La Coalición Cívica del primer ministro rechaza enviar representantes, mientras sus socios del Partido Campesino Polaco y Polska 2050 acude al palacio presidencial para explorar una desescalada Leer La Coalición Cívica del primer ministro rechaza enviar representantes, mientras sus socios del Partido Campesino Polaco y Polska 2050 acude al palacio presidencial para explorar una desescalada Leer
La crisis institucional en Polonia se encona. Las consultas convocadas este sábado por el presidente, Karol Nawrocki, para buscar una salida al enfrentamiento por el Tribunal Constitucional han puesto de manifiesto las diferencias entre las fuerzas que sostienen al Gobierno de Donald Tusk. La Coalición Cívica del primer ministro ha rechazado enviar representantes, mientras sus socios del Partido Campesino Polaco (PSL) y Polska 2050 han optado por acudir al palacio presidencial para explorar una desescalada.
La ausencia del partido de Tusk deja las conversaciones sin el principal interlocutor político del presidente, pero no supone un rechazo de todo el Ejecutivo. Entre los participantes figura el viceprimer ministro y titular de Defensa, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, del PSL. La Nueva Izquierda también ha rechazado participar. La discusión sobre cómo responder a Nawrocki abre así una grieta en la coalición, sometida a una creciente confrontación con el jefe del Estado, elegido con el respaldo de los nacionalconservadores de Ley y Justicia (PiS).
Nawrocki convocó las consultas después de interrumpir su viaje a Senegal y regresar a Varsovia. Durante la madrugada acudió al Constitucional, ante cuya sede se habían concentrado cientos de personas contra la suspensión de su presidente, Bogdan Wiczkowski. El jefe del Estado denunció una vulneración del orden constitucional y se alineó con los responsables del tribunal vinculados a la etapa de gobierno del PiS.
El líder de esa formación, Jarosaw Kaczyski, endureció las acusaciones: «Desde hoy Polonia se convierte en un Estado policial», afirmó, y advirtió de una deriva hacia el autoritarismo y el totalitarismo. Tusk defendió las actuaciones como parte de su compromiso de recuperar el Estado de derecho tras los años de poder de los nacionalconservadores. «No hay otro camino», sostuvo el primer ministro, que calificó ese proceso de difícil y a veces doloroso.
El ministro de Exteriores, Radosaw Sikorski, admitió que los acontecimientos nocturnos «no fueron elegantes», pero sostuvo que la alternativa era aceptar una transformación inconstitucional de Polonia en una república presidencial. La pugna por el Constitucional concentra así una disputa más amplia: hasta dónde puede llegar el jefe del Estado para bloquear las decisiones de la mayoría parlamentaria y qué instrumentos puede utilizar el Gobierno para superar esa resistencia.
Desde Polska 2050, Szymon Hoownia ha reclamado un acuerdo entre Tusk y Nawrocki para recomponer el tribunal. Su apuesta por mantener la interlocución con la presidencia contrasta con la negativa del partido del primer ministro a participar en las consultas.
Mientras los dirigentes discuten una salida, la duplicidad de autoridad alcanza al personal del Constitucional. Wiczkowski sigue dando órdenes como presidente pese a su suspensión: ha declarado días no laborables, con sueldo, y ha indicado a los empleados que desatiendan los requerimientos de quienes considera personas no autorizadas. Con ello trata de impedir que obedezcan a Anna Korwin-Piotrowska, la jueza que ha asumido la dirección del órgano.
Korwin-Piotrowska había ordenado, por su parte, que los magistrados trabajaran fuera de la sede y dispensado a los empleados de acudir salvo requerimiento expreso. También suspendió el registro presencial, alegando riesgos para la seguridad de jueces y trabajadores. Dos autoridades enfrentadas reclaman así el control de una institución cuya función es resolver los conflictos constitucionales del país.
El detonante llegó el viernes, cuando se anunció la suspensión temporal de Wiczkowski y de su vicepresidente, Bartomiej Sochaski. Korwin-Piotrowska les atribuye, entre otras irregularidades, impedir que magistrados elegidos por el Parlamento ejerzan su cargo y obstaculizar el funcionamiento del pleno. Los afectados rechazan la medida y tampoco reconocen como magistrada del Constitucional a la jueza que la adoptó.
La fractura quedó expuesta incluso en los canales de comunicación del tribunal. Mientras su página web anunciaba el relevo, su cuenta en las redes sociales denunciaba una apropiación ilegal del sitio y acusaba a los responsables de cometer un golpe de Estado. En el exterior, las protestas desembocaron en empujones, lanzamientos de objetos y detenciones.
La llegada nocturna de Nawrocki añadió otro episodio de confrontación. El juez Maciej Berek acusó al presidente de abrirse paso empujando a Korwin-Piotrowska. El entorno presidencial sostuvo, por el contrario, que fueron los magistrados quienes intentaron impedir el acceso del jefe del Estado.
El conflicto se arrastra desde las reformas judiciales del PiS durante sus gobiernos entre 2015 y 2023, que enfrentaron a Varsovia con la Unión Europea por la independencia de los tribunales. Tusk regresó al poder con la promesa de revertirlas, pero los nombramientos de aquella etapa y la oposición presidencial han dificultado esa tarea. Nawrocki se ha negado a tomar juramento a parte de los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria y wiczkowski ha impedido su incorporación al Constitucional.
El pleno anunciado para el 3 de noviembre será la próxima prueba: los dos bandos siguen sin reconocer una misma autoridad para convocarlo ni a los mismos magistrados para adoptar sus decisiones.
Internacional // elmundo
