Eugenio Domínguez admitió a UCOMA que fue el socio del ex número 2 del PSOE quien le puso en contacto con la firma de Samper, que le propuso arreglarle la jubilación y le pagó cinco millones Leer Eugenio Domínguez admitió a UCOMA que fue el socio del ex número 2 del PSOE quien le puso en contacto con la firma de Samper, que le propuso arreglarle la jubilación y le pagó cinco millones Leer España // elmundo
El alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en época de Teresa Ribera detenido hace una semana, Eugenio Domínguez, confesó a la Guardia Civil que fue Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, quien le conectó con el entorno de Forestalia, la empresa aragonesa de energías renovables que según la Benemérita le terminó pagando cinco millones de euros en sobornos a cambio de barra libre en sus proyectos eólicos.
Según consta en el nuevo informe de la rama de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa (UCOMA), a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO, Domínguez, entonces subdirector de Evaluación Medioambiental del Ministerio y por tanto con gran poder a la hora de autorizar o denegar proyectos de decenas de millones de euros, admitió en su declaración ante los agentes que fue un conocido suyo del gremio de la renovables, el empresario Ignacio López Galiacho, quien en determinado momento le presentó a alguien que quería conocerle: se trataba de Antxon Alonso.
El dueño de Servinabar, imputado en el ‘Caso Koldo’ y socio de Santos Cerdán en la firma -el ex número 2 del PSOE se hizo con un 45% de la firma por contrato privado-, ya había llevado antes a Fernando Samper a Navarra, pero el empresario aragonés necesitaba algo más: entrar de alguna manera en el círculo de autorización de sus proyectos en Madrid.
Samper tenía absolutamente copado Aragón con sus proyectos, y su influencia en el Inaga, el instituto regional que autorizaba los proyectos de menos de 50 watios, era total, como han podido constatar los investigadores de la Guardia Civil, que han registrado cómo dominaba esa esfera. Sin embargo, cuando los proyectos no eran troceables y el permiso debía venir de Madrid por superar esa producción energética, su poder decrecía.
Fue por eso, afirman las pesquisas, que buscó una ‘puerta’ en el Ministerio de Teresa Ribera. A través de López Galiacho, Antxon, el presunto corruptor tanto en esta investigación como en ‘Koldo’ e incluso en el ‘Caso Leire’ -donde se trataba de conseguir ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-, llegó a Domínguez, un ex técnico devenido en subdirector que enfilaba en ese momento el final de su carrera.
Alonso, así, siempre según la declaración de Domínguez a los agentes -no sólo verbalizada, sino también firmada-, puso en contacto al alto cargo del Ministerio de Ribera, que había hecho de los proyectos de renovables un asunto de Estado, con uno de los lugartenientes de Samper, de nombre Roberto Pérez Águeda.
Y fue Pérez Águeda, uno de los también investigados a la detención de Samper y Domínguez, quien le propuso a este último el trato: se le iba a arreglar la jubilación. Sólo tenía que asegurar que determinados proyectos salían adelante.
Fue entonces cuando, como contó este diario en noviembre pasado, Domínguez comenzó a dar permisos sin ton ni son, e incluso a perder de alguna forma el control: acaparó él solo, en su ordenador, tantos expedientes de declaración de impacto ambiental como el medio centenar de subordinados a sus órdenes juntos.
Su actitud comenzó a llamar tanto la atención que alguno de estos últimos se salió del departamento, en previsión de lo que pudiera pasar, y ante las negativas de otros a sus presiones para agilizar expedientes comenzó a derivar otros a Tragsa.
En ese momento ya había comenzado a tejer el paraguas societario bajo el cual recibiría los cinco millones de euros de cohecho, tal y como se le acusa ahora. Antxon Alonso, de hecho, iba a participar también en esa maniobra, como socio de la mercantil Next Generation Caliope Innova, que formaba parte del entramado.
A Domínguez y su mujer se les dijo que adquirieran participaciones en dos firmas, Caliope Smart Energy y Caliope Energy Greem, y estas fueron participadas por otra cargada con esa cantidad: los cinco millones de soborno.
Todo se oficializó, en privado, en una notaría madrileña cuyo titular está ahora también imputado. Los agentes aquietaron los documentos en la notaría ante la imposibilidad legal de hacerse con ellos, y cuando obtuvieron la autorización judicial lo confirmaron: Domínguez y su esposa, también detenida, habían tomado el 100% del capital/cohecho.
A mediados de 2023 el subdirector llegó a su edad de jubilación, pero mágicamente un contrato para él surgió de la nada: directamente de la Secretaría de Estado, como «premio» por los servicios prestados, como él mismo afirmó a EL MUNDO en noviembre pasado. Un contrato de libre designación política, como asesor nivel 30, «para seguir dando salida a proyectos», afirmó a este diario. En realidad, Domínguez, como ha admitido ahora al UCOMA de la Guardia Civil, estaba cobrando por detrás por ello.
Su protectora durante todo este tiempo fue la entonces y ahora directora de Calidad y Evaluación Mediambiental, Marta Gómez Palenque, con él imputada actualmente en otro juzgado madrileño por otra prevaricación que Fiscalía de Medio Ambiente ve palmaria: un gigantesco parque fotovoltaico impulsado por Iberdrola en Alcántara (Cáceres), con casi 150 millones de presupuesto de los cuales 22 son de ayuda pública.
Aunque Fiscalía aseveró en su momento sin género de duda que se había prevaricado al conceder la instalación en un lugar protegido medioambientalmente, luego el Ministerio Público no se presentó en la declaración judicial de ambos, alegando que la instrucción ha superado su plazo. No piensa lo mismo el magistrado, curiosamente, por reparto, el juez Juan Carlos Peinado, ni tampoco la acusación, la ONG extremeña Fondenex. Se decidirá en breve, pero la intención de Fiscalía, en un procedimiento que apunta tanto al Ministerio como a un parque ya construido de Iberdrola, es tirar abajo la causa, en que admitió prevaricación de manual.
Con la emergencia de Antxon Alonso en la investigación de UCOMA se conectan, así, las pesquisas de esta pata del Seprona por irregularidades en la aprobación del gigantesco Clúster del Maestrazgo (Teruel), con las de la UCO en el ‘Caso Leire’. De nuevo, el nexo, el gran conseguidor, sería Alonso, la bisagra que haría girar las puertas. Y, detrás de él, en contratos multimillonarios, como nadie pierde de vista en los sucesivos procedimientos judiciales, nada menos que el ex número 2 del PSOE, el hombre fuerte del partido, Santos Cerdán.
