Los sindicatos advierten de que no cerrarán ningún acuerdo con el Gobierno hasta que la norma vea la luz, incluida la nueva subida del salario mínimo Leer Los sindicatos advierten de que no cerrarán ningún acuerdo con el Gobierno hasta que la norma vea la luz, incluida la nueva subida del salario mínimo Leer
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Yolanda Díaz ha incumplido su promesa de aprobar la reforma del registro horario en septiembre. El proyecto de Real Decreto, cuya tramitación urgente fue activada en Consejo de Ministros hace ya más de un año, tropezó primero con las reticencias del Ministerio de Economía y después con el dictamen desfavorable del Consejo de Estado. La vicepresidenta, que lanzó esta iniciativa para intentar compensar el fracaso parlamentario de la reducción de la jornada laboral, lleva meses asegurando que la nueva normativa se implantaría de manera inminente. Pero los continuos retrasos han provocado el hartazgo de los sindicatos, que ya en julio dieron un ultimátum al Gobierno y advirtieron de que no volverían a poner su firma en acuerdos que después no se materializan.
El ultimátum sindical está vigente, según confirman fuentes de CCOO y UGT. «El compromiso sigue sin cumplirse y si los compromisos firmados no se cumplen, no tiene sentido comprometer otras cosas», sentencian desde una de las centrales. Tras el primer aviso de Unai Sordo y Pepe Álvarez a principios de verano, Díaz logró arrancar un pacto con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para tramitar el registro horario en septiembre. Pero el plazo se ha agotado y en estos momentos no hay un calendario sobre la mesa. Ni siquera la garantía de que, efectivamente, el nuevo texto vaya a aterrizar en algún momento en el Consejo de Ministros.
«No sabemos nada». «No tenemos información». «Están crípticos». Son algunos de los comentarios con los que responden en los sindicatos cuando se les pregunta por este asunto pendiente. Las prioridades políticas de la coalición se han centrado en los últimos días en sacar adelante los decretos Maricarmen tras el estallido social por la crisis de vivienda y en concretar el nuevo paquete de ayudas para paliar la escalada de la inflación derivada de la guerra en Irán. No obstante, en el diálogo social a nadie se le escapa que el Ejecutivo lleva meses demorando una iniciativa que es conflictiva dentro y fuera del Gobierno. Y que, en la práctica, este incumplimiento de Díaz aboca al bloqueo de las mesas abiertas en un momento, además, muy delicado por la presión que ya están ejerciendo los precios sobre negociaciones clave como las salariales.
En el equipo de Díaz admiten que, a estas alturas, no tienen un calendario previsto. Sí aseguran que las diferencias con Economía están superadas, aunque no concretan en qué aspectos. Cabe recordar que Cuerpo cuestionó varios elementos del proyecto que pretende implantar en las empresas un registro horario obligatorio, digital e interoperable por la Inspección de Trabajo en tiempo real, como la falta de adecuación por sectores o la carga extra que supondrá para las pymes. Estos puntos fueron recogidos en el demoledor dictamen del Consejo de Estado, que también se mostró contrario a la aprobación del proyecto vía Real Decreto y no con una norma con rango de ley. En teoría, Trabajo y Economía llevan meses adaptando el texto a las recomendaciones de este órgano consultivo para evitar que la norma acabe en los tribunales, si bien ayer mismo desde ambos ministerios afirmaban que aún se están «solventando» estas cuestiones.
En su programa para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Díaz ha exhibido como uno de sus principales activos la treintena de acuerdos de diálogo social que acumula como ministra. Sin embargo, en la recta final de su campaña podría encontrarse con un bloqueo total. Los sindicatos insisten en que no van a cerrar nuevos acuerdos hasta que el registro horario vea la luz. Mientras, los empresarios mantienen su rechazo total a todas las medidas que parten del Ministerio de Trabajo. Por delante, negociaciones tan relevantes como la nueva subida del salario mínimo (SMI), abocada al fracaso si Díaz no consigue desbloquear su agenda política. Todo ello, poniendo en juego el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables en plena escalada de la inflación.
Pero no peligran solo las negociaciones salariales. En estos momentos hay varias mesas de diálogo social en marcha, entre ellas, la que debate la nueva estrategia para activar el empleo entre los jóvenes y los parados de larga duración o la que estudia la transposición de la directiva europea sobre transparencia salarial. Además, existe otra negociación abierta sobre la iniciativa ministerial para dar entrada a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas y una más en la que se está abordando la reforma de la indemnización por despido. Y en breve se añadirá la que ha anunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del Plan IA360 para abordar la regulación de la inteligencia artificial en las relaciones laborales.
El atasco en todas estas mesas, que apenas han logrado avances en los últimos meses, se agravará si el Gobierno sigue retrasando la aprobación del registro horario, ya que al rechazo de la patronal se sumará la negativa de los sindicatos a pactar si Díaz no materializa su compromiso.
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