La Audiencia Nacional celebra la vista oral del ‘caso Kitchen’ 13 años después Leer La Audiencia Nacional celebra la vista oral del ‘caso Kitchen’ 13 años después Leer España // elmundo
A principios de 2013, después de cuatro años de instrucción, el caso Gürtel languidecía como un asunto de corrupción que, aunque investigado en la Audiencia Nacional, iba poco más allá de algunos municipios de Madrid. Una comunicación de las autoridades suizas lo sacudió todo, destapando la fortuna del entonces tesorero del PP Luis Bárcenas y proporcionando al caso un nuevo impulso político que se acabaría llevando por delante al Gobierno de Mariano Rajoy.
No porque no se intentara evitarlo. Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen, gestada en el seno del Ministerio del Interior y pagada con fondos reservados, que buscaba impedir que material comprometedor para el PP y sus dirigentes llegara a manos del juez Pablo Ruz, entonces al frente del caso Gürtel. El magistrado acababa de recibir la comisión rogatoria de las autoridades helvéticas indicando que Bárcenas llegó a disponer de 22 millones en ese país. Acabarían siendo 47.
Por si sola, la información garantizaba un escándalo político enorme, que acabó siendo monumental cuando salieron a la luz los papeles de Bárcenas, años de anotaciones manuscritas del tesorero sobre ingresos y pagos en opacos dentro del partido. La sospecha de que el investigado guardaba más documentación, o incluso audios con dirigentes del partido, recorría los círculos populares. Había que asegurarse de que no afloraban y Kitchen se puso en marcha. Todo salió a la luz cuando años después, en la operación Tándem, se detuvo al comisario José Manuel Villarejo. Entre la miríada de asuntos sospechosos que reflejaban sus agendas apareció la operación Kitchen.
A la cabeza de todo el operativo estaba, según la Fiscalía Anticorrupción, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto a su mano derecha, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Los dos se sientan en el banquillo con la idéntica petición de 15 años de prisión por malversación, encubrimiento y dos delitos contra la intimidad. Les acompañan los señalados como ejecutores, altos mandos policiales encabezados por el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino.
Anticorrupción explica así los orígenes del caso y cuál era la intención de sus protagonistas: «En fecha no determinada de la primera mitad del año 2013, desde la cúpula del Ministerio del Interior, […] se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales -documentos almacenados en cualquier clase de soporte, incluidos dispositivos informáticos y telefónicos- que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el […] conocido como caso Gürtel y que pudieran encontrase en poder de Luis Bárcenas». «Todo ello», resalta el escrito de los fiscales César Rivas y Miguel Serrano, «con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado» a la Audiencia Nacional.
Según el relato de la acusación, el omnipresente Villarejo fue el encargado de gestionar la principal baza de la operación de espionaje: Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas y persona de «absoluta confianza» del tesorero y su esposa, Rosalía Iglesias. No solo se encargaba de sus traslados, sino que les hacía gestiones bancarias o trasladaba documentos a sus abogados. Una posición privilegiada para conocer el paradero del supuesto material comprometedor sobre el PP. Él era quien podía «entrar hasta la cocina», y se le apodaba chef, cocina o kitchen, lo que explica el nombre del operativo.
Ríos acabó proporcionando a los acusados los teléfonos y tabletas de la pareja espiada. Una tarde de octubre de 2013 se reunió con varios agentes en el Vips de Fuencarral de Madrid. Pidieron una mesa cerca de enchufe y abrieron un ordenador a estrenar que se había comprado con fondos reservados. Copiaron el material técnicos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao) que tenían allí a su máximo responsable, el ex comisario Enrique García Castaño, finalmente fuera del banquillo por motivos de salud.
Según la Fiscalía, el jefe de la Ucao y el chófer, «de manera ilegítima, extrajeron de los dispositivos numerosos mensajes de texto y correos electrónicos que Luis Bárcenas Gutiérrez había intercambiado con diferentes interlocutores, así como los contactos que tenía almacenados en los mismos». El relato acusatorio prosigue apuntando hacia arriba: «Toda la información extraída, copiada, como se dice, en un lápiz de memoria, fue facilitada a continuación por el encausado Enrique García Castaño a los encausados Francisco Martínez Vázquez y Jorge Fernández Díaz, quienes, además, fueron informados del volcado de los dispositivos inmediatamente después de su realización».
Una de las piezas relevantes de la acusación es que el comisario de la UCAO reconoció esos hechos y aportó a la Audiencia Nacional tanto copia de lo robado a Bárcenas como mensajes sobre la investigación que había cruzado con el secretario de Estado acusado.
A cambio de su colaboración, el chófer -otro de los acusados en el juicio- estuvo cobrando 2.000 euros al mes. También consiguió que de los fondos reservados le compraran una pistola Glock -valorada en 700 euros- y, sobre todo, que la trama consiguiera su acceso al Cuerpo Nacional de Policía. La Fiscalía estima que se gastaron 58.000 euros de fondos públicos en comprar la voluntad del chófer, lo que explica la acusación por malversación.
En ese cálculo económico no están los recursos humanos empleados en los seguimientos a la familia Bárcenas. En ellos que participaron ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías adscritos al área de seguimientos, «con su consiguiente detracción de otros servicios policiales». Las vigilancias incluyeron el despacho del abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. Llegaron a poner una cámara en un portal próximo para controlar qué visitas recibía.
La operación incluyó entrar ilegalmente en un estudio de pintura y restauración de la esposa de Bárcenas, donde según el chófer era posible que se ocultasen documentos de relevancia. Los acusados sospechaban que en el local «podían encontrarse los archivos de audio correspondientes a conversaciones mantenidas con dirigentes del Partido Popular, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas, y que Luis Bárcenas Gutiérrez sugería que había grabado». Fue el propio comisario responsable de la Ucao el que accedió al local aprovechando la información del chófer. No se ha llegado a saber si localizó algún material importante.
En el mismo periodo hubo otro asalto que ha quedado fuera del escrito de Anticorrupción. Un falso cura se plantó en el domicilio de los Bárcenas alegando que venía a hablar de la libertad del ex tesorero y exigiendo que le entregasen la documentación oculta. Pistola en mano, mantuvo secuestrados a la esposa e hijo de Bárcenas y a una persona de servicio. El hombre, ya fallecido, acabó condenado a 22 años. El ex tesorero siempre ha sostenido que, por rocambolesco que resultara, el episodio formaba parte de la operación Kitchen. También el juez García Castellón incluyó inicialmente en el juicio los delitos de secuestro y pertenencia a una organización criminal, si bien razones procesales le llevaron a retirarlos para esquivar motivos de nulidad.
El control sobre el ex tesorero no cesó con su ingreso en prisión. Los responsables de Kitchen le sometieron a un «férreo control» en prisión, sirviéndose de personas no identificadas que se movían por el centro penitenciario de Soto del Real. «Se hicieron con documentos y anotaciones manuscritas que Luis Bárcenas Gutiérrez conservaba en sus dependencias en la prisión y relativas a, entre otras cuestiones, informaciones sobre cuentas bancarias y sobre movimientos de fondos destinadas a quien era su letrado», explica la Fiscalía.
El control exhaustivo de los pasos de Bárcenas en prisión permitió a los acusados conocer que había contactado con un preso con conocimientos informáticos al que había encargado que, durante un permiso de salida, borrara unos archivos con supuestos audios con Rajoy y Arenas que estaban en la nube. El interno fue detenido al salir de prisión esgrimiendo una orden de búsqueda «inexistente».
El relato delictivo de Anticorrupción incluye un par de operaciones de los acusados para intentar garantizar su impunidad. Por un lado, lograron que parte de la información que la actividad ilegal en torno a Bárcenas acabara introducida en los circuitos policiales oficiales, para crear así el artificio de que todo había sido legal.
Al mismo tiempo, Villarejo y García Castaño conservaron documentación que habían obtenido de manera ilegítima «con la finalidad de poder presionar con su utilización a los mandos del Ministerio del Interior en las decisiones ejecutivas que tenían que tomar y, además, garantizarse también su impunidad». Lo que guardaron incluía «que les incriminaban no solo a ellos sino también a sus superiores», incluyendo al ministro, el secretario de Estado y al DAO.
En el banquillo se sientan 10 personas, pero podrían ser más. «Sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias», dice el escrito de Anticorrupción. Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos han intentado hasta el último momento que fuera también a juicio la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Llegó a estar imputada a petición de la Fiscalía, pero no pasó el filtro judicial para ir a juicio. En realidad va a ir, pero solo un día y como testigo. También intentaron las acusaciones que el PP volviera al banquillo como responsable civil, al igual que en el caso Gürtel. Ni el partido ni los dirigentes a los que supuestamente iba a beneficiar la operación están finalmente en el banquillo. Sí se sienta el Estado para responder por las eventuales condenas económicas, puesto que los acusados son cargos públicos y funcionarios policiales.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a siete de las 10 personas que este lunes estarán en el banquillo de la sede especial de la Audiencia en San Fernando de Henares. A la cabeza están en ministro y el secretario de Estado. Fernández Díaz y Martínez no van de la mano, muy al contrario. Sus versiones autoexculpatorias sobre lo que cada uno sabía del espionaje y de su carácter ilegal llevaron al juez del caso, Manuel García Castellón, a ordenar un careo del que no sacó nada en claro, según reconoció el magistrado en resoluciones posteriores. Los dos acabaron en el banquillo.
Descendiendo por la escala de mando, les acompaña, les sigue el DAO con igual petición de 15 años. Los mismos que para el comisario Andrés Gómez Gordo, muy próximo a Cospedal por sus años como alto cargo en Castilla-La Mancha. Él fue, supuestamente, el primer encargado de captar al chófer, al que se piden 12 años y cinco meses. La petición más dura de Anticorrupción es para Villarejo: 19 años. Finalmente, al ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, cuya unidad participó en los seguimientos, los fiscales le piden dos años y medio por encubrimiento.
Después de años teniéndola enfrente, esta vez los Bárcenas van de la mano de Anticorrupción en el juicio a esta «operación parapolicial al margen de la ley». «Francisco Martínez asumió la coordinación de la operación ilícita por indicación de Jorge Fernández Díaz, encargando la planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO)», arranca su escrito como acusación particular, detallando de qué mandos policiales se sirvieron. Su lista resulta más extensa que la de la Fiscalía y añade como acusados a dos mandos del entorno de la DAO, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, y al ex jefe de la Udef José Luis Olivera.
