve la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de elementos como cruces de los caídos, escudos o placas franquistas. Esta misma semana, en Valencia, se aprobó una iniciativa en este sentido y puede haber un choque competencial.
Otra de las propuestas abanderadas por Vox y adoptada por el PP son las medidas antiocupación, que se endurecen. De garantizar el derecho a la propiedad y crear oficinas especializadas en el asesoramiento a las víctimas, se ha pasado a combatirla con la reforma del padrón municipal, con su inclusión como criterio de exclusión en el proceso para acceder a una vivienda pública y con la aplicación firme del «desalojo exprés«.
