Son 16 las personas denunciantes. Tras recibir un informe de la UB, las pesquisas las ha asumido un nuevo servicio liderado por el fiscal de la Guardia Urbana y la de Alves. Al margen de este, ya tienen 200 casos encima de la mesa desde enero Leer Son 16 las personas denunciantes. Tras recibir un informe de la UB, las pesquisas las ha asumido un nuevo servicio liderado por el fiscal de la Guardia Urbana y la de Alves. Al margen de este, ya tienen 200 casos encima de la mesa desde enero Leer España // elmundo
Hasta 200 casos en un mes y medio y un nombre propio encima de la mesa por la magnitud de la denuncia, el organismo del que sale y la falta de precedentes en la universidad española: una sección pionera de la Fiscalía de Barcelona investiga el conocido como el caso Flecha, las acusaciones por presunta coerción sexual y psicológica denunciadas por 16 personas -14 mujeres y dos hombres- contra Ramón Flecha, el catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona (UB) y director de CREA (Community of Research on Excellence for All), centro de investigación especializado en casos de violencia sexual. Es decir, el principal investigador de violencia machista de Cataluña ha sido señalado por supuestos abusos, sexuales y laborales.
La unidad que se ha hecho cargo es el primer servicio en España dedicado en exclusiva a los delitos violentos contra menores, colectivos vulnerables y «perfiles delictivos complejos». Y ya ha asumido las pesquisas por la denuncia de la UB contra el ex catedrático por presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias en su grupo de investigación. El fiscal del crimen de la Guardia Urbana, Félix Martín y la del caso Dani Alves, Elisabet Jiménez, entre otros, están al frente de la investigación.
De hecho, la sección, bajo el nombre de Servicio Especializado en la Protección de Personas Vulnerables, trabaja con un equipo de los Mossos d’Esquadra con miembros de la Unidad de Agresiones Sexuales y agentes en el Área Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia, que tienen experiencia en investigar organizaciones sectarias.
El caso Flecha estalló en verano de 2025, cuando varias mujeres denunciaron en una carta ante el rector el presunto abuso de poder y la coerción sexual ejercida sobre ellas por el catedrático durante más de dos décadas. En concreto, un grupo de denunciantes relataron haber mantenido relaciones sexuales con Flecha en un contexto de «clara desigualdad jerárquica» y bajo un «patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral». El perfil de las denunciantes abarca a alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas.
Lo hicieron tras una investigación periodística de RTVE Noticias, elDiario.es e InfoLibre, en la que varias mujeres describieron el supuesto modus operandi de este grupo: recibían ofertas de Flecha para integrarse en CREA, preguntas íntimas sobre sus relaciones sexuales y sentimentales, y, finalmente, en muchos casos, un contacto físico que desembocaba en relaciones sexuales. Según estos testimonios, Flecha les decía que esos encuentros se producían con varias de ellas simultáneamente. Tanto el catedrático como la directora del grupo CREA, Marta Soler, negaron todos los hechos. Flecha siempre ha defendido su inocencia y se ha presentado como «víctima» por los casos de violencia de género que ha denunciado.
El campus abrió entonces una investigación interna a raíz de la denuncia de las víctimas y, pese a tener solo el informe preliminar, la UB no quiso esperar y trasladó el caso a la Fiscalía.
«Los hechos enmarcados en el grupo CREA que los declarantes han relatado ante los expertos son muy graves: podrían ser constitutivos de conductas de coerción sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación personal y profesional, así como conductas vejatorias e intimidatorias, que podrían encajar en la posible existencia de un grupo coercitivo de alto control», aseguró la universidad en un comunicado en el que anunció que llevaba el caso ante el Ministerio Público «para que sea la justicia ordinaria quien se ocupe de investigarlos». La UB se personará contra el catedrático si el caso llega a juicio. Después, el grupo de investigación anunció su disolución.
En este arranque de 2026, la nueva unidad se ha hecho cargo por orden de la fiscal jefe de Barcelona y está a la espera de los primeros informes preliminares de los Mossos d’Esquadra antes de escuchar el testimonio de las denunciantes.
El caso Flecha es el más mediático de un servicio que ha puesto en marcha la Fiscalía de Barcelona contra la violencia hacia menores y adolescentes, colectivos vulnerables y «perfiles delictivos complejos». También abarca otros ámbitos, como las agresiones sexuales en grupo -las llamadas «manadas»- o en serie cometidas por adultos y los delitos contra personas con discapacidad o con enfermedad mental. Es decir, asumirá casos de violencia sexual a mujeres de especial complejidad criminológica -como, por ejemplo, la brutal violación de Igualada ya juzgada- o delitos graves penados con más de cinco años de prisión cometidos contra personas discapacitadas o personas mayores vulnerables. Por ejemplo, investigará a los agresores sexuales en serie para asegurar que los procedimientos penales queden agrupados y no dispersos en distintos juzgados.
El servicio se creó el pasado 8 de enero y ya tiene 200 casos encima de la mesa en menos de dos meses, entre ellos la citada investigación sobre Flecha. «El gran problema es superar que, para la consecución de un castigo a un criminal de ese tipo de delitos, sea la víctima la que se tiene que adaptar al proceso y no debe ser así; es el proceso el que se tiene que adaptar a la víctima», remarcó el fiscal encargado de la nueva sección, Félix Martín, en un encuentro con los medios de comunicación la semana pasada.
Los fiscales especializados valorarán aspectos como «el miedo, la dependencia [de poder del agresor]o el aislamiento» que puede suponer denunciar; las consecuencias psicológicas de las víctimas, el aislamiento que pueden sufrir y cómo afecta en el relato el miedo, una posible confrontación en un interrogatorio o la tardanza del proceso judicial en sí.
«La creación del servicio supone un cambio fundamental. Pasamos de un modelo centrado exclusivamente en el delito a uno que sitúa en el centro a la víctima y su protección durante todo el procedimiento», concluyó Martín
