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La CEOE trata de mantener siempre una equidistancia militar en aquellos temas que puedan enfrentar a sus socios. Pero, este verano, la asociación que preside Antonio Garamendi ha roto esa neutralidad en uno de los asuntos más peliagudos para el sector energético: los impuestos. La patronal se ha alineado con Iberdrola y ha elevado a la Comisión Europea un documento en el que reclama eliminar tasas a la electricidad y reformar el marco fiscal europeo para penalizar a las energías más contaminantes.
En su propuesta final, la CEOE habría retirado la alusión específica a los combustibles fósiles que, según algunas fuentes, sí figuraba en un borrador previo. Pero la propuesta definitiva es igualmente clara. «Revisar la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía para garantizar que la tributación refleje el impacto ambiental y la intensidad de carbono de las fuentes de energía», reza el documento, que fue enviado a Bruselas en julio. En definitiva, que los gobiernos desincentiven el consumo de tecnologías que emiten más CO2, como el gas o el petróleo, por la vía de los impuestos.
Con este documento, la patronal española ha tratado de influir en una propuesta regulatoria, el Industrial Decarbonisation Accelerator Act, que está ultimando el Ejecutivo comunitario, y que fue lanzada a consulta pública este verano. ¿Su objetivo? Acelerar la descarbonización de las industrias que más energía consumen. Dicho de otra forma, apresurar el salto de empresas devoradoras de carbón, crudo o gas hacia energías no contaminantes.
El desafío es hacerlo sin perder competitividad y, por ello, uno de los puntos clave de la propuesta de la patronal es blindar el acceso de estos sectores a un suministro barato. En esa línea, el texto de CEOE reclama «la reducción o eliminación de gravámenes e impuestos sobre la electricidad, especialmente aquellos no relacionados con el suministro eléctrico».
Lo cierto es que esta segunda petición tiene ya el respaldo de Bruselas. Desde que empezó el año, la Comisión ha instado a los gobiernos a emprender reformas estructurales que laminen los costes asociados al recibo, como los peajes de acceso a la red, los cargos y los propios impuestos. CEOE pide, además, igualar dichos costes extra en todos los Veintisiete.
Si bien en el ámbito fiscal la patronal se ha situado abiertamente del lado del bloque eléctrico, la CEOE también ha recogido varias de las inquietudes del frente industrial, en el que se incluye la industria petrolera. Por ejemplo, adaptar los tiempos de la transformación verde a las distintas realidades, para «garantizar que la financiación de la UE llegue a todas las regiones industriales, en particular a las más vulnerables al impacto de la transición».
De hecho, la patronal enfatiza que Europa debe fijar mecanismos de ayudas específicos y crear una regulación más flexible para aquellos sectores donde «aún no se dispone de tecnologías de descarbonización a gran escala». En definitiva, más margen para las industrias donde aún no es viable pasar de lo fósil a la electricidad o a las alternativas renovables.
La organización empresarial replica en otro punto, a veces palabra por palabra, la propuesta que Iberdrola remitió a Bruselas en la misma consulta pública: las redes. El tapón en el acceso a estas infraestructuras es uno de los puntos más críticos para la reindustrialización europea. La CEOE pide simplificar trámites, priorizar la entrada en a red de proyectos que descarbonicen la industria y marcos que respalden la inversión anticipada en redes. En España, este es hoy el principal caballo de batalla del lobby eléctrico.
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