La violación de una menor en los alrededores del centro de acogida de Hortaleza aviva la guerra política entre administraciones del PP y el PSOE mientras Vox convoca una manifestación ante el recinto Leer La violación de una menor en los alrededores del centro de acogida de Hortaleza aviva la guerra política entre administraciones del PP y el PSOE mientras Vox convoca una manifestación ante el recinto Leer España // elmundo
Primero fue Torre-Pacheco, después Jumilla y ahora el madrileño barrio de Hortaleza es el último punto caliente en torno a la inmigración en nuestro país. La presunta violación de una adolescente por parte de un menor de origen marroquí del centro de acogida y la posterior agresión de dos encapuchados a tres inmigrantes instalados en el recinto han reabierto la batalla política por la cuestión migratoria y aviva las críticas al plan de acogida del Gobierno, entre acusaciones de creciente inseguridad en el entorno de estos centros.
Una tesis que defiende el Partido Popular madrileño de Isabel Díaz Ayuso, quien ha endurecido en las últimas horas el tono y asevera que los menores inmigrantes cada vez llegan «más agresivos y en peores condiciones», mientras el Ejecutivo central fomenta el efecto llamada para luego desentenderse y culpar a las regiones de los incidentes ocurridos.
La dinámica la viene denunciando el PP en diferentes autonomías desde hace tiempo, pero la Comunidad de Madrid ha optado ya por evidenciar la nula interlocución entre regiones y el Gobierno incluso en los casos más conflictivos: con el incidente del pasado sábado en Hortaleza, la Consejería de Asuntos Sociales ha remitido hasta en 38 ocasiones a Delegación del Gobierno expedientes en los que solicita el reagrupamiento familiar del menor alegando «imposibilidad de integración». Fuentes de la Comunidad de Madrid aseveran que hasta la fecha no se ha tramitado ni una de las devoluciones solicitadas.
Entre estos expedientes, además del del menor detenido el sábado por la agresión a una adolescente en las afueras del centro -y que se encuentra ahora internado en régimen cerrado-, figuran por ejemplo el de cuatro implicados en la reyerta registrada a principios de abril en el centro de La Cantueña (Fuenlabrada), pero hay todo tipo de casos en los que se justifica que el menor «no ha logrado integrarse» y por ello se pide la devolución con su familia. Las solicitudes se han multiplicado en apenas tres meses, ya que a principios de junio eran 19 las peticiones de reagrupamiento trasladadas a la Delegación del Gobierno y en la actualidad rozan las 40. El último caso remitido para su devolución data del 8 de agosto.
La crisis migratoria y el acuerdo para la acogida de inmigrantes ha marcado buena parte de la actualidad política nacional del verano. También en la Comunidad de Madrid, donde a finales de julio el Ayuntamiento de Pozuelo, del PP, ordenó el cierre del centro de inmigrantes. Una decisión que hace escasos días fue recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras, todas las fuerzas de la oposición madrileña, a izquierda y derecha de Ayuso, cargan contra la gestión migratoria de la presidenta regional. Por varios motivos: desde la utilización de un caso «específico» para «esparcir racismo», como opinan en Más Madrid, al «oportunismo» que ve Vox en el constante equilibrismo de la dirigente popular, que ha subido el tono contra el reparto migratorio pero se niega a cerrar los centros de acogida, como reclaman los de Santiago Abascal, que hoy se manifestarán en Hortaleza, donde los vecinos denuncian una creciente inseguridad y la tensión se ha disparado tras los últimos incidentes registrados.
El Gobierno, en contra de estas acusaciones, asevera que la criminalidad ha bajado y cifra en 30 la solicitudes que ha recibido de devolución de menores por parte de la Comunidad. Ayer el delegado del Gobierno, Francisco Martín, evitó pronunciarse sobre cuántas solicitudes ha ejecutado: «Procederemos a la gestión como marca la normativa con cada uno de estos expedientes.Estamos en ello», se limitó a expresar, al mismo tiempo que reclamó a Ayuso centrarse en la gestión de estos centros para evitar incidentes de este tipo.
Unas acusaciones que no han gustado en la Puerta del Sol, donde creen que Martín «echa balones fuera» para no asumir responsabilidades. «El Gobierno regional está ejerciendo sus funciones y está realizando su trabajo, lo que no está haciendo el delegado del Gobierno», opinó el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, que ayer salió en defensa de la Administración regional madrileña.
