Leer Leer España // elmundo
Audio generado con IA
Hace unos meses tomaba café en casa de un amigo cuando su hijo, de 18 años, salió de su habitación. «¿A dónde vas?». Y el joven, con esa despreocupación letárgica del adolescente, respondió: «He quedado en la Fnac para blanquear el bono». Mi amigo debió detectar la perplejidad en mi cara y, tímidamente avergonzado, me explicó: «Se ponen en la cola de la Fnac y ofrecen pagar la compra a quien vaya a llevarse un libro o un disco: ellos pasan el bono y se quedan con el dinero». Me pareció un buen ejemplo de política pública mal diseñada: a nadie se le ocurrió que los chicos buscarían la forma de convertir el bono cultural en gin-tonics.
He recordado esta anécdota tras leer que el Ministerio de Cultura ha reconocido que el bono cultural se ha utilizado para pagar entradas de discoteca y consumiciones desde la primera edición (vamos por la cuarta). Cultura insiste en que el importe corresponde al 0,3% del gasto total y que el resto del bono se utilizó correctamente. Lo dudo. Si la picaresca del hijo de mi amigo y sus colegas está tan extendida como parece, el fraude probablemente sea mucho mayor de lo que sugieren las cifras oficiales.
Ha querido la casualidad que esta semana leyéramos que, según el último barómetro publicado del Instituto de Estudios Fiscales, el 30% de los menores de 40 años asegura que vivirían mejor sin impuestos. Hay quien pretende atribuir este deterioro de la conciencia fiscal a los influencers, los políticos anarcocapitalistas y a esos youtubers que se mudan a Andorra. Es una teoría ingeniosa. Y tiene la ventaja de eximir al Estado de cualquier responsabilidad en el desplome.
Los usos y abusos del bono cultural no significan mucho en cuanto a cifras, pero poseen una fuerte carga simbólica. Un Estado que grava fuertemente el trabajo y, al mismo tiempo, distribuye el dinero público sin rigor no debería sorprenderse si contribuyentes y beneficiarios se vuelven suspicaces. El bono es solo un ejemplo pintoresco. Los hay de mayores y de peores consecuencias: una televisión pública convertida en instrumento de propaganda; empresas públicas e instituciones que funcionan como agencias de colocación; infraestructuras que se deterioran mientras el Gobierno inaugura un nuevo observatorio. Con estos mimbres no hace falta suscribirse a un canal libertario para cuestionar el retorno real de los impuestos. Claro que un Estado del bienestar requiere una financiación colectiva potente. Pero si los ciudadanos tenemos el deber moral de contribuir, los gobiernos tienen el deber moral de gastar con responsabilidad.
Ayer llegaron mejores noticias. El Gobierno andaluz anunció que cubrirá el tratamiento del pequeño Leo, que padece una enfermedad rara conocida como «piel de mariposa». Muchos han sacado la conclusión obvia: para esto pagamos impuestos. Bien dicho. Pero la lección va en ambos sentidos. Precisamente porque los impuestos hacen posible estos milagros, los gobiernos tienen la obligación de demostrar -euro a euro- que el dinero público no se malgasta en propaganda. La moral fiscal no depende tanto de los discursos fatuos sobre solidaridad como de las señales que se envían con cada partida de gasto.
