Las maniobras contra ellos se han ido evidenciando conforme avanzaba la investigación del ‘caso cloacas’, en torno a la actuación de la ‘fontanera’ Leire Díez Leer Las maniobras contra ellos se han ido evidenciando conforme avanzaba la investigación del ‘caso cloacas’, en torno a la actuación de la ‘fontanera’ Leire Díez Leer España // elmundo
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La sentencia de la Audiencia de Badajoz supone una condena y, al mismo tiempo, un aval. Lo es para la magistrada que instruyó el caso, Beatriz Biedma, y para los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) que llevaron la investigación.
Las maniobras contra ellos se han ido evidenciando conforme avanzaba la investigación del caso cloacas, en torno a la actuación de Leire Díez. La del «hermanísimo» era una de las causas perjudiciales para el PSOE y el Gobierno que la considerada fontanera socialista intentaba desactivar. Esta misma semana declaró en la Audiencia Nacional el empresario Joaquín Parra, que explicó que se había reunido con la fontanera en «un piso franco del PSOE», y que le había pedido material comprometedor contra la juez Biedma. «Querían destruir su reputación».
Cuando el empresario preguntó a Leire Díez por qué le ofrecían ayudarle en sus problemas judiciales, Díez le respondió literalmente: «Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar».
El empresario explicó a la fontanera que no tenía nada contra Biedma, pero sí le puso en contacto con Luis José Sáenz de Tejada , un juez condenado por prevaricación que podía ayudarla. Sáenz de Tejada intentó, sin éxito, personarse en la causa del hermano y recusar a la magistrada para apartarla del caso. Lo volvió a intentar la hermana del juez expulsado.
Biedma y su familia también sufrieron seguimientos en Badajoz desde su casa al colegio de las niñas. A sus vecinos les hicieron preguntas sobre ella y su marido.
El intento frustrado de recusación de Biedma se produjo en una causa en la que la fiscal, de forma sorprendente, y en medio de la instrucción, giró su respaldo a la investigación de Biedma, a la que inicialmente no se había opuesto. En cuanto quiso llamar a declarar a David Sánchez como investigado, recurrió.
A todo lo anterior se suma que la delegación de Hacienda en Extremadura presentó un informe sin firma en el que no veía indicios punibles de fraude fiscal de David Sánchez en Elvas (Portugal) porque no tenía medios humanos y técnicos -según argumentaron sus responsables- para abrir una investigación en Portugal. La juez instructora les hizo ver lo inusitado de su actuación. Biedma ha sufrido siete requerimientos de Hacienda sobre su actividad en el último año.
La otra vía para acabar con la causa del hermano estaba dirigida a la UCO, encargada de la investigación como policía judicial. En el caso Cloacas consta que el ex director de la Guardia Civil Leonardo Marcos recriminó a los mandos de la unidad que hubieran pedido a la juez la incautación de correos. Les ordenó anular vacaciones y despachar con rapidez el informe y que concluyeran que en la causa contra David Sánchez, en la que se dieron por probados tres delitos, no había «nada». Unos días más tarde se produjo otro episodio similar. El director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas se presentó en la sede de la UCO y dio indicaciones a los agentes para que se pusieran «de perfil» en casos como los del hermano.
Llamas y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, están citados este jueves como investigados en la Audiencia Nacional por las supuestas presiones a los miembros de la UCO. En concreto, por abrir expedientes internos alegando filtraciones. Según el juez, los indicios apuntan a que lo que pretendían era disuadir a los agentes de impulsar los casos contra el PSOE y el Gobierno.
