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La competitividad de la economía está flaqueando por primera vez en varias décadas y, entre todos los factores posibles, hay dos determinantes: el absentismo y la presión creciente de los impuestos y las cotizaciones sociales. El primero –el segundo se da por imposible– es el que más preocupa y para solucionarlo el Gobierno ha puesto en marcha un observatorio. No hay mucho que observar porque las evidencias están encima de la mesa, pero abordar las soluciones exige salirse del marco discursivo según el cual los empresarios son responsables de todo el mal que sucede en España.
Hoy en día una empresa que tenga menos de un 7% de tasa de absentismo puede darse con un canto en los dientes. Es más o menos el doble de antes de la pandemia y los costes se comen parte de los márgenes que podrían ir destinados a revisiones salariales. El investigador Ángel Martínez identificaba el detonante del crecimiento de las incapacidades temporales a la entrada en vigor de una reforma laboral que, pese a quedarse a medias, ha tenido como principal aspecto beneficioso la reducción de la temporalidad. Un efecto secundario no previsto correlaciona las enfermedades en el trabajo con la estabilidad laboral. De hecho, el absentismo se mantiene estable entre los trabajadores temporales y los autónomos.
La epidemia de bajas es especialmente dañina sobre dos segmentos del tejido productivo. El primero es el industrial, que tiene empleados extremadamente especializados y cuyas ausencias no se pueden reponer tan fácilmente. Más de una gran compañía ha estado a punto de tener que parar un proceso de producción. El otro es, obviamente, la pequeña empresa, donde un par de bajas pueden suponer el 30 o el 40% del total de la plantilla y el impacto en los costes es demoledor.
La nueva realidad laboral ha coincidido con un repunte de las enfermedades mentales y un histórico crecimiento poblacional procedente de la inmigración que ha llevado al país a los 50 millones de habitantes y al consiguiente tensionamiento de los servicios sanitarios.
La solución no pasa por regresar a un marco en el que la estacionalidad juegue un papel excesivo, sino por dotar a las mutuas de mayores competencias para agilizar las altas. Pero nos topamos de nuevo con que en el marco discursivo del Gobierno la sanidad privada es el enemigo a abatir. Por tanto, nos encontramos en una pérdida de competitividad autoinfligida, en la que hay que observar menos, vencer los remilgos ideológicos y actuar más.
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