La Audiencia de Madrid suele tardar seis meses desde el auto de apertura. Peinado ya ha dado el primer paso. Todo pasa por que se desestimen los recursos pidiendo el archivo Leer La Audiencia de Madrid suele tardar seis meses desde el auto de apertura. Peinado ya ha dado el primer paso. Todo pasa por que se desestimen los recursos pidiendo el archivo Leer España // elmundo
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Los plazos procesales habituales de Audiencia Provincial de Madrid sitúan el eventual juicio a Begoña Gómez antes o a las puertas de las próximas elecciones generales, previstas para julio de 2027. Así lo explican fuentes judiciales conocedoras de su funcionamiento habitual en los casos de juicios con jurado, algo más ágiles que los que se celebran ante un tribunal profesional.
Desde que se dicta el auto de apertura de juicio oral, lo más común es que transcurran seis meses hasta la fecha de comienzo del juicio, algo más si al magistrado que le corresponda presidirlo tiene una alta carga de trabajo. Ese auto clave que pondrá fin a la tarea del Juan Carlos Peinado aún está pendiente dictarse, si bien el juez ya ha dado esta semana los primeros pasos para ello.
Todo, eso sí, está al albur de lo esencial para que haya juicio: la respuesta que dé la Sección 23 de la Audiencia de Madrid a los recursos que piden cerrar el caso sin necesidad de vista oral. La sección está tomándose en torno a dos meses para pronunciarse sobre el caso Begoña. Eso supone que antes del parón del verano es previsible que se resuelvan los recursos y que, de no archivarse el caso, el juez haya dictado ya el auto de apertura. Peinado también estará teniendo en cuenta la fecha de su jubilación, el próximo mes de septiembre.
El instructor dictó el lunes el auto en el que rechaza el sobreseimiento que defensas le solicitaron en el juzgado 41 de Madrid el pasado 30 de marzo. El instructor, por contra, da por concluida la investigación, estima innecesaria otra prórroga de seis meses y acuerda proseguir hacia el juicio con jurado. Y pese a que ordena una nueva diligencia solicitada por Hazte Oír, da ya el siguiente paso previsto en la Ley del Jurado: concede a las partes un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral.
Eso supone que las acusaciones están ya elaborando el escrito de acusación, en el que deben detallar los delitos que se atribuyen a la esposa del presidente del Gobierno y los otros dos investigados a los que Peinado ha puesto camino del banquillo: su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La Fiscalía no acusará.
Los escritos de acusación se trasladarán a las defensas, que presentarán los suyos. Con todo sobre la mesa, el juez convocará la llamada audiencia preliminar «en el día más próximo posible». Volverá a escuchar sus pareceres y, entonces sí, podrá dictar el auto de apertura. En estos trámites las partes pueden pedir diligencias o cuestionar la competencia del jurado. Sobre ambos puntos el juez se ha pronunciado ya el juez de forma negativa, por lo que no deberían ralentizar el procedimiento.
Al margen de la decisión esencial sobre si hay materia o no para ir a juicio, la Audiencia de Madrid también deberá pronunciarse sobre si se pueden llevar los cuatro delitos al jurado por la conexidad entre ellos, o bien solo los dos expresamente previstos para ello (tráfico de influencias y malversación).
La fecha de celebración de la vista oral se acuerda entre la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial y el magistrado que deba ejercer de presidente del tribunal, que se designará por reparto más adelante. Es habitual tanto en el Tribunal Supremo como en el Constitucional tener en cuenta la circunstancia política a la hora de manejar sus calendarios en asuntos especialmente delicados, por lo que las mismas fuentes estiman razonable que las generales se tuvieran en cuenta en la fijación de la fecha. En particular, si cuando haya que resolver ha habido un adelanto electoral; menos si la legislatura sigue su curso hasta el final.
Al margen esta investigación, Begoña Gómez debe estar atenta a la Fiscalía Europea, que examina los contratos públicos para los que firmó cartas de recomendación. Solicitó al juez de Madrid que les remitiera los informes de la UCO y la Igae sobre esos contratos, y el juez lo ha acordado esta misma semana.
