La Generalitat detecta que faltan datos de los cónyuges en varios expedientes de beneficiarios de pisos en la urbanización de Playa de San Juan Leer La Generalitat detecta que faltan datos de los cónyuges en varios expedientes de beneficiarios de pisos en la urbanización de Playa de San Juan Leer España // elmundo
El escándalo por la adjudicación de viviendas protegidas a cargos municipales y vinculados al PP del Ayuntamiento de Alicante ya está en manos de la Fiscalía. El propio consistorio que dirige Luis Barcala ha presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal en la que niega cualquier responsabilidad en una polémica que se ha saldado ya con la dimisión de la concejala de Urbanismo y una directora general. Ahora bien, el consistorio apunta a un arquitecto municipal y a la propia Generalitat.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento cuestiona la actuación de un arquitecto municipal: «Prestó apoyo técnico durante la ejecución del contrato, manteniendo reuniones de trabajo con el personal del servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la cooperativa» que impulsó el residencial Les Naus sobre suelo municipal, en una de las zonas más caras de Alicante, en la Playa de San Juan. Fue tal su «implicación», insiste el Ayuntamiento, que llegó a ser propuesto como responsable municipal del contrato con la cooperativa en 2024, si bien luego el puesto lo ocupó otra persona.
De hecho, en la investigación interna llevada a cabo por el Ayuntamiento, se constató que el arquitecto municipal solicitó el 27 de enero de 2025 la solicitud de ingreso en la cooperativa de viviendas. Su entrada se produjo ante la baja de un socio anterior.
Según ha relatado el consistorio a la Fiscalía, en el proceso de adjudicación de las viviendas pudo haber «trato de favor en la incorporación de socios cooperativistas o en la asignación» de los pisos, algo «a lo que es completamente ajeno este Ayuntamiento», según se matiza. Es más, se apunta para ello al uso de «información privilegiada de los empleados municipales».
No es lo único que señala el consistorio para tratar de dejar constancia de que ninguna irregularidad es achacable a su gestión. Además de defender que ninguno de los tres beneficiarios con vínculos con el Ayuntamiento -la concejala, la directora general y el arquitecto- formó parte de los «actos administrativos nucleares del expediente» (mesa de contratación, licencias…), el Ayuntamiento pasa la pelota a la Generalitat Valenciana.
La denuncia expone que la intervención del Ayuntamiento se ha limitado a la enajenación de la parcela mediante una licitación y a la supervisión de que la edificación de viviendas cumplía los requisitos arquitectónicos que fija la ley. «La siguiente fase», afirma la denuncia, «corresponde a la Generalitat». Es decir, todo lo que tiene que ver con el régimen de gestión de las viviendas, arrendamiento o compraventa, selección de los «adquirientes finales» de las viviendas, su calificación y supervisión de los «compromisos de los adquirientes».
De hecho, la Consejería de Vivienda de Susana Camarero ha expedientado a un funcionario cuya mujer, arquitecta también en el Ayuntamiento de Alicante, fue adjudicataria de una vivienda. Este técnico, sin embargo, omitió que era cónyuge y ocultó la información de sus ingresos.
La vicepresidenta Camarero, que ha acusado al anterior gobierno de izquierdas de promocionar a este funcionario, ha admitido que no es la única irregularidad detectada. En los expedientes que visó el citado funcionario se ha descubierto ahora que falta información. En concreto, la relativa a los cónyuges de los beneficiarios de los pisos que están en separación de bienes. De confirmarse la irregularidad, la Generalitat ampliará también su denuncia en Fiscalía.
«Caiga quien caiga», ha advertido Camarero, que ha reconocido también que uno de los beneficiarios ha pedido autorización para vender su piso y tres quieren ponerlo en alquiler.
La vicepresidenta del Consell, además, ha acusado de «hipocresía» al PSPV-PSOE y Compromís, ha culpado al anterior Ejecutivo autonómico de cambiar los márgenes de renta para los solicitantes y se ha comprometido a impulsar cambios para estrechar la vigilancia para la limpieza del proceso. En este sentido, será un órgano colegiado y no solamente un funcionario el que supervise la comprobación de los requisitos de ingresos y propiedades de los peticionarios, mientras que se obligará a que haya más publicidad de las promociones públicas por parte de las promotoras y la apertura de un registro general para todos los interesados en acceder a una vivienda de protección pública.
