El alto cargo detenido por haber cobrado cinco millones de Forestalia acaparaba y facilitaba los permisos ambientales cuando se impulsó un megaparque junto al Patrimonio Mundial. Ahora un juez decide si se paraliza el proyecto cautelarmente Leer El alto cargo detenido por haber cobrado cinco millones de Forestalia acaparaba y facilitaba los permisos ambientales cuando se impulsó un megaparque junto al Patrimonio Mundial. Ahora un juez decide si se paraliza el proyecto cautelarmente Leer España // elmundo
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Ni el Ayuntamiento ni los vecinos de Aranjuez, patrimonio mundial de Unesco desde 2001, dieron crédito cuando el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera dio su ok, en marzo de 2023, al megaparque de placas solares que la multinacional Smart Energy planeaba construir junto a la población, de 62.000 habitantes y un hermoso conjunto de jardines franceses y palacios neoclásicos.
A un lado, en ese debate, se situaba el bello Real Sitio erigido en tiempos de Carlos III, un ejemplo de armonía urbanística protegida, Conjunto Histórico-Artístico desde 1983. Al otro, el gigantesco parque fotovoltaico Envatios Fase II, que completaría un archipiélago de casi un millón de paneles solares en esa zona de la Comunidad de Madrid, con línea de evacuación hacia el norte de la capital, para dar luz a centenares de miles de hogares.
El problema era que el mar de paneles no sólo iba a inundar todo el entorno alrededor del caso histórico de la ciudad, y a obligar a la tala de 11.000 olivos, algunos de ellos centenarios, y a afectar a un entorno natural con un ejemplar muy particular de avutarda, e incluso a sobrecalentar ese espacio. El tema es que la propia línea de evacuación -los conductos que iban a conducir toda la energía desde esta zona rural hasta la capital, para entendernos- iba a pasar al lado de un colegio, que tendría a 25 metros el parque fotovoltaico.
Parecía imposible, por todo eso, que el parque saliera adelante, pero llamativamente la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio entonces dirigido por Teresa Ribera levantó el pulgar, provocando primero una rara unanimidad en los grupos municipales -que corrieron a firmar una moción para oponerse-, y después dos procedimientos contenciosos: uno interpuesto por el propio Consistorio, y otro por la asociación de vecinos del barrio de La Montaña, el más cercano el torrente de placas solares en expectativa de aterrizaje.
El tema parecía poco más que el clásico conflicto vecinal -patrimonio mundial de por medio, eso sí- cuando en noviembre pasado EL MUNDO comenzó a publicar que decenas de funcionarios de esa misma subdirección denunciaban que el propio titular, Eugenio Domínguez, había dedicado sus últimos tiempos en el Ministerio, entre 2022 y 2024, a acaparar y a resolver positivamente expedientes de permisos ambientales de forma insólita: tramitó y aprobó él solo más proyectos que la cincuentena de funcionarios bajo su manto.
La Guardia Civil actuó muy rápido desde aquellas publicaciones. Tomó declaración a una veintena de funcionarios, que señalaron a Domínguez, y en el marco de una investigación sobre los permisos del alto funcionario a Forestalia, el gigante aragonés de las energías renovables, descubrió que el dueño de la firma, Fernando Samper, habría sobornado con cinco millones a Domínguez a cambio de permisos ambientales a todos sus parques.
La ejecutoria completa de Domínguez quedó en cuestión gracias a la precisa intervención de la rama de Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa (UCOMA) -en otra instrucción de la que ha informado EL MUNDO, él y su superiora, Marta Gómez Palenque, están imputados por otro permiso prevaricador según Fiscalía, en Alcántara (Cáceres)-, y prácticamente en paralelo a esa investigación Unesco rechazaba el proyecto de Aranjuez, aprobado justo en los meses en que el alto funcionario acaparó los expedientes: justo en la primavera de 2023. A mediados de ese mismo año, obligado a jubilarse, Domínguez fue insólitamente contratado directamente por la Secretaría de Estado, a dedo, con contrato político nivel funcionarial 30, para seguir dando salida a expedientes.
Unesco, en informe fechado el 28 de noviembre pasado al que ha tenido acceso este diario, sostiene que el megaparque proyectado resulta «geométrica y visualmente incompatible con el trazado y el parcelario históricos». Y sigue: «Su carácter industrial pone en riesgo la significación y la integridad del paisaje histórico, lo que conlleva un impacto negativo elevado sobre la zona de amortiguamiento [en torno al bien protegido, patrimonio mundial], generando un efecto de saturación paisajística».
El juez, ahora, deberá decidir si, como le piden Ayuntamiento y vecinos, suspende cautelarmente la construcción del parque. Este diario se ha puesto en contacto con la multinacional Smart Energy sin obtener respuesta.
