La ley sale adelante con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Todos los grupos, salvo PSOE y Sumar, exigen al presidente revertir el giro «unilateral» por el que cedió en 2022 a las aspiraciones de Marruecos sobre el Sáhara Leer La ley sale adelante con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Todos los grupos, salvo PSOE y Sumar, exigen al presidente revertir el giro «unilateral» por el que cedió en 2022 a las aspiraciones de Marruecos sobre el Sáhara Leer España // elmundo
La concesión de nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes, que hoy ha aprobado la Cámara Baja con 168 votos a favor frente a 145 abstenciones y 31 votos en contra, llega, tras dos años de tropiezos parlamentarios, en un momento de máxima tensión política tras la avalancha migratoria sobre Ceuta y cuando la mayoría de los grupos parlamentarios alberga enormes suspicacias hacia el régimen marroquí.
El debate de la iniciativa, que ahora seguirá su tramitación en el Senado, se ha convertido en un carrusel de acusaciones a la «dictadura marroquí» y reproches acerados a Pedro Sánchez por haber cambiado unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara cediendo a las aspiraciones de soberanía por parte de Rabat.
«Injusticia histórica», «Sáhara libre», «responsabilidad española» son expresiones que se han repetido en boca de los representantes de todos los grupos parlamentarios, que no han dudado en reclamar al presidente del Gobierno «revertir» su decisión de marzo de 2022 cuando «clandestina y unilateralmente» se plegó a las exigencias de Rabat. En este sentido, prácticamente toda la Cámara, con la salvedad de los socialistas, ha considerado insuficiente la norma que a partir de ahora beneficiará a los saharauis, que vieron cómo se les arrebataba su nacionalidad española en 1977, para resarcirles del abandono que por parte de España padecen desde entonces y que, en opinión de muchos, se ha visto agravada por la política «sumisa» de Sánchez hacia Rabat.
En el curso de la sesión, las críticas al Gobierno y en concreto al presidente han sido constantes. ERC acusó a los socialistas de «traicionar» a los saharauis por más que hoy estos hayan votado a favor de concederles la nacionalidad. Esquerra incluso cree que, con la decisión de hoy, el PSOE intentará dar por zanjada la causa del pueblo saharaui, que «pasará al olvido».
Los populares hicieron también hincapié en la «sumisión» del presidente del Gobierno a Rabat y le acusaron abiertamente de utilizar la política exterior en función de sus intereses personales, no los del país ni los de los saharauis. La actitud de defensa del régimen marroquí que está adoptando el Ejecutivo en relación con la avalancha migratoria en Ceuta les puso en bandeja los argumentos para la arremetida. «Aquí algo huele mal, muy mal», dijo su diputado, Pedro Muñoz Abrines.
El PNV, EH Bildu y el BNG han urgido abiertamente a Sánchez a dar marcha atrás y volver a la posición histórica defendida por España en relación con el Sáhara. Los nacionalistas vascos, por boca de Mikel Legarda, han insistido en que el paso dado por Sánchez en marzo de 2022 fue un «giro radical, unilateral e incomprensible». Una decisión que se adoptó en contra del Congreso y sin explicaciones a la ciudadanía. El representante del BNG, Néstor Rego, insistió en que la concesión de nacionalidad es un «paso simbólico muy importante» pero que, en ningún cas, «sustituye la responsabilidad del Estado español en la actual situación de opresión marroquí sobre el Sáhara».
El representante de Junts se preguntó si la «sumisión» de Sánchez a la dictadura marroquí es fruto del miedo a que Rabat tenga información que le afecte, captada a través de Pegasus. Junts acusó al presidente del Gobierno de incoherencia y tacticismo y le reprochó querer ahora «un poco de oxígeno después de haber dejado a los saharauis en manos de Marruecos«.
Enrique Santiago (Sumar) evitó lanzar reproches abiertos y directos a los socialistas y antes de ceder la palabra a la diputada saharaui, Tesh Sidi, instó a los grupos parlamentarios a aprobar «por unanimidad» la nacionalización propuesta. Sidi, que ha batallado sin descanso por sacar adelante la iniciativa, insistió en que con la decisión que hoy se aprueba «se devuelve el DNI a quienes lo tenían y el Estado se lo quitó».
Con esta decisión, dijo, «se repara una injusticia histórica». «El pueblo saharaui necesita hechos», recalcó, citando a todos los que abarrotaron la tribuna de invitados del Congreso y los más de un centenar que seguían la sesión desde la sala Ernest Lluch de la Cámara. Sidi insistió, dirigiéndose a la bancada del PP, en que en este caso «no vale la abstención», porque con ella «se da la razón a Marruecos».
Vox pidió ayudar al pueblo del Sáhara «sin sometimiento a Marruecos ni a Argelia«. «No podemos cambiar la historia con el BOE», aseguró su diputado, quien hizo hincapié en que de acuerdo con la ley que se aprueba «no hay suficientes garantías ni controles» respecto a los documentos que deben proporcionarse para acceder a la nacionalidad. «Hay que exigir muchísimo más», ha recalcado el representante de Vox.
El PSOE intentó zafarse de las críticas que se le lanzaron. Su representante, Artemi Rallo, habló de «día histórico» y de «restitución de derechos», de «vínculo fraternal» entre españoles y saharauis y acusó al PP de «tratar de confundir» e «instrumentalizar a los saharauis». En su intervención no hubo ni una sola mención al cambio de posición que decidió Pedro Sánchez en 2022. Tampoco a las oscilaciones de los socialistas, que en un principio votaron en contra de admitir a trámite la norma. Bien al contrario, Rallo ha insistido en que la ley no sería posible «sin el compromiso valiente de un Gobierno progresista».
De acuerdo con la ley, podrán solicitar nacionalidad española, por carta de naturaleza, las personas nacidas en el territorio del Sáhara occidental antes del 29 de septiembre de 1977. Los requisitos probatorios que deben acompañar a su solicitud pueden ser el DNI (aunque esté caducado), el certificado de nacimiento o el libro de familia, entre otros. Igualmente cita certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir españoles u otros documentos expedidos por autoridades administrativas españolas en los que conste la fecha de nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977.
El procedimiento de solicitud de la nacionalidad tendrá un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la ley. La resolución sobre la solicitud deberá pronunciarse en un plazo máximo de un año. la ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE.
