El objetivo es impulsar un nuevo mecanismo que evitaría ventajas a la oposición progresista si decide presentarse como una coalición Leer El objetivo es impulsar un nuevo mecanismo que evitaría ventajas a la oposición progresista si decide presentarse como una coalición Leer
Estabilidad o representatividad. Este es el dilema clásico en Italia, un país que en sus 80 años como república ha tenido más de 70 equipos de Gobierno. Giorgia Meloni, la actual primera ministra, promueve ahora una nueva Ley Electoral que, se aprobarse, sería la quinta reforma de las últimas tres décadas.
El objetivo de este proyecto es impulsar, a través de un premio de gobernabilidad, un nuevo mecanismo electoral que permitiría a Meloni gobernar cómodamente tras ganar las elecciones previstas para el año que viene y evitar así que la oposición progresista logre ventajas si se unen en coalición distintos partidos.
La política italiana se basa en sistemas proporcionales. Lo cual, históricamente, ha favorecido la multiplicidad de partidos en las ocho décadas de la República Italiana, pero también ha obligado a los distintos Ejecutivos a desarrollar el arte de llevar a cabo pactos de coalición para mantener de la forma más estable posible a los inquilinos del Palacio Chigi.
La mayoría parlamentaria de Meloni ha presentado en las últimas horas, tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados, esta nueva propuesta de Ley Electoral que apunta principalmente a la estabilización de su actual coalición de cara a la próxima legislatura.
La Ley Electoral vigente -conocida como Rosatellum– se aplica desde el año 2017 y prevé un complejo método que mezcla una amplia repartición de escaños con un sistema proporcionaly la parte restante con un sistema mayoritario. Como en las últimas elecciones generales, las celebradas en 2022, la izquierda se presentó dividida, la ley Rosatellum favoreció que la ultraderecha de Meloni obtuviera la mayoría absoluta en ambas Cámaras del Parlamento italiano. De este modo, protegerían esta mayoría en los comicios del año que viene.
Para Meloni y los suyos la reforma en marcha es algo «fisiológico», tal como se puede leer en el texto presentado en ambas Cámaras, que apela a «un sistema capaz de expresar unas mayorías parlamentarias reconocibles y estables en el respeto del pluralismo político». Según los últimos sondeos publicados por YouTrend en Italia, la coalición ultraderechista de Meloni lograría el 46,6% de los votos mientras que el bloque progresista, de presentarse unido, podría aspirar al 41,8%.
En caso de que la oposición progresista esta vez se uniera en clave anti Meloni, con esta nueva norma la ultraderecha italiana se allanaría el camino para que Meloni continuara como inquilina en el Palacio Chigi durante otra legislatura.
Con el actual equilibrio parlamentario, cuando el año próximo concluya la actual legislatura, Meloni se convertirá previsiblemente en la primera presidenta del Consejo de Ministros de Italia en completar un mandato de cinco años sin haber cambiado nunca de Ejecutivo.
La nueva reforma electoral concederá, así pues, un premio de gobernabilidadpara la coalición que alcance el 40% de los votos, con un paquete de parlamentarios que sumarán 35 escaños en la Cámara Alta y otros 70 en la Cámara Baja. En caso de que ninguna coalición llegara al 40%, habría una segunda vuelta entre los dos bloques con mejores resultados, siempre y cuando hayan superado el 35%.
Y si tampoco llegara ninguna a ese umbral, el premio de gobernabilidad se repartirá, proporcionalmente, entre los partidos que hayan obtenido representación parlamentaria.
La nueva reforma electoral ha irritado a la oposición progresista, empezando por su líder, la jefa del socialista Partido Democrático (PD), Elly Schlein, quien ha hablado de «una fuerte distorsión de la representatividad». Pero más allá de cualquier controversia política, la nueva reforma plantea además problemas de constitucionalidad.
El Tribunal Constitucional italiano, hace una década, dictó en una sentencia en la que dictó que los premios de mayoría son válidos siempre y cuando la coalición ganadora no cuente con más del 55% de los escaños. La nueva propuesta de reforma electoral, sin embargo, llevaría los premios de gobernabilidad al 57,5%.
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