La capital húngara celebra el desfile igualitario con el cambio de Gobierno en el país y tras la represión sufrida por el colectivo con el anterior Ejecutivo Leer La capital húngara celebra el desfile igualitario con el cambio de Gobierno en el país y tras la represión sufrida por el colectivo con el anterior Ejecutivo Leer
Las banderas arcoíris volvieron a ondear este sábado en el centro de Budapest, pero esta vez sin prohibiciones, sin miedo a represalias y sin convertirse en un pulso con el poder. Hace apenas un año, desfilar por esas mismas calles significó desafiar una prohibición, poner a prueba los límites del Estado y protagonizar un acto de desobediencia civil que convirtió el Orgullo en un símbolo de la defensa de las libertades públicas. Este sábado, la marcha recuperó la normalidad que vive cada verano en la mayoría de las capitales europeas. Y esa normalidad explica mejor que cualquier discurso hasta qué punto ha cambiado el clima político en Hungría tras la salida de Viktor Orban y la llegada al poder del nuevo primer ministro, Peter Magyar.
«Hubo Orgullo, hay Orgullo y habrá Orgullo». Con ese lema, los organizadores quisieron subrayar la continuidad de un movimiento que sobrevivió incluso al intento del anterior Gobierno de impedir su celebración. Si el año pasado el Orgullo se convirtió en el mayor desafío cívico al poder de Orban, esta edición simbolizó precisamente lo contrario: el regreso a una normalidad en la que la reivindicación de derechos ya no necesita expresarse como un pulso entre la sociedad civil y el Estado.
La Marcha del Orgullo de Budapest se celebra desde 1997 y siguió recorriendo las calles de la capital durante los años de Gobierno de Orban. Aunque cada edición estuvo marcada por un progresivo endurecimiento del discurso oficial contra el colectivo LGTBI, contramanifestaciones de grupos ultraderechistas y, en ocasiones, importantes dispositivos policiales. El punto de inflexión llegó en 2025, cuando el Parlamento aprobó una reforma que subordinó el derecho de reunión a la protección de los menores y permitió vetar por primera vez el desfile.
Aquella decisión transformó una reivindicación de derechos en una protesta mucho más amplia en defensa de las libertades públicas. Decenas de miles de personas —unas 200.000, según los organizadores y diversos medios internacionales— acudieron entonces a Budapest, muchas de ellas no solo para defender los derechos del colectivo LGTBI, sino también para expresar su rechazo a una nueva vuelta de tuerca del modelo político de Orban. Para una parte de la sociedad civil húngara, aquella jornada simbolizó el momento en que perdió el miedo a desafiar al poder.
La prohibición se apoyaba en la reforma constitucional impulsada por Orban, que estableció que el derecho de los menores a su desarrollo físico, mental y moral prevalece sobre otros derechos fundamentales, salvo el derecho a la vida. Sobre esa base, la llamada Ley de Protección de la Infancia prohíbe exponer a menores a contenidos que presenten la homosexualidad o el cambio de sexo, argumento que las autoridades utilizaron para impedir la marcha al considerar que podía ser vista por niños.
Ese marco jurídico sigue formalmente vigente, aunque el cambio de Gobierno ha transformado por completo su aplicación. Durante la campaña electoral, Peter Magyar defendió el derecho de reunión y el Ejecutivo del partido Tisza autorizó la celebración del Orgullo sin recurrir a la legislación utilizada por el anterior Gobierno. Además, el nuevo Ejecutivo ha anunciado que en septiembre comenzarán las consultas para elaborar una nueva Constitución, que posteriormente será sometida a referéndum, un proceso que podría revisar buena parte del legado institucional de los dieciséis años de gobierno de Orban.
La dimensión política de la jornada quedó reflejada incluso antes del inicio del desfile. El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, compareció junto a la comisaria europea de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. Karácsony reclamó la rápida derogación de la legislación que afecta a las minorías sexuales y recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que esas normas son incompatibles con el Derecho europeo y discriminatorias. «No deben cambiarse por la presión de Bruselas, sino por solidaridad y por razones morales», afirmó.
Lahbib calificó de «histórica» la marcha del año pasado y defendió que participar en el Orgullo constituye un derecho fundamental. Su presencia, junto a la de otros representantes europeos, reflejó que Budapest sigue siendo un símbolo para el debate europeo sobre el Estado de derecho, aunque este año el foco ya no estuviera puesto en la prohibición, sino en la recuperación de la normalidad.
La principal incógnita de esta edición era si el Orgullo conservaría la capacidad de movilización adquirida cuando dejó de ser solo una marcha reivindicativa para convertirse en un acto de resistencia. Porque la paradoja de Budapest es precisamente ésa: el mayor triunfo del Orgullo puede consistir en haber dejado de necesitar un enemigo para salir a la calle.
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