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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez realiza el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como «potencial perjudicada» por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.
Dice el juez que la naturaleza de los hechos investigados «revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT», lo que la legitima, a su juicio, para «ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes».
Cuando la pasada semana Zapatero declaró ante el juez, el ex líder socialista declinó dar en aquel momento explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablará en una semana o diez días, cuando solicite una nueva declaración al respecto.
Previamente, el abogado del ex presidente había intentado sin éxito posponer esta parte de la declaración al alegar que había tenido poco tiempo para prepararla desde que la histórica joyería Ansorena tasase la semana previa las joyas en 1,3 millones de euros.
Una solicitud que rechazó de plano el juez José Luis Calama al considerar que el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo, y que había tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.
Tras recibir el informe de tasación, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.
Por otro lado, la defensa de Zapatero ha pedido al juez que ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) que «limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos» delimitados en el auto de 18 de mayo, puesto que su vida «no puede ser sometida al escrutinio y conveniencia» de la unidad policial.
En un escrito, el letrado del ex presidente pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que adopte medidas «para evitar la difusión indiscriminada de datos personales» del ex dirigente tras el último informe policial, fechado el pasado 22 de junio, que contenía las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp de Rodríguez Zapatero.
Según la defensa, «por el hecho de ser investigado, un ciudadano no pierde sus derechos ni los poderes públicos, que están ordenados a la protección de las personas, asumen facultades para, sin coto ni límite, allanar su intimidad y su vida privada, eliminar su derecho al secreto de las comunicaciones y arrasar con su derecho a la protección de datos personales».
«Exactamente eso ha ocurrido con Rodríguez Zapatero», asegura el letrado, que señala que los medios disponen no solo del último informe de la (Udef) sino también de todos los anexos, es decir de «la totalidad de las agendas y de comunicaciones personales (a través de WhatsApp) que contienen datos, noticias y actividad estrictamente personal y de todo punto ajena a la causa».
Es por ello que solicita al juez que ordene a la policía judicial que «limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos» que fueron delimitados en el auto de 18 de mayo, «con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida» de su representado o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional del expresidente del Gobierno.
«La vida de Rodríguez Zapatero -prosigue- no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada a medio de una resolución motivada que aprecie la existencia de indicios de criminalidad sobre unos concretos hechos».
En particular solicita devolver a la Udef el último informe que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia «orientadas a beneficiar los intereses» del grupo empresarial peruano Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros» entre 2024 y 2025.
La defensa pide la devolución al tratarse «de hechos ajenos a los aquí investigados y haber sido analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada».
