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La carrera hacia las elecciones generales, que La Moncloa sigue diciendo que serán en 2027, se ha convertido en una prueba de vallas. Obstáculos cada pocos metros en forma de elecciones autonómicas, escaladas en una estrategia ideada por el PP para desgastar al Gobierno y al PSOE. Extremadura y Aragón se han saldado con dos batacazos para los socialistas, pero también con que los populares siguen dependiendo de la ultraderecha para gobernar. Pasados los días, los socialistas comienzan a hacer la digestión. Aunque aún no hay un examen público de autocrítica, se asume que ni España ni ellos son ya el «dique de contención» ante la ultraderecha, como proclamaban hace meses. Y que esa «ola ultraderechista» de la que advierte Pedro Sánchez ha irrumpido en nuestro país. Que se ha perdido el miedo a votar a Vox. «No hemos logrado que nuestro mensaje cale», es la reflexión que trasladan distintas fuentes socialistas.
El ciclo electoral ideado por el PP sume al PSOE en la tesitura de tratar de sobrevivir, salvar la papeleta y una vez pase, pensar en cómo afrontar las elecciones generales. Porque si Extremadura y Aragón han ido mal, el horizonte en Castilla y León y Andalucía no es mejor. Así, la expectativa entre las filas socialistas es que los populares sigan manteniendo su dependencia de Vox y eso abra negociaciones y, dado el caso, fragüen cesiones en materias sensibles como el cambio climático, la inmigración, los derechos de las mujeres… Y les concedan munición para reactivar el discurso del miedo a la ultraderecha, que ahora ha demostrado ya no tener efecto. Recuperar el salvavidas sobre el que se mantuvieron a flote en las últimas generales. «Es la línea de cómo afrontamos esos comicios: la dualidad polarizada de ellos o nosotros».
En la Comunidad Valenciana, donde se produjo el primer reencuentro entre el PP y Vox con motivo de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como relevo de Carlos Mazón, el popular hizo guiños en su discurso cargando contra el Pacto Verde europeo y la inmigración irregular, aunque está por concretarse. En Extremadura, además del Pacto Verde y la Agenda 2030, Vox pide la derogación de la Ley LGTBI de la comunidad y la supresión de subvenciones a asociaciones ligadas a la «ideología de género». «¡Quién sabe lo que va a hacer Vox!», dicen en el Gobierno cuando se pregunta por cómo ven estas negociaciones. En todo caso, el ascenso de Vox, aunque pueda ser bueno, e incluso alentado, para el planteamiento del Gobierno de debilitar al PP, su fortaleza genera dudas y temores: «Hay preocupación ante el agujero de la ultraderecha porque no sabemos a dónde nos lleva esto».
El Gobierno trata de aprovechar estas negociaciones para abonar su estrategia de contraponer modelos, yendo de nuevo al choque con los barones del PP, en un intento de desgastarlos desde La Moncloa. El Consejo de Ministros de esta semana dio luz verde a un anteproyecto de ley para prohibir la privatización de la gestión de la sanidad o una revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que entre otras medidas contempla una prestación universal por crianza de 200 euros por hijo menor de 18 años.
Aunque este miércoles en el Congreso, Sánchez tuvo que escuchar críticas de sus socios por que no está haciendo lo suficiente para frenar a la ultraderecha. «El Gobierno tiene que ser valiente», expuso Verónica Martínez, portavoz de Sumar, exigiendo aprobar de inmediato la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año. «Apenas hay avances, señor Sánchez. El que viene la ultraderecha por sí solo ya no vale. Lo acaban de comprobar el domingo», dijo la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, exigiendo poner en marcha otro plan, «en clave ofensiva», con medidas sociales, económicas y laborales.
«Lo que puedan negociar PP y Vox es involución e inestabilidad», señalan desde el núcleo duro del presidente del Gobierno. «A nuestros votantes y a la mayoría de la ciudadanía no les preocupan temas como la inmigración o la seguridad, que son en los que se centra Vox. Sí les preocupa la sanidad o la educación. Así que no tenemos que prefabricarnos un problema y sí poner el foco en la gestión de los servicios públicos».
«Hay una ola ultra que está creciendo y creciendo. El PSOE hace reflexiones todos los días. ¿Que podemos hacer cosas mejor? Seguramente. Ahora bien, quien no vea que el principal problema que tenemos es una derecha rendida, entregada, que no sólo la hace frente, sino que la alimenta…», reflexionó el ministro Óscar López, uno de los miembros de más peso político del Ejecutivo. «Al PP le da igual que queden bloqueadas las comunidades, para que el PSOE pierda unos escaños a cambio de que Vox siga creciendo».
Este es otro de los argumentos de Moncloa para tratar de recuperar oxígeno. Contraponer que su Gobierno «es uno de los más estables de Europa», mientras el PP «sume a España en la incertidumbre por estrategia, por desestabilizar el Gobierno, generando inestabilidad en los gobiernos autonómicos». El análisis que hacen es que el buen momento económico, al menos en datos macros, se vincula a la permanencia en el tiempo del Ejecutivo. «Si tenemos crecimiento es por la estabilidad».
