La denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se dirige contra María Inmaculada Iglesias Sánchez, a la que atribuye una instrucción «descabellada y desquiciada» Leer La denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se dirige contra María Inmaculada Iglesias Sánchez, a la que atribuye una instrucción «descabellada y desquiciada» Leer
Nacho Cano ha interpuesto una querella por prevaricación contra la juez que le mantuvo imputado por el caso de los becarios de su musical ‘Malinche’ desoyendo a la Inspección de Trabajo, que sostuvo que no existieron irregularidades. La denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se dirige contra María Inmaculada Iglesias Sánchez, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, a la que atribuye una instrucción «descabellada y desquiciada» que acabó siendo archivada por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de indicios.
La querella arguye que la magistrada abrió una investigación contra el músico «basada en premisas erróneas» derivadas de una investigación policial que le atribuía una trama para introducir en España trabajadores ilegales para su musical procedentes de México. Estas pesquisas llegaron a provocar la detención del ex miembro del grupo musical Mecano y la apertura de un procedimiento judicial en el que estuvo un año investigado. La defensa de Cano, dirigida por el Bufete Cremades & Calvo-Sotelo, sostiene que el origen de las pesquisas fue un atestado policial «plagado de irregularidades» que fue acompañado de «todo tipo de actuaciones con el único fin de proceder» al arresto del artista.
Los letrados de Cano denuncian ahora que la magistrada prolongó de manera injustificada «un procedimiento que debió ser archivado desde el inicio» a pesar de la existencia de que la Inspección de Trabajo informó que no se cometió ninguna ilegalidad. «El único problema es que no gustó o no convenía el resultado del informe, que determinaba que no existía ningún tipo de relación laboral encubierta y que los estudiantes realizaron prácticas de naturaleza no laboral ajustadas perfectamente a la normativa, sin que fuera preceptiva su alta en el Régimen General de Seguridad Social». A juicio del artista, la instructora «desoyó esas pruebas», que fueron ratificadas en sede judicial, «solicitó informes adicionales sin fundamento jurídico y mantuvo vivas una diligencias que carecían de base legal».
Añaden los abogados que el archivo acordado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de abril «dejó en evidencia que todo el caso se sustentaba en una denuncia falsa de una ex becaria que previamente había intentado someter a chantaje al artista», tal y como probaban los mensajes que desveló este diario, mediante los que le exigió una cantidad económica que debía ser ingresada en una cuenta en México y le impuso un ultimátum para realizar el pago.
«Igualmente quedó acreditado que la actuación de un grupo de policías de la Comisaría de Leganitos tuvo como objeto la fabricación de un caso con motivaciones políticas que incluyó abusos contra becarios mexicanos que se encontraban en situación perfectamente legal en España«, prosigue la denuncia.
Cano explica que con esta querella busca evitar que cualquier otro ciudadano pueda llegar a verse en una situación similar al ser sometido «a la arbitrariedad de una juez designada de manera opaca» que dirigió una causa que le ocasionó «un daño económico, personal y reputacional irreparable». «Busco que se depuren responsabilidades y se proteja a todos los ciudadanos frente a actuaciones judiciales y policiales arbitrarias e injustas».
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