Propone declarar a Netanyahu persona ‘non grata’ y retirar a la embajadora española Leer Propone declarar a Netanyahu persona ‘non grata’ y retirar a la embajadora española Leer España // elmundo
Los cinco ministros de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, presionan internamente a Pedro Sánchez y el PSOE para que el Gobierno endurezca sus posiciones con Israel y establezca de inmediato sanciones y medidas como represalia por el «genocidio» en Palestina, empezando por la retirada de la embajadora en Tel Aviv y con acciones personales contra Benjamin Netanyahu como declararle persona non grata.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, junto a los ministros de Cultura, Ernest Urtasun; la de Sanidad, Mónica García; el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, han trasladado al socio mayoritario del Gobierno un paquete de cinco sanciones «concretas e inmediatas» a Israel que tienen por objetivo ejercer fuerza diplomática para «contribuir al cese de la violación continuada del derecho internacional».
«La mayoría de estas medidas dependen exclusivamente del Gobierno y, por tanto, pueden ser aplicadas de manera inmediata», destacan fuentes oficiales de Sumar, que piden dar estos pasos porque «sólo una reacción fuerte y decidida de la comunidad internacional puede poner fin a la barbarie que sufre el pueblo palestino».
La primera de estas cinco medidas trasladadas al PSOE es la retirada de la embajadora española en Tel Aviv. A esto se añade la petición que hace tiempo viene exigiendo Sumar como la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, sobre las que fuentes oficiales aseguran que se reiteran.
La segunda medida es sancionar al líder israelí, Benjamin Netanyahu, y los ministros Israel Katz, Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich. Sumar exige declarar a todos ellos como personas ‘non gratas’ e impedir la entrada de Netanyahu y los tres ministros mencionados «por su incitación al genocidio, la hambruna forzada y la limpieza étnica».
Otra de estas medidas es que el PSOE favorezca la aprobación de manera «inmediata» de la ley de embargo de armas en el Congreso, que presentó Sumar con otros grupos políticos. La iniciativa superó el primer examen en la Cámara y fue admitida a trámite hace unos cuantos meses pero desde entonces aguarda que se le dé un impulso. Sumar exige ahora a los socialistas que se acelere «al máximo» este proceso para aprobarse cuanto antes o, en su defecto, que el Gobierno opte por una vía más rápida aún como impulsar un real decreto ley con el contenido de esta norma.
Esta ley modifica la Ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico. La novedad que aporta es que el embargo de armas deja de ser una medida política que un Gobierno puede tomar o no y la hace obligatorio e inmediato cuando se da esta condición: que se inicie un procedimiento, admitido a trámite, contra un Estado ante un tribunal internacional (jurisdicción ratificada por España) por la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los convenios de Ginebra, ataques contra bienes civiles o civiles protegidos, u otros crímenes de guerra tipificados en acuerdos internacionales.
Este embargo de armas que tiene que decretarse sí o sí, y encaja con la situación que atraviesa ahora Israel, se mantiene hasta que haya una resolución condenatoria o que declare que se han dejado de producir. Asimismo, la ley obliga a España a realizar una inspección y una vigilancia activa de puertos marítimos y aeropuertos de cargamentos que estén destinados o procedan de un Estado afectado por el embargo.
En este sentido, hay dos medidas que tienen mucho que ver con esto. Que España suscriba la Declaración del Grupo de La Haya y que adquiera el compromiso formal de aplicar plenamente sus medidas. Este grupo se presenta como «un bloque de Estados comprometidos con medidas legales y diplomáticas coordinadas en defensa del derecho internacional y en solidaridad con el pueblo palestino». Uno de sus puntos centrales es impedir el suministro de armas y municiones a Israel.
La otra es «impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino a Israel» y la garantía de que no se firman contratos con empresas israelíes. Fuentes de Sumar explican que solicitan «la exclusión de empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza y las violaciones del Derecho Internacional en los TPO del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), que da acceso a la contratación pública, así como del Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior, que es esencial para poder solicitar la autorización para las operaciones de exportación y expedición, importación e introducción, así como para corretaje o intermediación, entre otras figuras jurídicas incluyendo el tránsito, vinculadas al comercio de material de defensa y doble uso, conforme a la Ley 53/2007 y el RD 679/2014″.
Dentro de esto, se pone énfasis en reforzar «los mecanismos de inspección de buques y aeronaves para impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles como lugares de tránsito de armamento con origen o destino a Israel».
