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En esta legislatura tan salpicada de situaciones insólitas, hay que apuntar un nuevo capítulo. Sumar va a votar por primera vez en contra de un real decreto ley impulsado por el Gobierno del que forma parte. En concreto, rechazará la regulación de los lobbies que salió aprobada por el Consejo de Ministros y que Pedro Sánchez comprometió con la Unión Europea. Es una medida de la que depende una partida de fondos comunitarios, que algunas fuentes cuantifican en más de mil millones de euros.
El rechazo del socio minoritario a la convalidación del real decreto sume en más incertidumbre la votación del Congreso, donde todavía está por definir cuál va a ser la posición del PP. Sin Sumar, y también sin Junts, que sobre la tribuna ha confirmado que no apoyará el decreto, los votos populares dictarán si el texto es rechazado y si el Gobierno encaja una dura derrota.
Fuentes oficiales de Sumar señalan que el voto de su grupo parlamentario será en contra porque rechazan que los sindicatos sean considerados como grupos de interés, equiparándolos a otros sectores que buscan ejercer influencia para sacar beneficios económicos. «Se ha cometido un gravísimo error», ha verbalizado sobre la tribuna el diputado de la coalición Carlos Martín, que ha tildado de «dislate» no «proteger la tarea constitucional» de los sindicatos al darles la consideración de lobbies.
El voto de Sumar ha transitado en las últimas horas de la «abstención» al no porque también hay malestar dentro del socio minoritario con la negociación que ha llevado a cabo el PSOE y, en concreto, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, de Óscar López, que es el departamento que está detrás de este real decreto.
Sobre la tribuna del Congreso, el ministro se ha dirigido veladamente a su socio de Gobierno para tratar de amainar su descontento, asegurando que «obviamente el diálogo social queda excluido de la regulación de lobbies«. Y, «para mayor garantía de quien pueda tener ninguna duda», López ha lanzado un compromiso a Sumar: si se aprueba el decreto, el Gobierno promulgará otro decreto antes de que acabe octubre con una «modificación aclaratoria» para «reforzar la idea de que el diálogo social queda al margen de la regulación de lobbies«. El diputado de Sumar le ha reclamado que se comprometa a hacerlo en una fecha concreta, y el ministro ha señalado que será «el primer decreto ley que venga a [la] Cámara» en octubre.
Sumar ha mantenido en esta legislatura choques parlamentarios con el PSOE en algunas votaciones, pero hasta ahora no había votado en contra de un decreto del Gobierno. Lo más cerca que estuvo fue con el proyecto de la Ley del Suelo salido del Consejo de Ministros y que el PSOE se vio obligado a retirar a última hora del orden del día para evitar una fractura del Ejecutivo y una contundente derrota en la Cámara.
Así, solo el decreto que regula los lobbies provocará que los socios de La Moncloa voten en bandos separados ante un texto salido de su Consejo de Ministros. Todo pese a que se trata de una norma impulsada siguiendo el criterio de Bruselas y que el Gobierno enmarcó en su Plan de Acción por la Democracia, presentado hace ahora dos años y que tiene su origen en los cinco días de reflexión de Sánchez.
El decreto recoge quiénes tienen la consideración de lobby -grupo de interés-, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibir esa influencia -«personal y/o cargos públicos»-. Asimismo, la norma establece la creación de un registro estatal de lobbies, al que están obligados a inscribirse los grupos de interés -asociaciones y consultoras ya se han apuntado en el registro abierto el pasado 4 de septiembre, aunque no lo han hecho la mayoría de bancos y empresas del Ibex-. Por su parte, el personal público susceptible de influencia deberá informar públicamente de todas las reuniones y contactos que mantenga con lobbies.
El ministro López ha presentado la norma como un «mecanismo de control democrático» y, adelantándose a las críticas de la oposición, ha cuestionado que se pueda votar en contra de que «el Gobierno eleve los controles sobre el Gobierno». Pero esto no ha aplacado los reproches.
La diputada del PP Edurne Uriarte ha afeado que se pretenda aprobar la regulación de los lobbies por la vía del decreto alegando «urgencia». «Ha habido dejación, ineficacia e irresponsabilidad», ha contrapuesto la parlamentaria, instando al Ejecutivo a retomar la tramitación del proyecto de ley que tenía el mismo fin y permanece estancado en el Congreso. La popular, además, ha secundado el argumento de Sumar y ha rechazado que en el texto se «elimina el papel constitucional de sindicatos y organizaciones empresariales». Por su parte, Vox tampoco apoyará el decreto, y enmarca la decisión en su estrategia de no respaldar ninguna iniciativa impulsada por el Gobierno.
En un debate negro para el PSOE, con la derecha a la contra y Sumar y Junts dándole la espalda, otro de los socios habituales de Sánchez, el PNV, también ha dejado en el aire su voto al decreto, reclamando al Ejecutivo que elabore un nuevo texto «con menos densidad normativa». «Menos ambición y más realismo», en palabras del diputado Mikel Legarda, que igualmente ha reclamado al ministro mayor esfuerzo negociador para consensuar la regulación de lobbies. Aunque en el proyecto de ley que se negociaba en el Congreso se aceptaron enmiendas de diversos grupos, el decreto no es idéntico a aquel texto -por ejemplo, el proyecto de ley sí excluía a los sindicatos de la consideración de grupos de interés-.
