La paciencia de la Comisión Europea tiene un límite. Hace casi siete meses que Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España por el poder de veto sobre fusiones bancarias que mantiene el ministro de Economía y que fue utilizado ‘de facto’ para prohibir la unión de BBVA y Banco Sabadell en plena opa. El Gobierno prometió acabar con esa parte de la legislación pero ha incumplido el compromiso. Ante esta situación, el Ejecutivo se expone a que la UE le lleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en pocos meses, y cada vez está más cerca. A finales de junio, el Consejo de Ministros prohibió durante tres años la fusión de BBVA y Sabadell . Aquello fue la gota que colmó el vaso en Bruselas, que menos de un mes después decidió incoar un procedimiento de infracción contra España. «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», señaló Bruselas, al tiempo que añadía que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».Bruselas menciona dos legislaciones. Por una parte, la de competencia se refiere a la capacidad que tiene el Ejecutivo de endurecer, mantener o suavizar las condiciones que fije la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en operaciones corporativas; por otra, la bancaria, que es la que expresamente dota al ministro de Economía de la facultad de poder vetar fusiones. Lo que hizo el Gobierno en la opa de BBVA fue utilizar la primera de esas normativas, pero ‘de facto’ estaba recurriendo también a la segunda.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno promete a Bruselas que eliminará su poder de veto sobre fusiones bancarias Daniel Caballero El Ejecutivo contesta por carta a la Comisión Europea sobre el expediente que le abrió a raíz de la intervención en la opa de BBVA sobre el SabadellDespués de fracasar la opa de BBVA, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le prometió a Bruselas que cambiaría la legislación española para eliminar su poder de veto y que la responsabilidad recayera en los supervisores, es decir, Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España, según el caso. El Ejecutivo, eso sí, dejaba la puerta abierta a seguir pudiendo intervenir en operaciones corporativas en el seno del análisis de la CNMC , aunque la posibilidad de prohibir fusiones quedaría eliminada.Aquella promesa ha caído en saco roto. Y Bruselas toma nota de los nulos avances que ha acometido el Gobierno. La Comisión Europea está esperando movimientos de Carlos Cuerpo de cara a dar los próximos pasos en el procedimiento de infracción. Esos pasos serían un dictamen motivado exigiendo ya oficialmente enmendar el problema y, si el Ejecutivo no lo hace, ahí ya sí demandarían al país ante el TJUE, con la posibilidad de sanciones. Todas las opciones están abiertas en este momento y la realidad es que, según fuentes financieras, este es un asunto que preocupa en Europa.John Berrigan, director general para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capital de la Comisión Europea, es claro sobre la postura de Bruselas sobre las operaciones bancarias. «La Comisión es favorable a la competencia en los mercados y hay reglas europeas que la defienden. Cuando una fusión –transfronteriza o no– no encuentra objeción por parte de las autoridades de competencia o por parte de las autoridades prudenciales, no debe ser impedida», indica, en un claro dardo al Gobierno español por su actuación en la opa de BBVA. Bruselas primero debería emitir un dictamen motivado para exigir el cambio de normativa y el siguiente paso ya sería la Justicia europeaLa creencia en Bruselas es de que las razones por las cuales una autoridad política debería poder impedir una operación habrían de ser escasísimas, solo por cuestiones «imperiosas» de interés general, es decir, que prácticamente nunca debería suceder. Europa aboga por suprimir este tipo de poderes de veto que tienen países como España y facilitar que haya entidades financieras más grandes para competir mejor con los homólogos americanos. Sin embargo, la posición de la Comisión de que la normativa española va contra la legislación europea choca con la postura del Ministerio de Economía. «El Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea todas las explicaciones necesarias relativas al expediente», informan desde el departamento de Cuerpo, y añaden que se trata de «normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones. Estamos plenamente convencidos de la compatibilidad de la normativa española con la legislación europea». En este caso, Bruselas es quien tiene la potestad de apretar la soga sobre el cuello de España.Europa está convencida de que España debe acabar con esto. En teoría, el Ejecutivo pensaba usar para ello la transposición pendiente de la directiva CRD VI -para la cual ya vamos tarde-, dentro de la cual de hecho se recoge que son los supervisores los que han de disponer de «todas las facultades necesarias» sobre las entidades de crédito y que por tanto son estos los que deben revisar las operaciones de fusión. Ahora, tras incumplir Cuerpo su promesa, no está nada claro que el Gobierno vaya a transitar ese camino. La paciencia de la Comisión Europea tiene un límite. Hace casi siete meses que Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España por el poder de veto sobre fusiones bancarias que mantiene el ministro de Economía y que fue utilizado ‘de facto’ para prohibir la unión de BBVA y Banco Sabadell en plena opa. El Gobierno prometió acabar con esa parte de la legislación pero ha incumplido el compromiso. Ante esta situación, el Ejecutivo se expone a que la UE le lleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en pocos meses, y cada vez está más cerca. A finales de junio, el Consejo de Ministros prohibió durante tres años la fusión de BBVA y Sabadell . Aquello fue la gota que colmó el vaso en Bruselas, que menos de un mes después decidió incoar un procedimiento de infracción contra España. «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», señaló Bruselas, al tiempo que añadía que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».Bruselas menciona dos legislaciones. Por una parte, la de competencia se refiere a la capacidad que tiene el Ejecutivo de endurecer, mantener o suavizar las condiciones que fije la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en operaciones corporativas; por otra, la bancaria, que es la que expresamente dota al ministro de Economía de la facultad de poder vetar fusiones. Lo que hizo el Gobierno en la opa de BBVA fue utilizar la primera de esas normativas, pero ‘de facto’ estaba recurriendo también a la segunda.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno promete a Bruselas que eliminará su poder de veto sobre fusiones bancarias Daniel Caballero El Ejecutivo contesta por carta a la Comisión Europea sobre el expediente que le abrió a raíz de la intervención en la opa de BBVA sobre el SabadellDespués de fracasar la opa de BBVA, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le prometió a Bruselas que cambiaría la legislación española para eliminar su poder de veto y que la responsabilidad recayera en los supervisores, es decir, Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España, según el caso. El Ejecutivo, eso sí, dejaba la puerta abierta a seguir pudiendo intervenir en operaciones corporativas en el seno del análisis de la CNMC , aunque la posibilidad de prohibir fusiones quedaría eliminada.Aquella promesa ha caído en saco roto. Y Bruselas toma nota de los nulos avances que ha acometido el Gobierno. La Comisión Europea está esperando movimientos de Carlos Cuerpo de cara a dar los próximos pasos en el procedimiento de infracción. Esos pasos serían un dictamen motivado exigiendo ya oficialmente enmendar el problema y, si el Ejecutivo no lo hace, ahí ya sí demandarían al país ante el TJUE, con la posibilidad de sanciones. Todas las opciones están abiertas en este momento y la realidad es que, según fuentes financieras, este es un asunto que preocupa en Europa.John Berrigan, director general para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capital de la Comisión Europea, es claro sobre la postura de Bruselas sobre las operaciones bancarias. «La Comisión es favorable a la competencia en los mercados y hay reglas europeas que la defienden. Cuando una fusión –transfronteriza o no– no encuentra objeción por parte de las autoridades de competencia o por parte de las autoridades prudenciales, no debe ser impedida», indica, en un claro dardo al Gobierno español por su actuación en la opa de BBVA. Bruselas primero debería emitir un dictamen motivado para exigir el cambio de normativa y el siguiente paso ya sería la Justicia europeaLa creencia en Bruselas es de que las razones por las cuales una autoridad política debería poder impedir una operación habrían de ser escasísimas, solo por cuestiones «imperiosas» de interés general, es decir, que prácticamente nunca debería suceder. Europa aboga por suprimir este tipo de poderes de veto que tienen países como España y facilitar que haya entidades financieras más grandes para competir mejor con los homólogos americanos. Sin embargo, la posición de la Comisión de que la normativa española va contra la legislación europea choca con la postura del Ministerio de Economía. «El Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea todas las explicaciones necesarias relativas al expediente», informan desde el departamento de Cuerpo, y añaden que se trata de «normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones. Estamos plenamente convencidos de la compatibilidad de la normativa española con la legislación europea». En este caso, Bruselas es quien tiene la potestad de apretar la soga sobre el cuello de España.Europa está convencida de que España debe acabar con esto. En teoría, el Ejecutivo pensaba usar para ello la transposición pendiente de la directiva CRD VI -para la cual ya vamos tarde-, dentro de la cual de hecho se recoge que son los supervisores los que han de disponer de «todas las facultades necesarias» sobre las entidades de crédito y que por tanto son estos los que deben revisar las operaciones de fusión. Ahora, tras incumplir Cuerpo su promesa, no está nada claro que el Gobierno vaya a transitar ese camino. La paciencia de la Comisión Europea tiene un límite. Hace casi siete meses que Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España por el poder de veto sobre fusiones bancarias que mantiene el ministro de Economía y que fue utilizado ‘de facto’ para prohibir la unión de BBVA y Banco Sabadell en plena opa. El Gobierno prometió acabar con esa parte de la legislación pero ha incumplido el compromiso. Ante esta situación, el Ejecutivo se expone a que la UE le lleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en pocos meses, y cada vez está más cerca. A finales de junio, el Consejo de Ministros prohibió durante tres años la fusión de BBVA y Sabadell . Aquello fue la gota que colmó el vaso en Bruselas, que menos de un mes después decidió incoar un procedimiento de infracción contra España. «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación española en materia bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, vulneran las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales con arreglo a la normativa bancaria de la UE», señaló Bruselas, al tiempo que añadía que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».Bruselas menciona dos legislaciones. Por una parte, la de competencia se refiere a la capacidad que tiene el Ejecutivo de endurecer, mantener o suavizar las condiciones que fije la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en operaciones corporativas; por otra, la bancaria, que es la que expresamente dota al ministro de Economía de la facultad de poder vetar fusiones. Lo que hizo el Gobierno en la opa de BBVA fue utilizar la primera de esas normativas, pero ‘de facto’ estaba recurriendo también a la segunda.Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno promete a Bruselas que eliminará su poder de veto sobre fusiones bancarias Daniel Caballero El Ejecutivo contesta por carta a la Comisión Europea sobre el expediente que le abrió a raíz de la intervención en la opa de BBVA sobre el SabadellDespués de fracasar la opa de BBVA, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le prometió a Bruselas que cambiaría la legislación española para eliminar su poder de veto y que la responsabilidad recayera en los supervisores, es decir, Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España, según el caso. El Ejecutivo, eso sí, dejaba la puerta abierta a seguir pudiendo intervenir en operaciones corporativas en el seno del análisis de la CNMC , aunque la posibilidad de prohibir fusiones quedaría eliminada.Aquella promesa ha caído en saco roto. Y Bruselas toma nota de los nulos avances que ha acometido el Gobierno. La Comisión Europea está esperando movimientos de Carlos Cuerpo de cara a dar los próximos pasos en el procedimiento de infracción. Esos pasos serían un dictamen motivado exigiendo ya oficialmente enmendar el problema y, si el Ejecutivo no lo hace, ahí ya sí demandarían al país ante el TJUE, con la posibilidad de sanciones. Todas las opciones están abiertas en este momento y la realidad es que, según fuentes financieras, este es un asunto que preocupa en Europa.John Berrigan, director general para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capital de la Comisión Europea, es claro sobre la postura de Bruselas sobre las operaciones bancarias. «La Comisión es favorable a la competencia en los mercados y hay reglas europeas que la defienden. Cuando una fusión –transfronteriza o no– no encuentra objeción por parte de las autoridades de competencia o por parte de las autoridades prudenciales, no debe ser impedida», indica, en un claro dardo al Gobierno español por su actuación en la opa de BBVA. Bruselas primero debería emitir un dictamen motivado para exigir el cambio de normativa y el siguiente paso ya sería la Justicia europeaLa creencia en Bruselas es de que las razones por las cuales una autoridad política debería poder impedir una operación habrían de ser escasísimas, solo por cuestiones «imperiosas» de interés general, es decir, que prácticamente nunca debería suceder. Europa aboga por suprimir este tipo de poderes de veto que tienen países como España y facilitar que haya entidades financieras más grandes para competir mejor con los homólogos americanos. Sin embargo, la posición de la Comisión de que la normativa española va contra la legislación europea choca con la postura del Ministerio de Economía. «El Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea todas las explicaciones necesarias relativas al expediente», informan desde el departamento de Cuerpo, y añaden que se trata de «normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones. Estamos plenamente convencidos de la compatibilidad de la normativa española con la legislación europea». En este caso, Bruselas es quien tiene la potestad de apretar la soga sobre el cuello de España.Europa está convencida de que España debe acabar con esto. En teoría, el Ejecutivo pensaba usar para ello la transposición pendiente de la directiva CRD VI -para la cual ya vamos tarde-, dentro de la cual de hecho se recoge que son los supervisores los que han de disponer de «todas las facultades necesarias» sobre las entidades de crédito y que por tanto son estos los que deben revisar las operaciones de fusión. Ahora, tras incumplir Cuerpo su promesa, no está nada claro que el Gobierno vaya a transitar ese camino. RSS de noticias de economia
