El Gobierno se limita a señalar que no comparte «esta decisión contraria al Gobierno y a la posición de la Junta Electoral Central» Leer El Gobierno se limita a señalar que no comparte «esta decisión contraria al Gobierno y a la posición de la Junta Electoral Central» Leer España // elmundo
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Apenas minutos han tardado las derechas españolas en celebrar la decisión del Tribunal Supremo de parar la inscripción en el censo electoral de las personas nacionalizadas en virtud de la denominada ley de nietos. La batalla que desde hace meses da Vox contra este proceso, y que el PP también denunció con fuerza este verano, ha recibido este martes su primer respaldo judicial: el Alto Tribunal ha acordado suspender el ejercicio del derecho a voto a los nuevos inscritos hasta resolver los recursos contra la norma.
Vox, que como la organización Iustitia Europa había solicitado esta medida cautelar, se ha apresurado a felicitarse por la decisión del Supremo. «Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo», ha reivindicado su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, en una comparecencia convocada expresamente para hacer esta valoración.
«Hoy se demuestra que hay que hacer y se puede hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar a este Gobierno», ha insistido la dirigente, que no ha esquivado el reproche velado al PP: «Unos se limitaron a avisarlo», había dicho antes. En la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a sus cuadros al conocerse la decisión del Supremo: «¡Gigantesco servicio a España y al sistema democrático!». Y, en paralelo, los dirigentes del partido han inundado las redes celebrando la suspensión cautelar.
También lo han hecho desde las filas populares, igualmente ensalzando el respaldo a su argumentario que supone esta decisión del Supremo. «Teníamos razón», ha escrito Alberto Núñez Feijóo en redes, y la vicesecretaria popular Alma Ezcurra ha señalado que su partido llevaba «mucho tiempo advirtiendo de que la instrucción» que amplía el alcance de las nacionalizaciones «ha convertido este proceso en un coladero».
«El Gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades», ha reclamado Ezcurra en unas declaraciones remitidas a los medios en las que también ha dicho «felicitarse» por «el varapalo de la Justicia al intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral». Sin miramientos, la dirigente popular ha acusado al Gobierno de «pretender, con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder» a través de este proceso de nacionalizaciones, que considera «ingeniería electoral». «Se ha encontrado con una Justicia que funciona a pesar de todos los intentos del Gobierno por acosar a jueces y a magistrados», ha rematado Ezcurra.
En el Ejecutivo, por su parte, se limitan a sostener que no comparten «esta decisión contraria al Gobierno y a la posición de la Junta Electoral Central«. Ayer, en la vista oral que se celebró en el Supremo para estudiar la adopción de las medidas cautelares solicitadas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron a suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas nacionalizadas en virtud de la ley de nietos.
