La autora analiza en su último libro, ‘Cómo matan (a mordiscos nuestra democracia’, los retos y amenazas que afronta nuestro sistema político y, en particular, el Estado de derecho. Reproducimos aquí parte del capítulo dedicado al actual Gobierno Leer La autora analiza en su último libro, ‘Cómo matan (a mordiscos nuestra democracia’, los retos y amenazas que afronta nuestro sistema político y, en particular, el Estado de derecho. Reproducimos aquí parte del capítulo dedicado al actual Gobierno Leer España // elmundo
El nivel de enfrentamiento y el intento de deslegitimación emprendido por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez contra el prestigio del Poder Judicial en España es inaudito porque, además, ha llevado aparejada una campaña paralela que ha socavado la credibilidad de muchos ciudadanos en el Estado de derecho. Personalmente, me costó asumir que, como manifestaban muchos jueces, se trataba de una campaña sistemática de minado de la legitimidad de la Justicia, y no solo de la que no puede controlar el Ejecutivo, hasta que quedó al descubierto que no se trataba del normal sistema de críticas a resoluciones judiciales o a actuaciones más o menos discutibles, sino de algo mucho más grave y probablemente difícil de parar. […]
Es imposible no asumir que el Gobierno ha rebasado las líneas a las que su papel institucional y constitucional le compele cuando la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, en presencia del jefe del Estado, anuncia «la necesidad de evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Justicia y sus integrantes». Nunca un presidente del Poder Judicial se había visto obligado a hacer una declaración de esta gravedad, apuntando directamente a los responsables. Los aplausos que jueces y magistrados prodigaron a Isabel Perelló, a pesar de su aparente fragilidad y de su bisoñez en la oratoria pública, fueron la constatación del alivio de que al fin institucionalmente se reconociera lo anormal y lo peligroso de la situación.
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La situación a la que Pedro Sánchez, su Gobierno de coalición y sus apoyos parlamentarios llevan a la democracia española es inédita. «Ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo se ha de interpretar el ordenamiento jurídico […]. El derecho a la discrepancia es posible, habitual, incluso interesante en el debate jurídico, pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación ni el insulto», leyó Perelló ante el Rey. ¿Qué necesidad tendría de haberlo dicho si antes no hubiera sucedido? Se produjo y se sigue produciendo. El ministro de Justicia -que nunca debería haberlo sido simultáneamente de Presidencia y Relaciones con las Cortes- tendría que haber dimitido la primera vez que atacó las decisiones de la judicatura con una virulencia y gravedad nunca vistas. Refiriéndose al magistrado que instruía un procedimiento en torno a la mujer de su presidente, el ministro dijo: «Hoy ha quedado clara la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez». Si Gómez sufría indefensión es porque se la provocaba un juez, atentando contra los principios básicos del proceso penal. «Ni sabe de qué se le acusa», continuó un ministro, licenciado en Derecho, que debería saber que en la instrucción no se acusa aún a nadie. Y, para rematar, señaló: «Está claro que no hay nada de nada y que, si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende». No cabe en cabeza democrática que el miembro del Ejecutivo del que depende la Justicia de un país señale y acuse a un magistrado concreto de esta manera: un ministro que se manifiesta sobre un procedimiento en curso, que defiende a una ciudadana concreta con nombre y apellidos, que valora el contenido de la instrucción y que incluso falsea hechos, puesto que bien sabido era en ese momento cuál era el objeto de la instrucción. Un ministro que sabe, además, que, en caso de haberse producido disfunciones, el sistema de recursos en escalera está previsto para solventarlas, tanto en el caso concreto de la mujer del presidente como en el de cualquier hijo de vecino. Todos somos iguales ante la ley.
Hasta este punto se ha llegado en nuestro país a raíz de los escándalos de corrupción y nepotismo que se han producido en la esfera más cercana al presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista. La adhesión inquebrantable ha producido episodios como el anterior y esquizofrenias manifiestas. Reparen en lo que dijo el mismo Bolaños en otro momento en el Congreso: «Les agradecería que no haya intervenciones ni manifestaciones ofensivas contra miembros de la judicatura. Además de resultar ofensivas son una falta de respeto al Estado de derecho español, que es el de una democracia plena». O sea que el ministro de Justicia sabe lo que hace cuando llama prevaricador a un magistrado por tener imputada a la mujer de su jefe. Muy duro tuvo que ser el apretón, porque muchos ministros salieron a repetir lo propio incluidos los dos ministros jueces, Grande-Marlaska y Margarita Robles. Ambos olvidaron también que, como dice la Comisión de Ética del CGPJ: «El magistrado que ha abandonado temporalmente la función jurisdiccional para dedicarse a una actividad política sigue sujeto a la obligación ética de guardar lealtad institucional al Poder Judicial». En este caso, las lealtades bascularon un poco.
Se podrá pensar que si Bolaños se hizo un Maradona y decidió meter un gol a favor del jefe, aunque fuera tocando el balón con la mano, fue porque el propio Gobierno estaba en problemas de los que quería salir ganando el relato ante la ciudadanía. La cuestión es que todos los gobiernos en democracia, de todo signo, han estado en problemas y que nunca hasta la llegada al poder de Pedro Sánchez se había pisado la línea roja de atacar frontalmente no solo a unos jueces particulares, sino a todo el sistema.
El acabose de la incontención pareció llegar con María Jesús Montero, a la sazón vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE. Ahí es nada de institucionalidad para la mujer que decidió negar a gritos la existencia del pilar fundamental del Estado de derecho, la presunción de inocencia, ese derecho recogido en la Declaración Fundamental de Derechos del Hombre sobre la que se sustentan las democracias liberales. «Qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos», afirmó contundente en un mitin. He subrayado la abominación de la frasecita: que los testimonios de las mujeres deben ir por delante de la presunción de inocencia, es decir, que no debe existir la presunción de inocencia para los hombres, sobre todo los poderosos, si los denuncia una mujer, sobre todo si esta es joven. Populismo. No hay remedio para el terror de que una persona con tanto poder desconozca o ignore deliberadamente algo de importancia capital. Y es que en un Estado de derecho democrático se parte del horror a la injusticia y, por tanto, de la presunción de inocencia y el in dubio pro reo que intentan evitar la condenación del inocente. […] Aparentemente pidió disculpas, arrastrada por la oleada de protestas ante tan inaceptable posicionamiento. En realidad, no fue así. Otra de las características de la incontinencia actual es que los comportamientos desmadrados, excedidos, no tienen castigo alguno. El siglo pasado, una manifestación de este tenor hubiera llevado al cese fulminante del ministro culpable. Ya no pasa nada y, con seguridad, es lo más grave que ha dicho un miembro del Gobierno fuera de la contención que exige su cargo. Es una declaración de no principios.
No podemos olvidar que, como se mencionó en capítulos anteriores, el presidente del Gobierno, molesto porque un juececillo de instrucción osara llamarle a declarar como testigo en la causa abierta contra su mujer y no aceptar que la diligencia se efectuara por escrito, decidió querellarse por prevaricación contra ese magistrado usando para ello a la Abogacía del Estado. Nunca se había producido un hecho de tal naturaleza, una demostración más de que la ley puede utilizarse no para su finalidad original, sino estirándola hasta hacer de ella la goma de una honda que pretendía descalabrar a un miembro de otro poder. Era una querella que no podía ser aceptada y aun así se presentó. ¿Cómo osaba el juececillo entrar en palacio y molestar al César? Adolfo Suárez testificó por el caso Banesto. Felipe González testificó en el Tribunal Supremo. José María Aznar testificó por la caja B del PP. Mariano Rajoy testificó en la Audiencia Nacional en el juicio de Gürtel. Seguramente no les gustó, y hubieran preferido no hacerlo; incluso es posible que intentaran que apartaran de ellos el cáliz, y maniobraron soterradamente para ello; lo que sabemos es que testificaron, y ninguno de ellos se planteó acusar al juez de prevaricación. Sánchez sí lo hizo. ¿Qué lo diferencia de los demás? ¿Soberbia, desprecio a la acción de la Justicia, miedo al resultado de la instrucción?
Al repasar estas líneas un nuevo giro de despropósito institucional se había producido. El propio presidente del Gobierno salió a proclamar en una entrevista la inocencia del fiscal general del Estado mientras aún estaba siendo juzgado. La presión insoportable que este hecho supone, el despropósito institucional, y la campaña que le sucedió en medios y opinadores validando la actitud fue absolutamente inaceptable en un Estado de derecho. Por ir más allá, se llegó a decir públicamente por parte de comentaristas y asimilados que una condena desprestigiaría a todo el Poder Judicial o incluso que lo reventaría.
Fuera lo que fuera, una campaña de desprestigio de este tipo emprendida por el Poder Ejecutivo contra el Judicial es el principio del fin.
‘Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia’, de Elisa Beni. Publicado por La Esfera de los Libros y a la venta desde el miércoles 22 de abril.
