Armonizar y aplicar los estándares de las economías avanzados al comercio global contradice su esencia y lastra al resto de países. Leer Armonizar y aplicar los estándares de las economías avanzados al comercio global contradice su esencia y lastra al resto de países. Leer
En el debate político y económico contemporáneo, pocos eslóganes gozan de tanta aceptación transversal como la necesidad de establecer un «campo de juego nivelado». A primera vista, este argumento parece una apelación elemental a la justicia y a la ética: no resulta admisible que los productores nacionales compitan con los extranjeros si estos no están sujetos a las mismas cargas impositivas, normativas laborales, estándares ambientales etcétera. Sin embargo, esa aparente pátina de equidad esconde una de las falacias más disruptivas de la economía: exigir la igualdad de condiciones como requisito previo para el libre comercio no es una defensa de la competencia justa, sino la anulación de la razón de ser de aquél
El origen de este error analítico reside en la incomprensión de la teoría ricardiana de la ventaja comparativa. La base del comercio internacional no es la similitud, sino la heterogeneidad. Si dos regiones poseyeran estructuras de costes idénticas, dotaciones de factores simétricas y marcos institucionales uniformes, el incentivo para comerciar simplemente desaparecería. El bienestar global se maximiza cuando cada nación se especializa en la producción de bienes donde posee un menor costo de oportunidad relativo. En este sentido, si un país en vías de desarrollo presenta, por ejemplo, regulaciones ambientales o laborales menos exigentes que uno desarrollado, ello constituye su circunstancia productiva específica. Por tanto, los intentos de corregirla/s es tan absurdo como pretender gravar la producción agrícola de un país con mayor exposición solar para proteger a los productores de climas fríos.
Esas diferencias no son distorsiones del mercado, sino la fuente misma de las ganancias de eficiencia derivadas del intercambio. Bajo esta premisa, es necesario debelar otra falacia clásica, la del llamado «dumping social», conforme al cual los países con salarios bajos competirían de manera desleal con aquellos con remuneraciones salariales mucho más elevadas. Este argumento ignora un axioma básico: el salario real de los trabajadores está ligado a su productividad marginal. Por eso, los de las economías avanzadas perciben remuneraciones superiores; operan en entornos con alta densidad de capital y de tecnología. En las economías emergentes las bajas remuneraciones son una de las vías disponibles para participar en el mercado global. Imponerles los mismos estándares de las economías maduras no es un acto de solidaridad, sino una barrera de entrada que las expulsa del sistema comercial, las condena al subdesarrollo y priva al consumidor local de las economías avanzadas acceder a bienes importados más asequibles que los locales.
Asimismo, la retórica de la armonización normativa revela un marcado sesgo a favor de los productores. Contempla la política comercial exclusivamente desde el interés de aquellos, relegando a un segundo plano el bienestar del consumidor, objetivo último de la actividad económica. Cuando un competidor extranjero ofrece bienes a un precio inferior, se produce una transferencia neta de riqueza hacia el país importador que incrementa la renta real de sus ciudadanos. Ante ese hecho, el proteccionismo disfrazado de nivelación regulatoria actúa como un impuesto regresivo que grava a la mayoría, los consumidores, para sostener estructuras productivas ineficientes en beneficio de una minoría.
Por otra parte, la pretensión de igualar las condiciones de producción se enfrenta, además, a un problema de regresión al infinito: la competitividad es el resultado de una amalgama de factores que van desde el coste de la energía hasta la orografía del terreno. Si solo deben nivelarse las «normas creadas por el hombre», se incurre en un imperialismo institucional que asume que el marco regulatorio del bloque de países que lo tiene más oneroso, los ricos, es o ha de ser el único estándar válido a escala global. Esto supone negar la soberanía de otras naciones para elegir su propio equilibrio socio-económico invocando unas condiciones, las de la competencia pura perfecta, que nunca se dan en la realidad.
Como sugirió el gran economista y Premio Nobel de la ciencia lúgubre, George J. Stigler, la eficiencia de un mercado no requiere una simetría absoluta entre los actores, sino la ausencia de barreras artificiales a la entrada y una movilidad de capital que permita castigar la ineficiencia. La competencia es un proceso de descubrimiento, no una condición estática de igualdad de costos. La idea de que el comercio debe asentarse sobre un suelo nivelado confunde la equidad en las reglas del intercambio —la protección contra el fraude y el respeto a la propiedad— con la uniformidad en los costos de producción. Mientras que lo primero es una precondición para el mercado, lo segundo es una contradicción de su esencia.
En conclusión, la exigencia de armonizar antes para comerciar después no tiene nada que ver con la justicia y la equidad. Es una patología del intervencionismo que amalgama los prejuicios de la izquierda colectivista y de la derecha nacionalista en un frente común contra la racionalidad económica. Mientras la primera instrumentaliza los estándares sociales y medioambientales como una barrera no arancelaria para mantener incólume un sistema ineficiente, la segunda secuestra el concepto de soberanía para erigir un proteccionismo mercantilista que penaliza al consumidor en favor de grupos de presión corporativistas.
*Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket.
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