Hay seis detenidos por supuestas irregularidades en la adjudicación a una empresa que presta servicios relacionados con el turismo y el medio ambiente Leer Hay seis detenidos por supuestas irregularidades en la adjudicación a una empresa que presta servicios relacionados con el turismo y el medio ambiente Leer España // elmundo
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El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha mostrado su «total tranquilidad» ante la operación anticorrupción en el Ayuntamiento de Soria, del que ha sido alcalde durante los últimos 19 años. En declaraciones enviadas a los medios, reclama «respeto y prudencia» ante «las noticias confusas» que, según señalan en su equipo, «se han trasladado en algún momento» sobre esta intervención, que se ha saldado con seis detenidos.
El registro efectuado el martes por la Guardia Civil durante casi 12 horas basa en las supuestas irregularidades en contratos públicos adjudicados a una empresa que presta servicios relacionados con el turismo y el medio ambiente. Entre los arrestados está la edil responsable de estas materias, Yolanda Santos, para quien el partido ha pedido la suspensión de militancia «respetando sus garantías jurídicas y la presunción de inocencia», informa Efe.
En el PSOE de Castilla y León explican que Martínez está «al tanto de la investigación iniciada» mientras se encuentra en Tánger, donde asiste al Foro de Ciudades Intermedias. A su vuelta, tiene previsto este asistir este jueves a la Junta de Portavoces de las Cortes autonómicas.
El origen de las pesquisas en el Ayuntamiento de la capital de provincia menos poblada de la comunidad se encuentra en los contratos efectuados con la empresa Biosfera Soria S.L., de la que fue administradora la concejala de Turismo y Medio Ambiente. Lo mismo ocurre con el resto de detenidos en la operación: todos ellos son ex administradores, administradores solidarios o administrador único o tienen vinculación con la firma.
Los arrestados están acusados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La investigación se habría iniciado tras una denuncia ante Fiscalía de un empresario del sector.
