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No es nuevo que el PSOE oscile entre dos marcos incompatibles: presentar a Vox como un riesgo existencial —deterioro de la sanidad pública, recentralización, regresión en igualdad— y negarse a facilitar cualquier fórmula que impida su entrada en el gobierno. Si el PSOE andaluz ni siquiera contempla permitir un gobierno moderado del PP para evitar la presencia de Vox, muchos votantes concluirán que el peligro no es tan extremo, o que la prioridad real no es impedirlo, sino utilizarlo políticamente. Probablemente ambas cosas: el PSOE necesita a Vox para alimentar la polarización que mantiene movilizado a su electorado en las generales. Y las generales son, ya se sabe, lo único que preocupa a su secretario general.
En Ferraz son conscientes de que el mismo electorado andaluz que concede al PSOE buenos resultados en las generales entrega mayorías al PP en las autonómicas. Entre las andaluzas de 2022 y las generales de 2023, los socialistas recuperaron en Andalucía cerca de 600.000 votos. Y ese crecimiento no se produjo a costa del PP ni mediante la absorción del resto de la izquierda. Lo que hubo fue una fuerte reactivación de votantes progresistas en un contexto de alta polarización nacional.
Los electores distinguen claramente entre el gobierno de España y el de la Junta: votan en clave ideológica y de bloques en las generales, pero evalúan gestión, liderazgo y estabilidad en las autonómicas. Esa mutación electoral la ha facilitado la aparición de Juanma Moreno, cuya personalidad política ahuyenta los terrores que el gobierno predica sobre la derecha española.
El problema es que el PSOE ha interpretado esta nueva realidad en sentido inverso. La elección de María Jesús Montero evidencia la voluntad de Ferraz de nacionalizar las elecciones andaluzas y movilizar al electorado progresista recurriendo a las herramientas de polarización diaria. La campaña socialista ha girado en torno a una única idea: votar al PP equivale a votar por el desmantelamiento de los servicios públicos. Cuando se cuenten los votos y el PP vuelva a imponerse, la conclusión más plausible no será que a los andaluces no les importa la sanidad pública, sino que niegan que votar al PP implique abogar por su desmantelamiento.
Cuando un partido convierte las elecciones en un plebiscito existencial -o derecha o servicios públicos- corre el riesgo de que una derrota electoral no sólo desacredite a sus candidatos, sino su inflamado diagnóstico. Tras el escrutinio, el PSOE quedará ante una disyuntiva incómoda: o exageró deliberadamente los efectos de una victoria del PP o asume implícitamente que millones de votantes no comprenden las consecuencias de su voto.
Mientras tanto, al PP andaluz le basta con presentarse como una fuerza de gestión moderada y pragmática. Y ahí reside la paradoja central de estas elecciones: cuanto más intenta el PSOE transformar Andalucía en un frente decisivo de la batalla nacional, más favorece que Moreno Bonilla aparezca como un refugio de moderación frente al ruido emitido desde Madrid.
Para el PSOE la derrota no será un simple tropiezo territorial. Supondrá la desautorización del marco moral construido desde Moncloa. Pero sabemos quién no saldrá en la foto al día siguiente: el presidente se implica en todas las campañas, pero se borra de todas las derrotas.
