Sin una liberación masiva de las fuerzas productivas, hoy encadenadas por las normas, el modelo social colapsará por inanición. Leer Sin una liberación masiva de las fuerzas productivas, hoy encadenadas por las normas, el modelo social colapsará por inanición. Leer
La semana pasada el canciller Merz demandó la necesidad de aplicar un plan de desforestación radical de la selva regulatoria europea para devolver la vitalidad a un ecosistema económico, asfixiado por el dirigismo burocrático y la fatal arrogancia de sus planificadores. En la ultima década, la Comisión Europea (CE) ha pervertido y desnaturalizado el programa original del Mercado Único, basado en la libertad económica y en la eliminación de barreras a la competencia. Ha convertido el proyecto europeo en un monstruo burocrático al servicio de la ingeniería social.
La CE responde al desafío planteado por la Cuarta Revolución Industrial con una marea de regulaciones, auténticos impuestos ocultos a la innovación, a la productividad y al potencial de crecimiento de la economía continental. Solo en los últimos cinco años, la UE ha fabricado la asombrosa cifra de 13.000 actos legislativos. Esta orgía normativa y regulatoria se produce cuando Europa enfrenta un déficit de inversión anual cercano a los 800.000 millones de euros y el el 66 por 100 de las empresas considera la hiper regulación el principal obstáculo para invertir en el Viejo Continente.
En la industria, en las finanzas y en la energía, el coste agregado de la carga administrativa-regulatoria roza el 4% del PIB comunitario. En paralelo, los trámites administrativos y el cumplimiento normativo cuestan a una pyme europea una media de 10.000 euros al año. En el caso de los autónomos, la factura ronda los 2.500 euros anuales. En España, el Gobierno se sitúa en el rango de mayor rigor y regulación permitido por las directivas europeas, ignorando las flexibilidades y umbrales mínimos que Bruselas deja al arbitrio de los Estados. El coste de la hiperregulación y de la burocracia en España asciende a unos 90.000 millones de euros. Para una pyme española, el tiempo dedicado a gestionar esta «selva» burocrática se traduce en una pérdida de más de 14 semanas de trabajo al año.
El núcleo de esta esclerosis reside en la perversión del Principio de Precaución. En lugar de realizar un análisis riguroso de coste-beneficio, la Comisión Europea se ha entregado a una pulsión prohibitiva ex ante. Al intentar erradicar cualquier potencial riesgo a priori, Bruselas no protege al ciudadano; simplemente conduce a la irrelevancia económica y tecnológica a Europa frente a potencias que sí comprenden la naturaleza dinámica del progreso. En este escenario de decadencia, el Informe Draghi ha logrado diagnosticar con precisión quirúrgica las patologías que desangran la competitividad europea.
Sin embargo, las recetas del ex presidente del BCE son inadecuadas; están imbuidas de un dirigismo rancio a la Mazzucato, que confía el renacimiento económico europeo a la mano visible del Estado, en lugar de liberar las energías del mercado Al propugnar una política industrial centralizada y la movilización de deuda pública para subvencionar «campeones nacionales», Draghi ignora que el mal de Europa no es la falta de subsidios, sino el exceso de obstáculos. Su enfoque incurre en la arrogancia del burócrata que pretende identificar tecnologías ganadoras mejor que el mercado. Pero Europa no necesita un Estado jugando a ser inversor de riesgo con dinero ajeno, receta histórica de despilfarro y captura de rentas, sino un marco institucional que deje de penalizar la inversión privada.
En el sector tecnológico, la situación deviene en tragedia griega: la UE ha decidido regular el futuro antes de alcanzarlo. La Ley de Inteligencia Artificial es el epitafio de la ambición digital europea. Al imponer obligaciones de gobernanza inasumibles a los modelos de «propósito general», Bruselas levanta un muro burocrático que asfixia a cualquier startup antes de que pueda competir. Es el triunfo del inspector sobre el innovador. Mientras EE.UU cuenta con cerca de 4.000 centros de datos para sostener la revolución de la IA, la UE apenas roza los 1.200, lastrada por costes energéticos punitivos y trabas administrativas para la infraestructura crítica. La CE está consiguiendo que ninguna empresa europea sea capaz de alcanzar la escala necesaria para desafiar el dominio extranjero.
El «Estado Niñera» ha colonizado el sector energético: la descarbonización por ukase y la planificación centralizada han convertido la energía en un lujo ideológico. El resultado es la desindustrialización; el capital emigra hacia donde la energía es un factor de producción y no un decreto punitivo. Hoy, la UE es un árbitro que pita faltas en un partido que ya no juega; dicta reglas para una economía que consume tecnología y recursos de fuera mientras prohíbe producirlos dentro. En la praxis de Bruselas, la «coordinación política» es solo el eufemismo para crear cárteles estatales y expandir el control regulatorio.
Revertir esta caída exige una estrategia agresiva de liberalización: una hoja de ruta de demolición burocrática. Sin una liberación masiva de las fuerzas productivas, hoy encadenadas, el modelo social europeo colapsará por inanición. Financiar el crecimiento con más deuda común no es una solución, sino un fraude intergeneracional; es hipotecar el futuro para sostener la ficción de un sistema que ya no funciona. Europa debe elegir: o se resigna a ser un museo de alta regulación financiado por deuda, o recupera su vocación de potencia mediante una purga drástica de su esclerosis administrativa.
El Mercado Único debe volver a ser un espacio de libertad y no un panóptico de vigilancia administrativa. Solo a través de un retorno a los principios de la economía de mercado, Europa podrá dejar de ser una nota al pie en los libros de historia del mañana para volver a ser el motor del progreso humano.
*Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket.
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