El ex ministro y su ‘número dos’ criticaron que «se quisieron quitar de en medio» en el rescate Leer El ex ministro y su ‘número dos’ criticaron que «se quisieron quitar de en medio» en el rescate Leer España // elmundo
El rescate de la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra generó recelos y división en el equipo económico del Gobierno. Por un lado estaban los ministerios de Economía, liderado entonces por Nadia Calviño, y Hacienda, al frente del que estaba María Jesús Montero. De este último dependía directamente la ayuda, canalizada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Y por otro lado estaba el Ministerio de Transportes, que es el que tiene las competencias de regulación, ordenación y control de las aerolíneas… pero que no veía clara la operación.
Antes al contrario, Transportes quería revertirla, y veía a la Sepi «fuera de control». Y no sólo eso: el secretario de Estado Pedro Saura, número dos de José Luis Ábalos, temía que Hacienda y Economía culparan a Transportes de la autorización de la operación, por la que se desembolsaron 53 millones de euros de dinero público. Esas reticencias de los responsables del ministerio de Transporte se prolongaron incluso después de su cese, según las conversaciones de WhatsApp a las que Ha accedido EL MUNDO.
En el mes de marzo, Ábalos se desmarcó del rescate, en julio fue cesado y en agosto, cuando se liberó el préstamo a Plus Ultra, Saura volvió a insistir en que los responsables eran Economía y, sobre todo, Hacienda, a pesar de que ambos ministerios echaban «balones fuera».
El 10 de agosto de 2021, un mes después de la caída en desgracia de Ábalos y menos de dos semanas después del adiós de Saura, la Sepi desembolsó 34 millones de euros comprometidos en su plan de rescate, una vez que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid autorizó, un día antes, la entrega del dinero en forma de préstamo participativo.
Ese día, a las 21:05 horas, Pedro Saura le escribió a Ábalos: «En el tema Plus Ultra, quienes lanzaron balones fuera fueron Economía y Hacienda, y se quisieron quitar de en medio, pero son lo imputados».
Para el ya ex secretario de Estado de Transportes, que fue nombrado entonces presidente de Paradores, los concernidos eran María Jesús Montero -que actualmente es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo- y el ministerio de Calviño y Carlos Cuerpo (que ahí era alto cargo de Economía y ahora es vicepresidente primero).
Una hora antes, Ábalos le mandó a Saura un documento de seis páginas y ambos se cruzaron pantallazos sobre el caso. Es entonces cuando Saura se queja una vez más ante su ex jefe de cómo los verdaderos «imputados» por las dudas sobre la operación para salvar a Plus Ultra escurrían el bulto y apuntaban hacia el departamento del ministro defenestrado.
Hay que recordar que, el 17 de marzo de 2021, sólo siete días antes de la primera advertencia de Saura, María Jesús Montero había defendido el rescate de Plus Ultra en el Congreso así: «Es una empresa española y está dentro del paquete de solo 20 compañías que tienen licencia de tipo A, en un sector, el del turismo y la movilidad, que aporta al PIB español el 12,4% del PIB y el 13,7% de la afiliación». Es «una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa», dijo, y porque «tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros» y «350 empleados directos» y genera más de 1.000 «indirectos». «Déjense de fantasmas, porque los fantasmas no existen», aseguró a la bancada del PP.
Cinco años después, este rescate está cada vez más bajo sospecha. En los últimos meses, tanto Ábalos como el empresario Víctor de Aldama han acusado directamente al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de haber intervenido para que el Gobierno salvara a Plus Ultra. El primero arguye que se lo llegó a confesar en una ocasión Saura y el segundo, que presenció una reunión en el Ministerio de Transportes en la que Zapatero habría exigido a Ábalos su apoyo para esta empresa. El ex jefe del Ejecutivo español niega rotundamente las afirmaciones de ambos y ha asegurado en el Senado que nunca intervino ante ninguna autoridad en referencia a este asunto. El propio Saura también rechaza que le revelera a Ábalos la intervención de Zapatero.
La Justicia, sin embargo, ha vuelto a poner el foco en esta operación. En diciembre, la Fiscalía Anticorrupción ordenó el arresto del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y de su principal ejecutivo, Roberto Roselli. A ambos les acusa de utilizar el dinero del rescate para sufragar unos préstamos a un polémico financiero neerlandés, Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza por lavar fondos de actividades delictivas en Venezuela.
En el marco de estas pesquisas, que en estos momentos dirige en secreto la Audiencia Nacional, también fue arrestado el empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de Plus Ultra y amigo personal de Zapatero. Tal y como desveló este diario, Martínez cobró de la compañía más de 600.000 euros y transfirió 463.000 al ex líder socialista en concepto de supuestas «asesorías globales».
En el seno del Ejecutivo, todo comenzó a enrarecerse el 24 de marzo de 2021. Ese día, varios medios, entre ellos EL MUNDO, publicaron el contenido del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente de Transportes, sobre el rescate a la compañía aérea.
La filtración de este documento, que formó parte del expediente para que el consejo gestor de la Sepi aprobara la inyección de fondos públicos, desató la inmediata indignación de Ábalos y Saura al advertir que se intentaba desde el propio Gobierno trasladarles la responsabilidad de la operación.
Hay que recordar que el ministro había negado públicamente días antes que hubiera intervenido en el controvertido rescate. «La verdad es que el Ministerio no ha tenido nada que ver, por lo tanto no puedo dar muchas explicaciones». «Plus Ultra, creo que se llama», llegó a decir, para dar a entender que él no estaba participando en ningún caso en la operación y que su grado de desconocimiento alcanzaba incluso al nombre de la propia empresa.
Ese mismo 24 de marzo, como publicó este diario ayer, Saura fue muy claro: «No sé cómo lo ves, mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra». A lo que añadió a renglón seguido: «Y, dos, que la Sepi está fuera de control«.
Ábalos, que también recelaba del rescate, le replicó a Saura que no estaba dispuesto a hacer saltar por los aires la operación porque automáticamente iba a provocar un enfrentamiento con María Jesús Montero, al frente entonces del ministerio que había articulado la ayuda. «Eso es indisponerme con Hacienda», zanjó Ábalos, consciente del choque que abriría con la entonces todopoderosa ministra.
Ambos conversaron por WhatsApp a lo largo del día sobre este asunto y la posición que debían adoptar sobre el rescate y sus comunicaciones concluyeron trasladando toda la responsabilidad a Montero en este polémico episodio.
A su vez, auguraron que, como finalmente ocurrió, el caso acabaría en los tribunales. «La Sepi dice que fue fundamental un informe de seguridad aérea para un fondo de rescate empresarial que tiene como objetivo salvar a empresas estratégicas y que hay que evaluar si pueden devolver la ayuda», expuso Saura. «Apaga y vámonos», añadió, «si este es el argumento ante un juzgado lo tienen mal». En este misma línea, ambos volvieron a dar un tinte judicial a la participación de los ministerios de Economía y Hacienda calificándolos de «imputados» aunque no hubiera todavía abierta una causa judicial contra sus responsables.
Para Ábalos y Saura, la opinión de Transportes resultaba accesoria a la hora de aprobar el rescate. De hecho, fuentes de Transportes declararon ese mismo día a este periódico que «Aesa hace informes de forma habitual de las aerolíneas porque está dentro de sus competencias de inspección y supervisión. Analiza las cuentas desde el punto de la seguridad aérea, no desde el punto de vista estratégico». «Nosotros tratamos de la situación de conectividad y de la movilidad, pero no de la situación de las empresas», aclaró Ábalos.
Sin embargo, otras fuentes gubernamentales de la época aseguraron que el único Ministerio que aportó informes favorables al rescate de Plus Ultra fue el de Transportes y no sólo con el de Aesa, sino el de la Dirección General de Transportes, como publicó este diario. Sin ellos, no se habría aprobado la ayuda, porque evaluaban la importancia de la aerolínea para España y su solvencia para volar.
