La memoria con la que se confeccionó la norma incluía un esfuerzo presupuestario para fomentar las empresas innovadoras que, en realidad, ha sido prácticamente nulo Leer La memoria con la que se confeccionó la norma incluía un esfuerzo presupuestario para fomentar las empresas innovadoras que, en realidad, ha sido prácticamente nulo Leer
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La Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, mucho más conocida como la Ley Startup, se acerca a los cuatro años en vigor y, sin embargo, la eficacia de la normativa sigue estando muy discutida, como constata un informe encargado por el mismo Gobierno en el que se relata su casi nulo impacto fiscal. Se trata de uno de los trabajos elaborados por el Foro Nacional de Empresas Emergentes que hace balance y constata que entre 2023 y 2024 apenas se concedieron 4 millones de euros en deducciones fiscales en el impuesto de sociedades en virtud de la normal una cifra minúscula si se tiene en cuenta que el Gobierno estimaba en sus documentos preparatorios un impacto de más de 2.000 millones de euros en la recaudación.
Esto se debe a un aspecto ya criticado en el momento de redacción del proyecto. La medida fiscal estrella era una reducción durante cuatro años de 10 puntos en el impuesto de sociedades, del 25% al 15%. El problema es que la inmensa mayoría de empresas a las que va dirigida la ley no generan beneficios, por lo que no pagan este gravamen.
Para calcular esta factura, el Ministerio de Economía dirigido entonces por Nadia Calviño entendía que habría 5.000 compañías con el sello de ‘empresa emergente’ y dos millones de euros de facturación media. Sin embargo, actualmente, la cifra de compañías certificadas por Enisa está cerca de la mitad de las previsiones. De estas, solo 365 marcaron en su declaración de sociedades la casilla para acogerse a la deducción.
La ley fue aprobada por consenso en el Congreso de los Diputados y celebrada en público por el sector, aunque en segundo plano siempre ha comentado que se quedaba corta y el grueso de las medidas no eran sustanciales. De hecho, justo antes de convocar elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una revisión del texto y el lanzamiento de la Ley Scaleup, con la vocación de que más empresas innovadoras pudieran verse beneficiadas por este marco legislativo. Hace más de un año ya inició los contactos en la línea con los movimientos europeos para fomentar la inversión en empresas tecnológicas.
El informe, uno de los trabajos realizados este año por este consejo asesor controlado por el Gobierno, también constata el fracaso de la reforma de los planes de acciones para empleados y su nuevo tratamiento fiscal. No solo no se han popularizado, sino que en los años en vigor de la legislación cada vez menos empresas han optado por esta vía para atraer al talento con un porcentaje de la empresa. De 194 compañías que otorgaron las llamadas stock options en 2023 se pasó a 144 en 2024.
Por ello, los integrantes de la comisión abogan por reformular las medias y hacer un análisis más profundo, especialmente en aquellos instrumentos «donde la baja capacidad para generar beneficios condiciona el acceso a algunos incentivos», así como nuevos incentivos para los inversores en fondos de capital riesgo.
No todas las medidas han dejado una huella testimonial. Existen dos que se puede considerar que han cumplido su objetivo. Una es el aumento de hasta 100.000 euros de la deducción fiscal por invertir en compañías de nueva creación, que provocó que el año después de aprobar la ley el número de ciudadanos que apostaba por este tipo de compañías se disparase un 32%, pese a que el contexto general de las startups en 2023 era malo.
Por otro, la normativa también incluía medidas para facilitar la expedición de visados a emprendedores y trabajadores cualificados que quisieran trabajar en España con un régimen fiscal especial. Esta medida se ha vuelto especialmente efectiva con los llamados nómadas digitales, personas que teletrabajan para empresas extranjeras desde España y cuya presencia se ha multiplicado tras la pandemia. El último censo recogido en el informe habla de que en septiembre de 2025 se superaron los 40.000 trabajadores en este régimen, cuatro veces los que había en enero de 2024.
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