Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Kortazar logra una plaza de funcionario de «habilitación nacional» en un proceso selectivo que impone el máximo nivel de euskera. El PP recurrió en 2025 ante el Constitucional la cesión de Pedro Sánchez al PNV Leer Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Kortazar logra una plaza de funcionario de «habilitación nacional» en un proceso selectivo que impone el máximo nivel de euskera. El PP recurrió en 2025 ante el Constitucional la cesión de Pedro Sánchez al PNV Leer España // elmundo
El Gobierno vasco ha incluido entre los primeros 50 funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional a Patxi Jagoba Bengoa Lapatza-Kortazar, condenado por la Audiencia Nacional en junio de 2014 -corroborado por el Tribunal Supremo en junio de 2015- por colaboración terrorista al formar parte de la red de herriko tabernas desde las que se financiaba a ETA. Bengoa Lapatza-Kortazar era el encargado del control de las herrikos vizcaínas, dentro de un complejo conformado por más de 100 presuntos negocios hosteleros. «Las herriko tabernas, además del servicio financiero que prestaban al MLNV, controlado por ETA, constituían una infraestructura logística para el desarrollo de las actividades de organizaciones satélites, controladas por el frente militar de la banda, tales como KAS/Ekin, Jarrai/Haika, Herri Batasuna y Gestoras pro amnistía, a la vez que servían de base para el depósito de material y propaganda relacionados con actividades de kale borroka», señalaba la sentencia.
La designación como secretario-interventor de Bengoa Lapatza-Kortazar el pasado 27 de enero forma parte del proceso de nombramientos de funcionarios municipales que el presidente Pedro Sánchez cedió al PNV en 2022. La convocatoria de empleo realizada por el Ejecutivo de Pradales establece como requisito para casi todas las plazas de secretarios, interventores y tesoreros el nivel C2 de euskera que sólo tienen acreditado unos 8.000 vascos de los 2,3 millones ciudadanos vascos.
Las instituciones vascas pretenden acelerar la designación de interventores, secretarios y tesoreros municipales e imponer la acreditación de euskera más exigente para formar parte de este selecto grupo de funcionarios encargado de garantizar la legalidad en los 251 ayuntamientos del País Vasco. La consejera de Autogobierno y Gobernanza María Ubarretxena firmó el pasado 27 de enero la orden por la que se nombran a medio centenar de nuevos funcionarios pero el próximo lunes, acompañada por representantes de las tres diputaciones vascas, elevará el tono de sus exigencias al Gobierno central para aumentar sus competencias en la materia. En la primera ‘hornada’ de funcionarios vascos «de habilitación nacional» se encuentra el ex coordinador de las herriko tabernas de Bizkaia Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Kortazar, la alcaldesa de EH Bildu de Azpeitia Nagore Alkorta y el ex parlamentario de la coalición abertzale Dani Maeztu. Los tres han logrado sus plazas de funcionarios en un proceso selectivo en el que sus certificados de euskera de C2 han sido determinantes frente a aspirantes con acreditación C1 y B2, las más habituales para acceder a la administración vasca.
El nombramiento de Bengoa Lapatza Kortazar como secretario-interventor en la «agrupación Leaburu-Gaztelu» le convierte en el funcionario que deberá controla el cumplimiento de la legalidad por los gobiernos municipales dirigidos por Luixa Uzkudun y Eider Olazar, las dos alcaldesas de EH Bildu. Nagore Alkorta, por su parte, ha sido nombrada secretaria del Ayuntamiento de Urretxu (PNV). Alkorta además de alcaldesa de Azpeitia también ostenta la vicepresidencia de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel y es una de las figuras políticas más importantes en EH Bildu, la coalición que controla más de un centenar de ayuntamientos vascos. Dani Maeztu de Gamiz-Fika (PNV). Del medio centenar de plazas de funcionarios asignados por el Gobierno vasco, el 90% exigía el Perfil Lingüístico 4 o C2 a los aspirantes y solo 1 establecía un PL3 o C1 no preceptivo. Un filtro que ha provocado que ningún aspirante del resto de España haya podido presentarse a estas plazas y que también ha excluido a interinos sin el máximo conocimiento del euskera.
La cesión al País Vasco de la competencia para seleccionar y nombrar a los funcionarios de habilitación nacional encargados del control de los ayuntamientos fue impugnada ante los tribunales por el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) y ante el Tribunal Constitucional por el PP. La portavoz popular Cuca Gamarra advirtió en abril de 2025 que el traspaso al País Vasco de esta capacidad «fractura o destrucción del carácter uniforme de la escala de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional».
La designación de los secretarios judiciales fue una reclamación del PNV en los años 80 en la que contó con la «presión» añadida de ETA. La banda terrorista asesinó el 18 de junio de 1984 a Manuel Vicente González Vilorio, secretario municipal en Ispaster y de Ea (Bizkaia). La banda terrorista enmarcó este asesinato para obligar al Gobierno de Felipe González a ceder al Gobierno vasco la designación de estos funcionarios. González Vilorio, natural de León y padre de 6 hijos, ya había sufrido un intento de asesinato 3 años antes que fue desbaratado por la Guardia Civil cuando investigaba a unos ladrones de gallinas. En ese intento de asesinato, los etarras habían previsto parar al secretario municipal simulando que hacían auto-stop y, tras matarlo, colocar en el vehículo una bomba que explosionarían cuando llegara la Guardia Civil. El asesinato del verano de 1984 se produjo cuando González Vilorio había acudido a acompañar al alcalde José María Juaristi a visitar las obras del frontón de Ispaster. Dos terroristas de ETA -un hombre y una mujer- dispararon por la espalda contra el secretario municipal 8 disparos que acabaron con su vida y el rebote de una bala hirió levemente al alcalde Juaristi.
